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Radiografía inicial sobre cómo se ejecuta la minería en Colombia.

Minería

En títulos mineros, pocos hacen la tarea

Radiografía inicial sobre cómo se ejecuta la minería en Colombia muestra que, del total de títulos fiscalizados, un 93% presenta incumplimiento en sus obligaciones contractuales.

29 de octubre de 2013

El nuevo esquema de fiscalización puesto en marcha por el actual gobierno arrojó los primeros resultados,  brindándole al país un acercamiento más fiel sobre cómo se está ejecutando la minería.

“Hasta hace poco el país tenía una información muy precaria sobre la actividad minera. Hoy, sin embargo, presentamos el primer consolidado de la nueva fiscalización que, por primera vez, nos revela una radiografía más completa sobre la actividad, bajo una mirada mucho más integral  en  aspectos económicos, técnicos, laborales, ambientales, jurídicos y de seguridad”, indicó el ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta.

Lo que se encontró:

La Agencia Nacional de Minería fiscalizó en el primer ciclo 9.043 títulos mineros, más del triple que lo analizado en el pasado; efectuó visitas de campo a 7.951 títulos, ubicados en 30 departamentos, en un área equivalente a 4’233.404 hectáreas y encontró que dichos títulos corresponden a 211 tipos de mineral, principalmente: materiales de construcción (42.2%), carbón (15.5%), metales preciosos (11.5%), esmeraldas (1.7%), hierro (0.1%), sal y otros como caliza, arcilla, yeso, roca fosfórica, bauxita, bentonita, cromo, cromita, manganesio y mármol, entre otros (28.9%).

En particular, los materiales de construcción, con respecto al total nacional, evidencian un crecimiento importante en los últimos años, relacionado especialmente con el desarrollo de otros pilares de la economía, las llamadas “locomotoras”, en este caso, de infraestructura y de vivienda. Igualmente, es importante recordar que vía  regalías, la “locomotora” minera también aporta a educación e innovación.

Mediante la fiscalización minera, la ANM inspecciona, por primera vez, la totalidad de títulos en el país, bajo un enfoque integral, que permitirá fortalecer el control sobre la actividad y encaminarla hacia los mejores estándares.

Este primer examen muestra además que Colombia es un país donde se realiza minería subterránea (18%) y a cielo abierto (82%). Se encontró  que un 35% de los títulos está en fase de exploración, en un área equivalente al 1.7% del territorio nacional (1.954.591 hectáreas). Un 26% se dedica a construcción y montaje, con un área equivalente a 1.6% del país (1.855.548 hectáreas). El resto, es decir, un 39%, de los títulos mineros se encuentra en fase de explotación, en un área equivalente al 1% del territorio nacional (1.152,188 hectáreas).

Los incumplimientos

La evaluación muestra que del total de títulos fiscalizados, un 93% presenta incumplimiento en sus obligaciones contractuales, con un promedio de 3,3 hallazgos por título. Dichos incumplimientos se dan principalmente en  temas jurídicos, técnicos y económicos. Por el contrario, el aspecto ambiental registra el menor número de hallazgos.

Los departamentos con el mayor promedio de incumplimientos son: Cesar, Córdoba, Risaralda, Quindío y Tolima, con más de  4 hallazgos, principalmente asociados a materiales de construcción y carbón, minerales con la mayor participación dentro del total nacional de títulos (42,2% y 15,5%, respectivamente).

La presidenta de la Agencia Nacional de Minería, María Constanza García Botero, precisó que “ante los incumplimientos observados, y por tratarse de la primera fase de un nuevo esquema de fiscalización, la autoridad minera actuó en la mayor parte de los casos con un enfoque preventivo, recordándoles a los titulares mineros que debían efectuar prontamente  los correctivos a fin de evitar sanciones o caducidad del título”.

Sin embargo, en cumplimiento de las funciones de fiscalización delegadas a la ANM, en lo que va corrido de 2013 se han proferido 4.815 actuaciones administrativas (89% auto requerimientos y 11% resoluciones).

“Hoy el país cuenta con herramientas mejoradas como la nueva fiscalización para regular el desarrollo de la minería. El fortalecimiento institucional pasa por el diseño e implementación de una política de fiscalización minera. Estos resultados nos imponen ese reto”, indicó la presidenta de la ANM.

Los que cumplen

A pesar de los hallazgos encontrados en el grueso de títulos, también se observan cumplimiento y rigor en la ejecución minera, en todas las escalas de la actividad. Del total de títulos analizados, 7% hace bien la tarea, es decir, cumple con todas sus obligaciones contractuales y legales. El objetivo del nuevo modelo de fiscalización es ampliar esta tendencia, es decir,  encaminar  la minería hacia una actividad moderna, ejecutada de manera responsable en términos ambientales y sociales.

Minería y sus impactos

Empleo: Tras el cierre del primer ciclo se observó que por cada título en pequeña y mediana minería se crean, en promedio, 34 puestos de trabajo (41% directos y el resto indirectos; un 24% corresponde a mano de obra calificada, el resto a no calificada). Es decir que esta franja del sector genera 315 mil empleos.  Por su parte, la gran minería registra una  absorción de mano de obra de 35.000 puestos de trabajo (56% directos y 44% indirectos).

Se calcula que cerca de 350.000 familias dependen de la labor minera en Colombia, lo que significa que aproximadamente 1.050.000 colombianos subsisten a través del sector. Estas cifras estimadas proyectan una generación de empleo en el sector equivale a 1,7% del total nacional.

Otros impactos son:

Digitalización de títulos mineros: En línea con el proceso de  modernización institucional a través de la nueva fiscalización, un 93% de los títulos analizados se ha digitalizado, dejando  atrás la recopilación de títulos mineros y su información en fólderes físicos, que los hacía  vulnerables, menos confiables y poco transparentes. Ahora todos los títulos mineros estarán digitalizados, contribuyendo por demás con el medio ambiente y la política institucional de cero papel.

Se disparan pagos: Se observa un aumento en el  recaudo del canon superficiario, que ya a septiembre de este año, se había casi duplicado al pasar de $15.554 millones a $28.681 millones, lo que refleja que el esquema preventivo lleva al titular minero a cumplir con sus obligaciones contractuales, más por deber que por temor a que la autoridad lo sancione.

Pago de regalías on line: El próximo año el pago de las regalías será vía electrónica. Con ello, la autoridad minera podrá tener un control efectivo más amplio sobre este rubro. Adicionalmente, se cruzarán bases de información con otras entidades gubernamentales como la DIAN y la UPME para verificar cumplimientos económicos y normativos.

Nace el nuevo Sistema Integral de Gestión Minera: La batería de datos que arroja el nuevo esquema de fiscalización ya se encuentra sistematizada y alimentará el futuro Sistema Integral de Gestión Minera (actualmente en proceso) que servirá para que las instituciones del sector y usuarios mineros dispongan de una herramienta orientada a la prestación de trámites y servicios en línea, bajo los más altos estándares tecnológicos y acorde con las buenas prácticas internacionales del sector con transparencia y confiabilidad en la información.

316 títulos con inspecciones de campo fallidas

El nuevo esquema de fiscalización registró 316 inspecciones de campo fallidas por razones asociadas a difícil acceso por fenómenos naturales y características del terreno; acceso denegado por parte del titular y por situación de orden público. Estas circunstancias, sin embargo, no eximen a titulares ni a contratistas de cumplir con la fiscalización. Tales inspecciones se han reprogramando a través de los consorcios a fin de darles  cumplimiento. De las 316 inspecciones fallidas, Antioquia y Chocó registraron el mayor número (140 y 53, respectivamente).

El ministro de Minas y Energía concluyó que “el nuevo esquema de fiscalización es el mejor instrumento para que el Estado ejerza un control efectivo sobre la minería, de manera que se ejecute bajo estrictos estándares y en cumplimiento de todos los compromisos contractuales y legales  para beneficio del país, las regiones y sus comunidades”.