Piratería en TV paga dejaría pérdidas por $5.000 millones

El impacto de la piratería, tema analizado en la cumbre Desafíos de la Propiedad Intelectual y la Libertad de Expresión, organizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina (Certal), traería pérdidas por $5.000 millones mensuales, monto que la ANTV deja de recibir para la televisión pública.

En la sesión de la Cumbre que abordó el Flagelo de la Piratería, se analizaron los daños que genera y su gestión desde las Empresas y el Estado. Se expuso que la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) reportó en enero 4.335.373 abonados a televisión paga, mientras que datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) indican que en ese periodo el número ascendió a 6.160.000, cifras que evidencian un estimado de alrededor de 1,8 millones de personas que no son reportadas al Estado, lo que impacta directamente el recaudo de dineros públicos.

Al contrario, los operadores de TV paga cumplen con impuestos, aportan al Fondo de Televisión Pública, son fuente de empleo y desarrollo para el país.

Una de las modalidades más comunes en piratería es la comercialización y el tráfico de equipos decodificadores ilegales conocidos como FTA (Free to Air) que retransmiten contenidos protegidos por el derecho de autor. Quienes cometen estas infracciones evaden impuestos y tergiversan la información entregada a los compradores.

En 2012 ingresaron al país 40.000 decodificadores FTA y la cifra aumenta si se tiene en cuenta los equipos que entran de contrabando; en Suramérica se venden más de 50 marcas de FTAs/dongles.

Por esta razón, se creó la Alianza contra la piratería de televisión paga, una iniciativa planteada por un grupo de proveedores de contenido, operadores de TV paga y proveedores de tecnología, quienes trabajan de forma conjunta para combatir este flagelo en la región.

“Los operadores de televisión paga legales en Colombia cancelan impuestos y generan recursos hacia el Estado con los cuales se financia la TV pública, son fuente de empleo y desarrollo para el país. Además, trabajamos por el usuario, a quien buscamos entregarle mejores servicios, mayor contenido y tecnología de punta”, afirma Natalia Iregui, representante de Alianza.

La decisión de los miembros de la Alianza se dio con el fin de hacerle frente a la evolución que ha habido en materia tecnológica para vulnerar los esquemas de protección de contenidos audiovisuales que afecta al mercado. De igual forma, trabaja en la búsqueda de una mayor legislación en los países de la región frente a este tema, que no solo afecta a las compañías legalmente constituidas sino a los Estados.

“En Alianza trabajamos para poder enfrentar la piratería de TV paga a través de la generación de medidas legales y regulatorias eficientes, sanciones ejemplarizantes y la creación de conciencia en los usuarios para prevenir la compra de estos equipos, en Colombia nos sentimos orgullosos de obtener los primeros resultados con la primera condena por comercialización de estos equipos al representante legal de Electronicamilo. Este es sólo un paso más dentro del camino que nos hemos planteado” destaca Natalia Iregui, representante de Alianza.

Estas conclusiones fueron resultado de la IV Cumbre del sector de telecomunicaciones que se llevó a cabo en Cartagena y en la que analistas y expertos debatieron sobre el rol de esta industria en América Latina; su marco regulatorio, la visión desde el derecho de propiedad intelectual y la libertad de expresión, así como el impacto de la piratería. En el encuentro participaron destacadas personalidades que analizaron temas de gran importancia para el sector no solo en el país sino en la región.