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| 9/5/2019 12:01:00 AM

La Ocde, una nueva oportunidad

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) es una institución determinante en el derecho internacional que busca promover la cooperación entre países.

Es conocida por ser un ‘club de buenas prácticas’, pues tiene el objetivo de que sus socios adopten comportamientos y acaten una serie de recomendaciones que les permitan mejorar la calidad de vida de su población.

Para Andrés Bernal, socio de Governance Consultants, “el ingreso a la Ocde es quizá el mayor avance institucional del país en muchos años, porque significa dejar de vernos al ombligo y tratar de inventar la rueda en cada cambio de gobierno”.

Bajo esta línea, Santiago Zuleta, abogado de Zuleta Abogados, considera que “las recomendaciones de la Ocde implican una transformación interna del país en varios frentes. Afecta la propia estructura del Estado, pues es necesario adaptarse a nuevos requerimientos y estándares por temas de gobernabilidad y de regulación”.

Por esta razón, todo el ordenamiento jurídico y el componente normativo tienen que empezar a modificarse y los abogados deben aportar su conocimiento y adaptarse a las nuevas realidades.

“El oficio del abogado está cambiando, y el ingreso a la Ocde representa nuevos retos, nuevas fuentes, nuevos problemas”, afirma Zuleta.

Por ejemplo, para la Ocde los niveles de acceso a la justicia son fundamentales, y Colombia aún tiene muchas falencias en la materia.

Según datos de Dejusticia, los principales problemas del país en materia jurídica tienen que ver con “la orientación y asistencia jurídica, la decepción en el desempeño de autoridades administrativas y particulares y la demora procesal”.

Por lo que es urgente que el Estado en su conjunto se la juegue por una reforma a la justicia que permita mejorar estos aspectos y que facilite que todos los ciudadanos puedan acudir a mecanismos adecuados, oportunos y simples para resolver sus necesidades.

En materia económica, la Ocde sugiere varios cambios de regulación, sobre todo en temas comerciales, tributarios, pensionales y laborales. Según la filosofía de la organización, dichas medidas permitirán crear un ecosistema estable propicio para la inversión y el libre comercio, lo que facilitará un crecimiento económico sostenible.

Combatir la corrupción, la violación de derechos humanos y los daños en contra del medio ambiente es una prioridad para este ‘Club de buenas prácticas’.

Hoy la responsabilidad en afrontar estas problemáticas no solo recae en los gobiernos. El sector privado también tiene que participar activamente y es allí donde el compliance, o cumplimiento, entra a jugar un papel importante.

Para hablar de compliance es necesario mencionar la famosa Ley Antisoborno de Estados Unidos (Foreign Corrupt Practice Act –Fcpa–), que nació por los escándalos de corrupción que se destaparon en 1977 tras el conocido caso de Watergate, y que castiga a empresarios que cometan actos ilícitos tanto en Estados Unidos como en el exterior. A pesar de su antigüedad, hoy cobra más vigencia que nunca con situaciones como la de Odebrecht.

Las compañías están entendiendo lo importante que es contar con políticas de buenas prácticas corporativas, y el compliance es la herramienta más efectiva para hacerlo, porque es un conjunto de procedimientos que facilitan la pronta identificación y clasificación de riesgos en materia legal, y al mismo tiempo busca implementar mecanismos internos de prevención, gestión y control.

No obstante, Alberto Lozano, socio de Cavalier, considera que aplicar estas políticas dentro de las empresas no es tarea fácil, porque “las empresas tienen que entender cómo funcionan y después tienen que saber cómo aplicarlas (...), monitorear el cumplimiento demanda una gran cantidad de recursos técnicos y económicos”.

En este sentido, María Carolina Pardo, socia de Baker McKenzie, argumenta que “muchas empresas tienen miedo al compliance por la carga regulatoria, sin embargo, el tema se va a ir moviendo cada vez más. Ya las multinacionales están tomando el tema muy a pecho”.

Zuleta rescata que “ya hay varias entidades del Estado que están incluyendo las directrices y buenas prácticas de la Ocde, y algunas empresas del sector privado también están haciendo el ejercicio. Chocolate Luker y Bancolombia son dos casos”.

Para José Miguel de la Calle, socio de Garrigues, los avances en compliance en Colombia aún son muy abstractos y no se han desarrollado lo suficiente. Por ello, es fundamental estandarizar la práctica y hacer cambios legislativos para incentivar a todos los sectores.

Es importante implementar políticas de Estado que den dientes a los organismos de control, por ejemplo, la responsabilidad penal para las personas jurídicas.

“Las firmas de abogados van a tener un papel determinante en esta materia, asesorando a las compañías y haciendo tareas de verificación como vigilantes externos” puntualiza de la Calle.

El reto es tan significativo que las firmas locales están invirtiendo en programas de capacitación en la materia, incluso enviando abogados a formarse en firmas del exterior. Pero, debido al auge del compliance a nivel global y la escasez de expertos, muchos talentos no regresan.

Para Sergio Michelsen, socio de Brigard Urrutia, esto es un reto interesante al que deben medirse no solo abogados expertos en temas comerciales, sino también los penalistas. El socio hizo referencia a leyes internacionales que han marcado la pauta en temas de corrupción, como Fcpa de Estados Unidos y el UK Bribery Act (del Reino Unido), así como en los acuerdos transfronterizos de corrupción.

Las recomendaciones de la Ocde facilitarán una sinergia entre el Gobierno, las empresas y la sociedad civil, que permitirá mejorar la imagen y la confianza del país.

Esto no se dará de la noche a la mañana y los resultados serán plausibles en 15 o 20 años. Siempre y cuando el país logre poner en práctica políticas de Estado y no solo de gobierno, como suele suceder.

EDICIÓN 562

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