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Juan Carlos Archila, Presidente de Claro Colombia.

Sanciones

Multa histórica para Claro

Las sanciones impuestas en la investigación a la empresa de Carlos Slim ascienden a $87.750 millones, que equivalen a 148.855 salarios mínimos.

4 de septiembre de 2013

La Superintendencia de Industria y Comercio anunció dos sanciones contra Claro por la comisión de conductas constitutivas de abuso de posición dominante y otras infracciones a la libre competencia, relacionadas con la violación del régimen de portabilidad numérica.

La primera sanción por $53.909 fue impuesta por el bloqueo de las bandas de los equipos móviles, mientras que la segunda, por $33.840 millones, responde al abultamiento de cifras de portabilidad numérica por parte de la compañía.

Cabe recordar que la compañía estaba siendo investigada por el incremento de las cifras de portabilidad numérica móvil y el bloqueo de bandas de los equipos, así como también por la no entrega de los números de identificación personal a sus usuarios para realizar los trámites de portabilidad.

Esta resolución se enviará la a delegatura para la Protección de la Competencia de la SIC, con el fin que se evalúe si existe mérito suficiente para iniciar una averiguación preliminar contra Juan Carlos Archila, presidente de Claro e Hilda María Pardo, segunda suplente de la presidencia de la compañía.

Según las investigaciones del ente regulador, la sociedad de Comunicación Celular S.A, (Comcel), para engrosar las cifras de portabilidad hacia su compañía compraba sim cards en Movistar y Tigo, y luego adjudicaba estos números a Comcel.

Según fuentes cercanas a la Superintendencia, Claro llevaba doble contabilidad sobre las portabilidades, donde estaban señaladas las 'reales y especiales'.

En cuanto al bloqueo de bandas en los equipos, los usuarios se encontraban con trabas para liberar su equipo, tales como la solicitud de la factura original de compra, por lo que un procedimiento de 14 segundos se volvía mucho más demorado.


En cuanto a la solicitud de investigación a los directivos de la compañía, de encontrarse responsables, la sanción podría ser de $1.200 millones, que tendrían que ser pagos por ellos, sin respaldo de la empresa, ni aseguradoras de por medio.