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| 6/27/2019 12:01:00 AM

Todos ponen por Buenaventura

Por primera vez una alianza de sociedad civil, sector público y cooperación internacional se unen en un proyecto de liderazgo para sacar al principal puerto sobre el Pacífico del atraso y la pobreza. ¿Lo lograrán?

Si las promesas gubernamentales se cumplen, en la próxima década Buenaventura recibirá $10 billones para su desarrollo, es decir, un poco más del recaudo adicional esperado con la ley de financiamiento.

Para no ir tan lejos, basta recordar que antes de culminar el gobierno anterior a esa ciudad le inyectaron casi US$500.000 millones en obras sociales, algunas de las cuales ya se ejecutaron y otras están en proceso. Sumado a ello, concentra dos proyectos viales valorados en casi $3 billones: la doble calzada de 118 kilómetros entre Buga–Buenaventura y la vía de 34 kilómetros entre Mulaló y Loboguerrero.

Lo irónico de esos anuncios es que mientras por un bolsillo le entran a la ciudad los recursos, por el otro se evaporan. Este fenómeno llevó a que las autoridades judiciales llamaran a los cuatro últimos alcaldes del puerto: algunos de ellos están tras las rejas y otros con investigaciones por presunta corrupción. El tema ha sido tan penoso que Buenaventura suma una decena de gobernantes entre titulares e interinos, en menos de diez años.

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Y para agravar ese panorama, hay que recordar que las estadísticas sociales son de las peores del país. Es la urbe con los mayores indicadores de pobreza extrema, el desempleo supera 50% y el servicio de acueducto solo opera durante 8 horas al día, pese a estar rodeada de agua.

Como si fuera poco, en esa ciudad portuaria se enquistó la violencia y desde hace décadas se convirtió en el trofeo territorial que se pelean a muerte los grupos armados ilegales. La más reciente guerra obligó a que las autoridades se tomaran a Buenaventura para contener desplazamientos, extorsiones, fronteras invisibles y temidas casas de pique, es decir, viviendas que se usaban como sitios de tortura y descuartizamientos, que según denuncias de la comunidad se habrían reactivado hace poco.

Semejante panorama tan sombrío requiere medidas urgentes, estructurales, efectivas y eso es precisamente lo que pretenden ocho fundaciones y empresas privadas que, junto a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Usaid y el sector oficial se unieron para desarrollar un proyecto único en su género: empoderar a las comunidades para que participen activamente en las decisiones que se toman en torno a políticas públicas de la ciudad. Dicho en términos más simples, enseñarles a cogobernar.

Se trata de Activa Buenaventura, iniciativa que ya cuenta con cerca de US$7 millones en financiación aportada por las fundaciones Corona, Ford, Carvajal, Gases de Occidente, Instituto Republicano Internacional, Movilizatorio, ProPacífico, la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura y Usaid.

“Para nosotros, Activa Buenaventura es un modelo innovador, porque por primera vez los sectores privado y público así como la cooperación internacional se unen alrededor del fortalecimiento de los líderes. Se busca contribuir a la construcción de una democracia robusta y fortalecer la cultura de derechos humanos”, explicó Martha Aponte, subdirectora de Usaid Colombia.

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Por su parte, María Del Rosario Carvajal, directora ejecutiva de la fundación Carvajal y representante de la alianza, recordó que el proyecto “es el primero en el Valle del Cauca y el más grande en número de aliados en Colombia”. La ejecutiva argumentó que la semilla del programa se plantó desde 2010, cuando comenzaron a trabajar con 330 líderes de Buenaventura.

Marisol Congolino Rey es una de esas lideresas que se sumó al proyecto. Ella preside la fundación Sueños Reales, que les enseña a las víctimas de la violencia en el Pacífico colombiano a usar los canales institucionales para ser reconocidos como tales. En total atiende a 150 beneficiarios y espera junto a ellos incidir en las políticas públicas de su ciudad, con una mirada más aterrizada y de acuerdo a las necesidades puntuales de cada grupo poblacional; “vamos a hacerles veedurías a las instituciones, pero también unirnos con ellas”, precisó.

De hecho, la estrategia del programa consiste en tres ejes temáticos que son liderazgo social, incidencia en la política pública y gobierno abierto, “ese modo cerrado de gobernabilidad con soberbia institucional está mandado a recoger. Los gobernantes no nos las sabemos todas”, expresó Maby Jineth Viera, alcaldesa de Buenaventura.

El tema del liderazgo y la incidencia en la toma de decisiones de gestión pública es crucial, ya que, según cifras del Dane, solo 36% de los colombianos considera que la participación ciudadana contribuye a solucionar los problemas de su entorno y 6 de cada 10 están muy insatisfechos con el funcionamiento de la democracia. Y en ese sentido la alianza Activa Buenaventura busca reconfigurar la relación entre la ciudadanía, las instituciones públicas locales y el sector privado.

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En eso coinciden varios de los líderes sociales de Buenaventura. Por ejemplo, Rubén Darío Jaramillo, obispo de la ciudad, asegura que uno de los principales problemas es que todos los sectores trabajan de manera independiente, “Hay que tener de una mano al Estado, la comunidad, las demás organizaciones que quieren sacar adelante al Distrito, pero también a la empresa privada; necesitamos que ellas generen empleo formal”.

Algo que tienen claro los gestores y aliados del proyecto es que en cinco años cuando termine el acompañamiento a las organizaciones sociales, los resultados no serán inmediatos sino graduales, y para tener un mejor control sobre los avances en políticas públicas, anunciaron la puesta en marcha de la herramienta estadística Cómo Vamos, que ya se aplica en otras ciudades.

Cualquier ayuda para mejorar la gestión pública en Buenaventura y el buen uso de los $550.000 millones de presupuesto anual que, en promedio maneja el Distrito, será positivo para darle el timonazo que necesita esta ciudad portuaria, por donde transita la mitad de las exportaciones del país.

EDICIÓN 562

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