Bolivia y las expropiaciones: un resultado mixto

Esta semana Bolivia enfrenta el enojo de España, luego de que el lunes el presidente Evo Morales anunciara la expropiación de la empresa que administra los tres aeropuertos más grandes del país: Servicios de Aeropuertos Bolivianos SA (Sabsa), filial de las españolas Abertis y Aena.

Se trata de la sexta compañía de capitales españoles que Bolivia expropia en menos de un año y el gobierno del país ibérico amenazó con "replantear el conjunto de las relaciones bilaterales" como consecuencia de lo que consideró un "acto inamistoso".

España es, de hecho, el país que más se ha visto afectado por la política de "nacionalización" que implementó el presidente Morales el primero de mayo de 2006, pocos meses después de asumir su primer gobierno.

Sin embargo no es el único. Desde que llegó al poder, el mandatario –primer gobernante de origen indígena de esa nación- ordenó la expropiación de empresas de Francia, Suiza, Italia, Alemania, Reino Unido y Canadá. También Brasil, Perú y México perdieron compañías a manos del Estado boliviano.

Las 20 empresas que han sido estatizadas hasta el momento pertenecen a rubros que el gobierno considera estratégicos, como hidrocarburos, telecomunicaciones, cemento, minería e hidroeléctrica.

"Bolivia necesita socios y no dueños", repite el jefe de Estado, para justificar su plan de expropiaciones. Según Morales, muchas empresas extranjeras obtienen enormes beneficios en el país pero invierten poco.

Es el caso de Sabsa, al que acusó de haber generado utilidades por más del 2000% de lo que pagó por la empresa, a pesar de lo cual en el período 2006-2011 habría ejecutado menos de US$6 millones de los casi US$27 millones que se habría comprometido a invertir, señalamiento que la empresa rechaza.

Pero, ¿cuál ha sido la consecuencia de todas estas expropiaciones?

Costos

Más allá de los efectos diplomáticos, desde el punto de vista económico la primera consecuencia de esta política de nacionalizaciones ha sido el costo que le ha significado al país.

Según un informe publicado en enero por la Fundación Milenio, un centro de análisis económico privado de Bolivia, el país deberá pagar más de US$1100 millones en indemnizaciones a las empresas afectadas.

De las 20 empresas estatizadas por el gobierno, siete ya fueron indemnizadas por la suma de US$615,7 millones, según reportó el diario Los Tiempos en febrero. Entre estas están la brasileña Petrobras (US$112 millones) y la italiana Entel (US$209 millones).

Se desconoce cuál es el monto exigido por la petrolera Andina, de capitales españoles, y por dos mineras que pertenecían a la empresa suiza Glencore.

Entretanto, nueve compañías esperan ser indemnizadas por la vía de tribunales arbitrales o negociaciones directas, entre ellas Aguas del Illimani, subsidiaria de la francesa Suez, Air BP, de la británica British Petroleum, la minera Mallku Kota, de la canadiense South American Silver (SAS) y dos de las empresas expropiadas en diciembre pasado a la española Iberdrola.

Según el analista económico Herbert Müller, el dinero que se invierte en pagarle a estas empresas le resta recursos al Estado que podría invertir en el sector social.

Sin embargo, la crítica más fuerte de Müller tiene que ver con el impacto a mediano plazo que tienen estas expropiaciones.

"Esta política desincentivó la inversión privada, que se redujo al 7% del Producto Interno Bruto (PIB)", dijo a BBC Mundo.

Más de la mitad de la inversión privada proviene del exterior y algunos analistas advierten que los últimos anuncios de Morales podrían acrecentar esta caída.

En ese sentido, el informe de la Fundación Milenio señala que "llama la atención que las últimas estatizaciones se realizaron en empresas de procedencia española", ya que "desde el año 2009 (España) representa en promedio cerca al 25 por ciento de la inversión extranjera directa de Bolivia".

Apoyo popular

No obstante, las medidas de Morales cuentan con gran apoyo popular. En 2009 el mandatario fue reelecto por un arrasador 62% de los votos.

Muchos celebran que los recursos de Bolivia vuelvan a estar en manos bolivianas y creen que el país tiene capacidad de administrar su propia riqueza.

"Se ha hecho justicia para Bolivia, porque durante muchos años hemos visto que esta empresa estaba engañando a los bolivianos, por lo tanto hemos visto que el presidente ha tomado una buena acción", opinó tras la expropiación de Sabsa el secretario general del sindicato de trabajadores de esa empresa, Alfredo Chávez.

Chávez aseguró que los operarios podrán seguir adelante con la compañía y garantizar su funcionamiento.
Pero no todos son tan optimistas. El analista económico Francisco Zaratti, quien a comienzos de febrero vaticinó en entrevista con el diario Los Tiempos que el gobierno nacionalizaría Sabsa, criticó los niveles de corrupción en las empresas estatizadas y cuestionó el plan de Morales.

"(El gobierno) no nacionaliza metódicamente ni coherentemente, sino en atención a momentos álgidos coyunturales de la política interna o para satisfacer pedidos de movimientos sociales", aseguró.

Por su parte, Müller advirtió que desde que el Estado se hizo cargo, se redujo significativamente la exploración de hidrocarburos en las empresas de gas y petróleo expropiadas, lo cual ha disminuido las reservas del país.