| 6/18/2014 6:00:00 PM

Superfinanciera liquidará Fidupetrol

La Superintendencia Financiera ordenó la toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de la sociedad fiduciaria Fidupetrol S.A.

La decisión se tomó luego de que la Contraloría General de la República encontrara responsable fiscalmente a Fidupetrol S.A. por un monto de $45.954.292.822 por hechos ocurridos en el año de 2007, con lo cual la fiduciaria entró en causal de toma de posesión obligatoria, ya que presenta un defecto en el capital mínimo exigido en una cuantía de $14.668.198.947.

Así mismo, el patrimonio neto de la sociedad fiduciaria la 30 de abril de 2014, registra pérdidas por un valor de $17.317.858.270,93, para un patrimonio neto negativo de $7.308.450.252,65, cifra que claramente se encuentra por debajo del 50% del capital suscrito que para la misma fecha corresponde a $3.165.218.000.

La Superintendencia ordenó a los accionistas de la Fiduciaria capitalizarla, lo que no sucedió, razón por la cual se tomó la decisión de su intervención.

La Superfinanciera  ha hecho un seguimiento muy estricto a las operaciones de la Fiduciaria, a la vez que ordenó el embargo de títulos TES por un valor $5.444.175.000 y bienes inmuebles por $2.411.388.400.

Dada la naturaleza del negocio fiduciario cada uno de los encargos y fiducias mercantiles tienen una separación patrimonial y, en consecuencia, no hacen parte de la prenda general de los acreedores.

El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras – FOGAFIN designará un liquidador quien deberá  adelantar  todas las acciones y gestiones necesarias para ceder los negocios fiduciarios y los fondos de inversión colectiva que administraba  la sociedad fiduciaria Fidupetrol S.A. al momento de la toma de posesión.

Los  clientes que tengan negocios con la entidad intervenida deberán dirigir sus solicitudes y peticiones exclusivamente al agente liquidado designado por Fogafin.

Al corte del mes de mayo de 2014 la entidad administraba 182 negocios fiduciarios de carácter privado,  de los cuales 3 corresponden a fondos de inversión colectiva  y 37 públicos.

En el caso de las los negocios que administran recursos públicos y como consecuencia de los fallos de la Contraloría General de la República ya se han adelantado procesos de liquidación o cesión.

 

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