Cautela económica y firmeza ante corrupción marcan el primer año de Rousseff

La primera mujer elegida para presidir la gran potencia emergente suramericana comenzó su Gobierno con el año, el 1 de enero de 2011, y con el desafío de suceder a su carismático padrino político, Luiz Inácio Lula da Silva, quien dejó la presidencia con cerca del 90 % de respaldo tras ocho años en el poder.

Discreta, de carácter duro y poca facilidad para sonreír, reacia a los flashes de las cámaras que seducían a su antecesor y sin su carisma y "muñeca" política, poco a poco Rousseff impuso un estilo propio y diferente de gobernar que, según encuestas que le atribuyen un 70 % de apoyo, es aprobado por los brasileños.

Una de las pruebas de fuego en su primer año de mandato era poder mantener a la pujante economía del país en la línea que la dejó Lula y Rousseff puede decir que lo ha logrado.

La economía brasileña deberá cerrar 2011 con un crecimiento cercano al 3 %, una inflación alta pero controlada en torno al 6,5 % y, más allá de cifras, con la confianza de inversores nacionales y extranjeros que coinciden en ver a Brasil como el "país del futuro" pero también como "país del presente".

Para los analistas, aunque los riesgos están a la vuelta de la esquina, esos resultados no representan poco en tiempos de crisis.

También ha mantenido y hasta profundizado el fuerte acento social que Lula le imprimió a su Gobierno y durante este año ha anunciado planes de vasto alcance para auxiliar a 17 millones de brasileños que aún viven bajo la línea de pobreza, con ingresos menores a 70 reales (unos 40 dólares) mensuales.

La sensibilidad que se esconde bajo su rostro habitualmente serio surgió con fuerza en enero pasado, cuando doce días después de haber asumido el cargo la región serrana de Río de Janeiro fue arrasada por temporales que causaron casi 1.000 muertos, en el mayor desastre natural de la historia brasileña.

Visitó de inmediato la zona, se saltó a la torera densos trámites burocráticos para liberar ayuda financiera rapidamente y por vez primera se la vio llorando, cuando consolaba a damnificados en medio de calles cubiertas de lodo.

En el plano de las relaciones exteriores ha sido más discreta que su antecesor, ha ratificado como prioridades a Suramérica y África, las regiones que más ha visitado en sus primeros meses, y ha dado algún paso en dirección de Estados Unidos, que había sido relegado por Lula en sus últimos tiempos.

También ha acentuado los lazos con los países emergentes, sobre todo con China, Rusia, India y Suráfrica, con los que Brasil integra el grupo BRICS, que al calor de la crisis internacional ha adquirido más protagonismo en los foros globales.

Europa no parece estar por ahora en la lista de sus principales intereses, pero se ha dispuesto a ayudar al bloque comunitario a través del Fondo Monetario Internacional (FMI), que por medio de su directora gerente, Christine Lagarde, ha reconocido que Brasil y otros emergentes merecen nuevos y más amplios espacios en el mundo.

Si en todos esos terrenos ha optado por una suave continuidad en relación a Lula, Rousseff ha dejado su propia impronta durante 2011 en lo relativo a la corrupción, un mal expandido en Brasil y contra el que la jefa de Estado ha probado que no tiene la menor paciencia.

El primer escándalo le estalló en junio, con sólo cinco meses, por denuncias de enriquecimiento ilícito que afectaron al ministro de la Presidencia, Antonio Palocci, quien era entonces su "mano derecha", a quien le pidió la renuncia pasados unos días.

Luego cayeron los titulares de Transportes, Alfredo Nascimento; Agricultura, Wagner Rossi; Turismo, Pedro Novais; Deporte, Orlando Silva, y Trabajo, Carlos Lupi, todos por supuestas irregularidades ante las que Rousseff no tuvo la menor tolerancia.

La presidenta, sin embargo, optó por bajarle el tono al asunto y ha declarado más de una vez que la lucha contra la corrupción no es una meta de su Gobierno, sino "una constante" en la vida pública.

"La única meta es acabar con la pobreza", ha reiterado cada vez que fue consultada sobre su intolerancia ante los ilícitos.

EFE