Buscan que comunidad internacional apoye a Colombia

Los grupos de varios países de esa región y de Europa consideraron que las pruebas presentadas por el Gobierno colombiano en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el pasado jueves, ratifican lo que era "un secreto a voces".

"Estos hechos no pueden ser oídos sordos para la comunidad internacional", dijo Miguel Andrés Ferro, representante de la fundación "Un millón de voces contra las FARC" y "Un millón de voces contra ETA", en una conferencia de prensa en Miami.

Los representantes de algunas de las organizaciones de la campaña se refirieron a la ruptura de las relaciones de Venezuela con Colombia y manifestaron su apoyo al líder opositor venezolano Alejandro Peña Esclusa, arrestado en Caracas por presuntos vínculos con un salvadoreño acusado de terrorismo en Cuba.

Pero el político, presidente la Unión de Organizaciones Democráticas de América (UnoAmérica), dijo en un mensaje divulgado en Miami que está detenido porque desde 1995 viene denunciando "los nexos de (el presidente venezolano) Hugo Chávez con las FARC, lo que se ha comprobado una vez más en la sesión extraordinaria de la OEA".

Ferro, por su parte, afirmó que Chávez se convirtió en un "importador y exportador del terrorismo que teníamos hace unos años (los colombianos)".

"Es una tragedia muy lamentable para Venezuela que ahora reciba la ficha del terrorismo y del narcotráfico", agregó el activista que se sumó a la campaña hoy en la rueda de prensa, en la que participó vía telefónica.

Consideró que Chávez no tuvo argumentos para desvirtuar la denuncia de Colombia de la presencia de campamentos de las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (FARC) en Venezuela, donde el Ejecutivo colombiano afirma que hay unos 1.500 guerrilleros refugiados.

El Gobierno venezolano ha negado la existencia de guerrilleros colombianos en su país y asevera que cuando han violado su territorio, los militares lo han combatido y se han entregado algunos subversivos a Colombia.

"Espero a través de nuestras organizaciones no gubernamentales seguir con nuestra estrategia internacional para juzgar a Chávez. Si bien los organismos multilaterales son demasiados escuetos para este tipo de denuncias, la presión y la voz del pueblo valdrá muchísimo más", dijo el activista.

Para William Cárdenas Rubio, vicepresidente de la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid (PDVM), se ha sentado un precedente con la puesta sobre la mesa de lo que calificó hechos gravísimos.

"En ellos un Gobierno aparece colaborando, facilitando y dando cobijo y refugio a líderes de una organización terrorista que tiene en su haber numerosos crímenes de lesa humanidad. Creo que es un hecho que debe conmocionar a toda América", dijo el activista.

Esa situación activaría diferentes mecanismos tanto en organismos judiciales como políticos a nivel regional e internacional para que se ponga en "la mira" a quien ha mostrado una conducta de "absoluta complacencia y complicidad con estas organizaciones terroristas".

Jaime Restrepo Restrepo, director jurídico de UnoAmérica, reiteró su esperanza en que las "pruebas contundentes" que posee el Ejecutivo colombiano sean aportadas a la Corte Penal Internacional (CPI) para poder ser testigo "de los resultados jurídicos en contra de la dictadura del tirano Hugo Chávez Frías".

Helene Villalonga, presidente de la Asociación de Madres Venezolanas en el Exilio (Amavex), destacó que Chávez "no rompe con las FARC, a ellas les da apoyo".

"A Iván Márquez no lo detiene, detiene a Peña Esclusa, por orden de los cubanos Fidel y Raúl Castro. A las FARC no las ataca, ataca a los venezolanos a los que persigue y avasalla. A Rodrigo Granda (conocido como el "canciller" de esa guerrilla) lo protege, mientras los venezolanos ven como el país se desintegra", expresó la activista.

Las organizaciones lanzaron en 2008 la campaña "Juzgar a Chávez" en respaldo a una petición presentada ante la CPI para que investigue y juzgue al mandatario venezolano por supuestas violaciones a los derechos humanos.

EFE