| 2/26/2019 11:29:00 AM

¿Van a intervenir a la venezolana Monómeros en Colombia?

El presidente Iván Duque tendría entre sus planes declarar el mayor activo del régimen venezolano en el país bajo control absoluto de la Asamblea Nacional de Venezuela y del presidente interino Juan Guaidó.

Crece la expectativa por el futuro del mayor activo venezolano en territorio colombiano.  La petroquímica Monómeros ubicada a metros del río Magdalena en la vía 40 de Barranquilla estaría en el foco del gobierno de Iván Duque.

Sería una de las cartas a jugar tras la petición del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, hecha ante representantes diplomáticos de 14 países en su visita a Bogotá, donde solicitó fortalecer las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro.

“Que los activos que tiene Venezuela en nuestros países, que son gubernamentales, sean ya declarados bajo control absoluto de la Asamblea Nacional y del presidente Juan Guaidó”, dijo el vicepresidente Pence.

Según afirmó en su espacio radial el periodista Néstor Morales, el Gobierno colombiano está pensando una intervención de Monómeros, la cual se daría por medio de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (Uiaf) o a través de la Superintendencia de Sociedades, dependiendo de las irregularidades que encuentre en los activos de esa compañía.

Monómeros es una empresa que en el pasado fue estatal colombiana, pero pasó a ser propiedad del Estado de Venezuela cuando Ecopetrol y el Instituto de Fomento Industrial vendieron todas sus acciones en 2006 a la petroquímica venezolana Pequiven.

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Su billonaria facturación pasó de $1,2 billones en 2017 a $1,6 billones en 2018, consolidándose como una de las mayores empresas de abonos, plaguicidas y químicos de uso agropecuario en territorio colombiano, con cerca de 1.600 empleados directos en el país.

De acuerdo con lo planteado por Morales, Colombia podría hacer lo mismo que Estados Unidos está haciendo con Citgo, la filial de la petrolera Pdvsa en Norteamérica, que es “quitarle el control al gobierno de Maduro y traspasárselo, guardadas las proporciones, con Monómeros, al gobierno del presidente interino Juan Guaidó”.

El presidente Iván Duque contó que con la reunión de la mayoría de los miembros del Grupo de Lima, se buscó no solo fortalecer el cerco diplomático, sino tomar “acciones y decisiones sancionatorias para el dictador" y otorgarle "mayor legitimidad y poderío a la Asamblea Nacional y al presidente encargado”. Por eso no sonaría descabellada la idea de la intervención, aunque desde Casa de Nariño dijeron a Dinero que no hay ninguna movida al respecto. 

Sin embargo, para la exviceministra de Comercio Exterior Olga Lucía Lozano, surgen múltiples preguntas sobre los instrumentos que se utilizarían. En el caso de Estados Unidos existe todo un proceso que se inicia por un reporte del Secretario de Estado que activa un sistema de sanciones aprobado por el Congreso. 

Ella manifiesta que con la información que se ha divulgado por la prensa no se ven claras que las típicas posibilidades de una intervención, una expropiación o una indemnización pecuniaria frente a un delito, pudieran ser utilizadas porque Colombia tiene un marco regulatorio explícito para cada caso.

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De acuerdo con Lozano cuando Estados Unidos ha expropiado activos del régimen venezolano, es porque en ese país existe una regulación para hacerlo.

“Con Venezuela teníamos un Acuerdo Bilateral de Inversión que protegía a los nacionales de ese país y que perdió su vigencia al salirse ese país del G3. Colombia ha recorrido un camino en virtud del cual se ha fortalecido la protección a las inversiones y la garantía de no discriminación. Al final se ha fortalecido el Estado de Derecho por lo que cabría preguntarse cuál será la herramienta que se utilizará”, señaló a Dinero la exfuncionaria.

A finales de enero, Migración Colombia vetó el ingreso al país de Ronald Ramírez, quien en días anteriores había sido elegido por Maduro como nuevo presidente de Monómeros Colombo Venezolanos.

El bloqueo se dio cuando Ramírez pretendía salir del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla, tras haber aterrizado de un vuelo chárter procedente de territorio venezolano. La medida fue tomada por Migración Colombia como sanción a una lista de más de 200 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.

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