¿Qué pasa con la economía en Argentina?

Argentina logró pasar cerca de 15 años de relativa calma económica, antes de volver a la mira de los inversionistas e incluso obligarse a pedirle un “salvavidas” al Fondo Monetario Internacional (FMI), con una proyección de crecimiento del PIB de 0% para este año e inferior a 1% en 2019.

La razón es una mezcla de varias situaciones que finalmente parecen haberse reunido y estar al borde de la explosión en las manos del gobierno de Mauricio Macri, quien se enfrentará a la posibilidad de ser reelegido o perder el poder frente a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, hasta ahora su rival más fuerte según las encuestas.

Macri recibió una economía con un déficit fiscal reducido pero con atrasos en competitividad y una tasa de cambio que jamás se devaluó como debía pues estuvo tan controlada después de la crisis de 2001 que incluso terminó con un control aplicado por el gobierno de Cristina Fernández, conocido como “cepo”.

Además, la inflación de Argentina es una de las pocas en el mundo que sigue siendo de dos dígitos, superior al 10% pese al control de algunos precios y los subsidios a los servicios públicos que mantenía el gobierno anterior y que se convirtieron también en una de las amenazas a las finanzas públicas.

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Lucas Romero, politólogo argentino, destacó que “el gobierno asumió el desafío de tener que corregir esas distorsiones con escaso capital político porque Macri ganó la elección de 2015 con un tercio de los votos y después la segunda vuelta con apenas 2 puntos de diferencia. Después queda con un tercio de la cámara de diputados y un tercio de la cámara de senadores, claramente un gobierno en minoría”.

Así que durante la primera parte de su gobierno, Macri renegoció la deuda pública externa con los llamados “fondos buitre” justo cuando el país se enfrentaba a la amenaza de impago a la que había llegado Cristina Fernández.

Las demás variables tuvo que ajustarlas lentamente y con financiación externa. Liberó la tasa de cambio en 2017 y como era de esperarse, el peso argentino inició una vertiginosa devaluación que tuvo un periodo de mediana calma hasta los últimos meses, cuando nuevamente inició la caída.

El Banco Central, que tiene gobernanza fiscal, respondió con rápidos incrementos de tasas de interés hasta llevarlas al 40% para tratar de detener la devaluación.

Para ajustar el gasto público, el presidente Macri empezó a eliminar los subsidios a los servicios públicos y trasladó la parte del pago que le correspondía al Gobierno hacia la tarifa, lo que afectó el bolsillo de los argentinos y elevó la inflación, atacando el objetivo de llevar dicho indicador a niveles cercanos a los demás países del mundo, o por lo menos a un solo dígito.

Y a toda la situación se le sumó el incremento de las tasas de interés en la Reserva Federal de los Estados Unidos, reduciendo el diferencial para los inversionistas que fueron perdiendo el interés en invertir en el país austral y un verano que redujo considerablemente la cosecha de soya y sus exportaciones.

Y lo terminaron de perder cuando la fraccionada oposición a Macri logró unirse para aprobar una ley que le devolvió los subsidios a los servicios públicos. La confianza se terminó de romper pues un gobierno con tan poca gobernabilidad difícilmente podrá lograr implementar los cambios estructurales necesarios para recuperar la macroeconomía de su país.

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Por esta razón  Argentina se vio obligada a pedirle al Fondo Monetario Internacional (FMI) un paquete de ayudas por US$50.000 millones y ahora negocia unos desembolsos más pronto de lo que se había estipulado, de modo que el país obtenga los recursos necesarios para llevar a buen término el presupuesto de 2019, con la promesa de cerrar por completo el déficit fiscal que cerró 2017 en más de 5%.

Como gesto público y ejemplo de austeridad para todos los hogares argentinos, el presidente Macri anunció la reducción de los 22 Ministerios que tenía el país, una acción que también era parte de las peticiones del FMI y que busca también la unificación del proceso para la toma de decisiones económicas que antes estaban dispersas entre el Ministerio de la Economía, el Ministerio de la Producción, el Ministerio del Trabajo y el de la Energía, cuatro entidades que hace décadas estaban reunidas en el Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos.

En las próximas semanas Macri tendrá una nueva prueba en el Congreso: la aprobación del Presupuesto General para 2019, que incluye un ajuste fiscal de 2 puntos porcentuales del PIB. El ahorro saldría del recaudo del nuevo impuesto a las exportaciones -de 4 pesos por cada dólar exportado-, otros impuestos y una reducción del gasto de 500.000 millones de pesos argentinos, de los cuales el Gobierno Central se ahorrará 400.000 millones y las provincias tendrán que ahorrar los restantes 100.000 millones.

El gobierno, dada su minoría en el Congreso, tendrá que buscar los votos del ala peronista de la oposición que si bien no le apoyan, tiene una mala relación con la línea de Cristina Fernández quien según las encuestas sería por ahora la ganadora de las elecciones presidenciales.

Para Romero, la pregunta que permite analizar toda la situación argentina es qué tan sencillo será cumplir las peticiones del FMI, pues de allí depende también la confianza del mercado sobre la posibilidad de lograr el financiamiento completo para 2019.

El politólogo agrega que si la línea peronista no apoya con el Presupuesto General del próximo año a Macri, el gobierno no llegará a diciembre de 2019 en condiciones “normales” e incluso podrían adelantarse las elecciones para elegir al nuevo mandatario de Argentina.

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