TigoUne: necesitamos estabilidad jurídica e inversión en infraestructura

Igual que los mineros, los petroleros y la industria en general, el sector de las telecomunicaciones le pide al Gobierno estabilidad jurídica a largo plazo, que le permita planear y ejecutar sus inversiones con tranquilidad pues los hechos recientes en todos estos sectores les generan serias dudas.

En el caso de las telecomunicaciones Marcelo Cataldo, presidente de TigoUne, explica que les preocupa en especial la dispersión en la regulación y la inestabilidad jurídica que no ha sido propia de su sector.

Mientras Claro y Movistar perdieron recientemente la famosa pelea con el Gobierno por regresión de activos y tendrán que pagar una cuantiosa multa, en el 2013 la fusión entre Tigo y Une les representaba superar el tope máximo de espectro de bandas altas por lo que el Gobierno les ordenó liberar el espectro sobrante o cederlo a otro competidor.

Y cuando TigoUne tuvo listo a un comprador, el Gobierno no permitió la venta. Esto le generó a la empresa recién fusionada pérdidas por US$300 millones entre ingresos no percibidos, costos ejecutados, apagar una red y perder usuarios.

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“En el campo de las telecomunicaciones las inversiones son a muchos años, por ejemplo yo construyo una red que cuesta cientos de millones de dólares y el repago de esa red no es en uno o dos años sino en 10 o 15 años. Entonces para que nuestros inversionistas estén tranquilos y el dinero se ejecute a favor de los colombianos, tiene que haber una estabilidad jurídica de largo plazo”, aseguró Cataldo.

Además, señaló el presidente de TigoUne que “mientras yo tengo una contribución para televisión, una para internet y otra para telefonía móvil, una contribución que finalmente diluye la inversión que voy a hacer en favor de los colombianos, hay otros jugadores del mercado que no dejan ningún tributo a la Nación, que no tienen obligaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio por respeto a los usuarios y todo eso va en detrimento de quienes ponemos las redes físicas en Colombia que somos los operadores de telecomunicaciones”.

Y agregó que “como en cualquier país del mundo, el usuario es convergente entonces el usuario es agnóstico en la tecnología y para eso es convergente y necesitamos una regulación convergente y eso tiene como consecuencia que nuestras contribuciones sean convergentes”.

En ese sentido, Cataldo señaló que está de acuerdo con la propuesta de Movistar Colombia de lograr una regulación que no solo sea equitativa en el país sino en toda la Alianza del Pacífico, algo que depende de los gobiernos de Perú, Chile, México y Colombia.

El presidente de TigoUne destacó el ejemplo de Chile, país en el que el Gobierno sacó al aire el espectro de 700 sin pedirle dinero a los operadores y con la única condición de que estos aseguraran la cobertura de todo el país, algo que Colombia podría copiar.

A pesar de todos los esfuerzos Colombia todavía tiene muchas zonas, la mayoría rurales, en las que no hay cobertura de telecomunicaciones o la conexión no funciona correctamente. Cataldo señaló que esto se debe a que si bien los operadores cubren “lo máximo” que pueden, “falta más infraestructura de conectividad amplia para poder llegar a lugares muy lejanos”.

“Por ejemplo en Leticia todos tenemos cobertura pero la conexión a nuestra infraestructura central es satelital y no hay forma de repagar una conexión de fibra que llegue hasta Leticia desde una inversión privada pero desde una inversión social del Gobierno se podría pensar”, destacó el presidente de TigoUne.

Y añadió que la situación genera la conexión entre el dispositivo móvil del usuario y los satélites del operador se tarde “de 15 a 20 milisegundos, eso no es porque mi tecnología sea mala sino porque mi central en Bogotá o en Barranquilla o en Medellín y Leticia es muy lenta porque están muy lejos y ninguno de los operadores podemos costear una conexión de fibra hasta Leticia”.

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