Empresa Triple A, señalada por Robledo de presunta malversación por $334.000 millones

Serios señalamientos de corrupción en la compañía atlanticense Triple A, fueron hechos por el senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo en un debate que se cumplió este martes 4 de junio durante el cual responsabilizó a la empresa de supuestas irregularidades en contratos que ascenderían a los $50.000 millones.

Robledo indicó durante el acalorado debate que hubo complicidad dentro de la empresa con los españoles de Inassa, socios de la Triple A, y pasividad por parte de los alcaldes de Barranquilla Alejandro Char y Elsa Noguera, según la app Conexión Congreso, que estuvo en esta sesión. Para el senador del Polo Democrático, "en 1993, la Alcaldía de Barranquilla era dueña del 85 % de la Triple A. Hoy solo tiene el 14,5 %. Los barranquilleros fueron despojados del patrimonio público y adicional les suben las tarifas. ¿Cuál fue el papel de los alcaldes?”. Cabe resaltar que el alcalde Char no asistió al debate.

Le tenemos: Corrupción, principal problema del país

Por eso la propuesta del senador Robledo es que “lo mejor que le puede pasar a los barranquilleros es que la empresa Triple A regrese al sector público. Son 72 mil millones anuales en utilidades que deberían quedar en manos de los barranquilleros y no de los corruptos”.

Descargue la app Congreso en iTunes

Descargue la app Congreso para Android

El senador calificó como un ‘acto de negligencia’ por parte de la junta directiva de la empresa no darse cuenta de las irregularidades que se han presentado en la gestión de esta compañía e instó a las entidades de control, las ‘ias’, a investigar más sobre estos hechos que calificó de corrupción.

Cabe recordar que la Fiscalía embargó el 82 % de las acciones de la empresa Triple A, en abril de 2018. Tal y como lo publicó la revista SEMANA, el proceso con fines de extinción de dominio afectó a Inassa -filial de la española Canal de Isabel II- en medio de un escándalo de corrupción. El fiscal general anunció también medidas de aseguramiento -sin detención- contra ocho exdirectivos de Triple A e Inassa y el gerente y presidente actuales de esa última sociedad.

Le recomendamos: Fiscalía embarga el 82% de las acciones de la empresa Triple A

¿Qué dijo el Gobierno?

Para el gobierno, el caso de la Triple A se ha convertido en una verdadera papa caliente pues además de los temas propios de la vigilancia y control en la prestación del servicio público domiciliario, este caso incluye elementos penales e investigaciones por corrupción en curso. 

Por eso el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón González propuso crear en las empresas mixtas de servicios públicos la figura del oficial de cumplimiento y acudir al gobierno corporativo para que no sucedan casos de corrupción como el de la empresa Triple A de Barranquilla, de acuerdo con la App Conexión Congreso,

También señaló Malagón que el Gobierno está comprometido con la calidad de los servicios públicos y con la defensa de los usuarios, incluso anunció que para la siguiente legislatura, presentarán el proyecto de creación de la ‘Ley del agua’.

La superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño García, señaló durante este mismo debate que la función que ha tenido esta entidad en el caso de la Triple A es abrir un proceso de vigilancia especial, en el que la empresa ha estado reportando una serie de informes en donde no se deduce que los usuarios se hayan visto afectados en el servicio, y que las tarifas cobradas a los usuarios responden al aumento indexado al IPC, y en este tema no se han encontrado fallas.

El gerente de la Triple A, Guillermo Enrique Peña señaló por su parte que no ha habido despidos injustificados, que solo se despidieron tres personas y no fueron ‘despidos millonarios’, y que se hicieron basados en una restructuración necesaria para las finanzas de la empresa.

Por su parte María Virginia Torres, presidenta de la SAE -secuestre de las acciones de Inassa en la Triple A- , dijo que por las dificultades de la empresa de servicios públicos de acceder al sector financiero, se han tenido que pagar aceleradamente y de manera cumplida las obligaciones para ganar confianza con la banca.

Aunque el debate tuvo momentos altisonantes y muchas acusaciones contra los directivos involucrados en supuestos casos de corrupción, lo cierto es que serán las autoridades las encargadas de definir qué fue lo que realmente pasó y qué correctivos se deben tomar para no afectar a los barranquilleros, que dependen de esta empresa para contar con servicios públicos domiciliarios.