La COVID-19 y el incremento en las insolvencias empresariales

La llegada del coronavirus puso en riesgo miles de empresas colombianas. Desde el inicio de la pandemia y a pesar de las diferentes estrategias y medidas políticas de emergencia impuestas por los gobiernos para contenerla, las compañías se han visto afectadas durante los últimos seis meses, lo que ha llevado a padecer altos riesgos de insolvencia o quiebra. 

Lo anterior ha llevado a miles de empresarios a concluir que se aproxima una situación de incapacidad para sostener empleos, responder por las obligaciones financieras, impuestos y los gastos generales de operación de toda compañía. 

Por ello, gran cantidad de empresas han anunciado cierres definitivos, pues, en muchos casos, los alivios proporcionados por el Gobierno nacional no son suficientes para evitar una quiebra por falta de liquidez. 

Otras, por su parte, han decidido acogerse a la Ley de Insolvencia Empresarial para salvarse, amparándose bajo el Decreto 560 de 2020, una herramienta que permite la continuidad de una empresa en dificultades, la protege de demandas y embargos, congela todos sus créditos, incluso los impuestos y arrendamientos vencidos, para que, de esa forma, pueda seguir trabajando y sobrevivir a la crisis hasta recuperar su equilibrio financiero. 

Desde el inicio del confinamiento hasta hoy, la Superintendencia de Sociedades ha registrado un aumento significativo en las solicitudes para acogerse al proceso de Reorganización Empresarial; en este lapso se han presentado más de 400 solicitudes de insolvencia. Es por ello que se estima que sea el año con más procesos de reorganización aceptados por la entidad. 

Según el último informe económico elaborado por Euler Hermes, uno de los accionistas de Solunion, se prevé que la mayor parte de las insolvencias aún están por venir, en gran medida entre finales de 2020 y el primer semestre de 2021. Además, el índice de insolvencia global podría alcanzar un récord de incremento de +35% en 2021. 

Entre los clientes de Solunion Colombia, el número de siniestros relativos a Ley 1116 se ha incrementado un +25,7% entre enero y agosto de este año, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La compañía viene analizando la evolución de los procesos con 401 sociedades deudoras, las cuales tenían cobertura con seguro de crédito y fueron admitidas en reorganización al amparo de la Ley. 

El índice de recuperación de dichos procesos no supera el 2,66% y alrededor del 50% del valor impagado cubierto por Solunion, tiene a la fecha acuerdos incumplidos sin que aún hayan comenzado las liquidaciones, según explica Ana María Benjumea, jefa de Siniestros y Recobro de la compañía. 

Hacerle frente a la circunstancia en la que un cliente empieza a atrasarse en el pago de las facturas o que llega al punto de acogerse a la ley de insolvencia, equivale a estar ante un escenario de incertidumbre que genera un impacto inmediato en la liquidez de cualquier negocio.

Esta situación pone de relieve la importancia de contar con un seguro de crédito que, en casos como estos, se convierte en una útil herramienta que, no solo permite reducir el impacto negativo de la eventualidad, sino disponer de información oportuna para decidir sobre bases sólidas si es conveniente venderle a crédito a un cliente.

Como elemento clave para superar todos estos obstáculos, es oportuno para todos los tamaños de compañías el acompañamiento del seguro de crédito como herramienta de gestión del negocio. En momentos como el antes descrito es la mejor alternativa para hacer ventas más seguras.