Trato diferencial a empresas pequeñas: soluciones en la turbulencia

Las decisiones que se toman en las (muy) altas Cortes y otros elegantes lugares que poco viven la realidad del país, sobre todo, las vicisitudes de sus pequeños empresarios, se lanzan con parafernalia jurídica sin comprender las estructuras de incentivos que crean. Toman grandes decisiones bajo magnánimos principios y al final alimentan la informalidad al crear barreras de entrada. No poder conectar un problema con otro en el análisis de las consecuencias de una decisión jurídica termina llevando al país a perder oportunidades de transformación productiva.

No es lo mismo imponerle a una empresa grande el pago de horas extras por tener empleados disponibles, que exigírselo a una pequeña empresa. No es lo mismo cobrarle la renovación del registro mercantil a microempresas como se cobra a las grandes, y más en tiempos de crisis. Sobre este último caso presenté un análisis de la absurda proporcionalidad de activos que usan las Cámaras de Comercio para cobrar las renovaciones. Otro ejemplo pequeño y simbólico es cobrar, luego de hacerse dicha renovación, por los certificados, subiendo anualmente los precios por reglas generales que desconocen la realidad, “porque el decreto así lo prevé”.

Esa situación se da con el 1074, pero al final es irrelevante el número del decreto o de cualquier decisión, sentencia, etc., si no se imaginan al menos la realidad y ponderan si es adecuado con la situación financiera de las organizaciones pequeñas. Hay cifras suficientes para corroborarlo. Acopi encontró que más del 82% de las pymes carecían de ahorros para enfrentar las necesidades ocasionadas por la pandemia. Sin embargo, hay unos lugares elevados del Estado en donde se envía un “comprendemos la situación, pero en lo práctico, no nos importa”.

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Sin duda, ha habido alivios, como el de la nómina, pero mi argumento es que deben diferenciarse, inclusive en los fallos de las Cortes, y en las decisiones del ejecutivo y el legislativo. Cada vez aparecen más ejemplos de las torres de marfil del derecho, que lanzan sus decisiones al aire, creyendo que afectan a todos por igual en sus consecuencias productivas, porque en su imaginación existen categorías como “la empresa”. Dado que tienen sus salarios garantizados, irónicamente gracias a “las empresas”, no se hace necesario entrar a observar el impacto de las decisiones sobre la realidad.

Afectar a las empresas pequeñas implica contribuir al caldo de cultivo de las tensiones sociales. Cuanto más desempleo haya y peor sea la calidad de vida, más triunfará el oportunismo de populistas que quieren ver hundirse al país, "arda lo que tenga que arder", o pavimentando su camino para más cargos políticos a punta de videos emocionales pagados con impuestos. Si las pymes generan el 80% del empleo, es necesario crear decisiones diferenciadas, de esas que no les gustan a los juristas, porque se contradicen en su aplicación, dado que “violan un principio”, siendo este una artificialidad que nace en narrativas que les enseñaron a nunca cuestionar. Pero el mundo es bastante heterogéneo y la homogenización mental del Estado, cuando no se esfuerza en crear diferenciales, termina golpeando la productividad.

Para dominarla y manipularla, a Colombia la han acostumbrado, desde los círculos políticos, a las emociones de corto plazo por encima de las soluciones profundas. El resultado es culpar en categorías que borran las historias particulares. Nada peor que crear bandos, como "la chusma liberal" y "la plaga conservadora" a mediados de siglo, para que la gente se mate mientras otros raspan los réditos de largo plazo. Hoy se pelea con otras categorías. Pero esas grandes discusiones relegan una y otra vez las pequeñas pero certeras decisiones que se deben tomar para bajarle la emocionalidad a una sociedad enferma de venganzas.

Por estas complejidades, creo que se deben poner sobre la mesa (jurídica) de las altas Cortes y las entidades, como las Cámaras de Comercio y los Ministerios, reglas o regímenes diferenciados a partir de las decisiones que van tomando. No me refiero a “programas para pymes” que ya existen o a beneficios específicos, como los que la Dian ha dado en la facturación electrónica a los más pequeños. Me refiero a obligar a estas instituciones a generar decisiones diferenciadas en cuanto al tipo de organización que afectan. Si hay un fallo en materia laboral, no debe aplicar por igual a todas las organizaciones, así se rasguen las vestiduras quienes creen que un principio debe afectar a todos por igual, por su “universalidad”.

Es fácil sacar eufemismos y grandes ideas para aplastar los regímenes diferenciales, porque esa es la inercia institucional de Latinoamérica. En Argentina se ha venido luchando por regímenes diferenciales para pymes en materia energética, pero se deben buscar soluciones para que en todas las decisiones exista al menos un análisis: ¿cómo puede impactar esta decisión a la empresas grandes, medianas, pequeñas y micro?

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Cómo hacer el desglose y la diferenciación es cuestión de detalle. Que esto traiga o no estructuras de incentivos perversos se debe tematizar y estudiar también, para no correr el riesgo de motivar la atomización de empresas grandes en búsqueda de beneficios. Pero esos ajustes tienen solución. Lo que difícilmente la tiene es hundir la productividad en marañas de reglas que alimentan tragedias como el desempleo.