Colombia repunta: A seguir buscando alternativas

El Plan Colombia Repunta, propuesto por el Gobierno Nacional a inicios de este año, concentra medidas transversales que buscan impactar positivamente a todos los sectores de la actividad económica, en diversas magnitudes, y medidas sectoriales con disposiciones particulares en algunos sectores de alto impacto, especialmente en aquellos que mantienen estrecha relación con el posconflicto y la generación de empleo. Sin embargo, esta nueva iniciativa surge de antecedentes cuyo objetivo otrora era avanzar en el crecimiento económico y social de la nación.

La propuesta inicial que planteó el Gobierno hace cuatro años, conocida como el Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (PIPE), se enfocó en sectores estratégicos como la industria, la agricultura y la construcción. En el año 2013, cuando se plasmó su primera versión, se contempló un costo total de inversión de aproximadamente cinco billones de pesos, en donde más de la mitad se invertiría en la construcción y la infraestructura. Por su parte, la eliminación de aranceles para la importación de materias primas y bienes de capital provenientes del exterior, tuvo un costo estimado de 1,2 billones; y el sector agropecuario se vio favorecido con 500 mil millones.

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Posteriormente, en el año 2015 se planteó la segunda versión del PIPE, gracias a las evidentes señales de desaceleración económica en el país. Para este caso, se buscaba brindar estímulos a sectores como el turismo y la minería, sumado a los sectores de su versión anterior. Adicionalmente, la cifra de recursos disponibles aumentó a 16,8 billones de pesos bajo una política de responsabilidad fiscal que mantendría las finanzas públicas en buen estado y alineadas con el propósito de este Plan. Sin embargo, su objetivo a 2018 era estimular el crecimiento de la economía para entonces en un 4,3% y llegar a niveles del 8% en la tasa de desempleo, aspectos que, no se ven viables de cumplir.

Para este segundo caso, el PIPE 2.0 se enfocaba en la infraestructura educativa, una mayor inversión a proyectos de hidrocarburos, y una extensión de las exenciones arancelarias y de los bienes de capital que planteaba su primera versión. De igual forma, pretendía agilizar los procesos a partir de la descentralización con base en regalías a las gobernaciones y alcaldías, y la puesta en marcha del estatuto aduanero para facilitar los trámites de comercio exterior.

Ahora, en 2017 se ha formulado el Plan Colombia Repunta (PIPE 3.0), una nueva estrategia que dará prioridad a obras civiles, programas sociales, la reactivación del campo y, por supuesto, el posconflicto, sin dejar de lado al sector de infraestructura. En este caso, se reformuló la iniciativa para que la economía logre crecer al 2,5% para 2017. Asimismo, propone estímulos para incentivar a los emprendores – eximir o rebajar la tasa del impuesto de renta – y para aumentar el consumo de productos nacionales en el sector industrial, iniciativas clave para reactivar nuestra economía.

Como es de esperarse, el sector infraestructura seguirá tomando el protagonismo con una inversión de 9,2 billones de pesos, representando un aumento de 3,4 billones frente al monto pasado. Lo primordial es apoyar el crecimiento del programa de autopistas de cuarta generación. Sin embargo, se planea presentar un proyecto de reforma institucional para que una parte de las regalías acumuladas puedan ser utilizadas en más de 11.300 kilómetros de vías terciarias, las cuales se estiman por un total aproximado de 10 billones en el Sistema General de Regalías (SGR). Todo ello también propulsado por la construcción de aulas escolares.

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Aunque sectores como la agricultura y la manufactura se han mantenido notoriamente rezagados, se espera que, con una fuerte inversión en la infraestructura vial, estos sectores puedan favorecerse y recuperarse, ya que se han mantenido con bajo crecimiento en los últimos meses. Clave para esto es el accionar de la Misión Rural y la acción/ejecución de la Política de Desarrollo Productivo (PDP) establecida vía Conpes.

El nuevo foco que aparece en esta iniciativa corresponde al posconflicto que, según cálculos de la Comisión de Paz del Congreso de la República, tendría un costo de 106 billones de pesos los próximos 10 años. Por ende, este nuevo Plan estima un monto de inversión de casi 16 billones, para el periodo 2017-2018, aspecto que beneficiaría también al sector agrícola al incentivar el empleo rural, mediante la inclusión productiva.

Aunque la dependencia del sector minero-energético ha generado un caos para la obtención de ingresos públicos, la inyección de recursos en sectores estratégicos y transversales, como el de infraestructura, debería estimular un crecimiento en todos los sectores de la economía y estimular su productividad. Las iniciativas están plasmadas, pero la magnitud de su impacto dependerá de la gestión de los recursos disponibles y la evolución de los actores.

El riesgo del Plan es que no se ven nuevos recursos; este podría, como bien menciona ANIF, implicar simplemente la aceleración de la ejecución de estos presupuestos, pues este tipo de programas no representan recursos adicionales, sino un ejercicio de procedencias presupuestales.

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