La compañía de telecomunicaciones española, Telefónica, dio inicio a un arbitraje, con el despacho internacional White & Case, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, en contra del Estado colombiano en el que pretende que le sea devuelta la suma de $1,6 billones que pagó luego de haber perdido la demanda impuesta por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) por reversión de activos.

El fallo

En febrero del año pasado el MinTIC convocó a un tribunal de arbitramento en Colombia ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, a Claro (América Móvil) y Movistar (Telefónica).

El falló prosperó a favor del Estado colombiano en julio de ese mismo año cuando el Tribunal del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá dejó en firme una condena de pago de alrededor de $4,7 billones a Telefónica y Claro por reversión de activos.

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Hay que decir que las 2 empresas de telecomunicaciones fueron condenadas a pagar así: $3,1 billones a Claro (Comcel) y $1,6 billones contra Colombia Telecomunicaciones (Telefónica Movistar) en un plazo máximo de 30 días o incurrirían en intereses moratorios que serían cobrados a la tasa máxima prevista en la ley.

Cabe recordar que Colombia Telecomunicaciones (Coltel) es una empresa que tiene una participación de Telefónica del 67,5% y del Estado colombiano de 32,5%.

Es importante señalar que la obligación del pago impuesto por el laudo del Tribunal de Arbitramiento podría dejar a estas 2 empresas con recursos limitados a la hora de invertir en redes y servicios en Colombia, lo que definitivamente afectaría al consumidor final.

El fallo de julio del año pasado generó la obligación de devolver el valor de sus activos que excedían las propias concesiones de frecuencias que recibieron desde 1994 por parte de Claro y Telefónica. Además, en esta obligación se valoran los recursos técnicos que permiten el desarrollo de la telefonía móvil como: plataformas tecnológicas, sistemas informáticos, estaciones base, antenas y el resto de infraestructura.

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¿Y si gana Telefónica?

El presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), Alberto Samuel Yohai, aseguró que independientemente que haya habido un fallo, lo que afecta directamente no solamente a este sector económico sino a toda la economía nacional, es la seguridad jurídica para las inversiones que en un caso como estos pueda implicar.

“El hecho de que una entidad del Estado esté cuestionando dos leyes de la República, que son las 422 de 1998 y la 1341 de 2009, y generando una sensación de incertidumbre, definitivamente frena la inversión en todos los sectores de la economía. Porque empiezan a dudar de la confiabilidad de la seguridad jurídica en Colombia”, resaltó Yohai.

Pero eso no es todo. El presidente de la CCIT afirmó que si Claro y Telefónica llegan a ganar el pleito internacional, se verá representado en una pérdida económica importante para el país. “Porque no solamente se debe regresar la sanción inicial sino los intereses que esta conlleva. Esto genera claramente un detrimento patrimonial”.

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Aún no es claro qué puede pasar con la nueva demanda en contra del Estado. Si será Telefónica, Claro o Colombia quien gane el pleito. ¿Se podría contemplar el cierre de las operaciones de estas empresas en el país en el caso de no ganar el litigio? Amanecerá y veremos.