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| 12/23/2019 3:53:00 PM

Uber y Picap piden al Gobierno abrir mesas de diálogo para su regulación

Uber y Picap dieron a conocer su posición frente a las decisiones tomadas por la Superindustria y la Supertranspore, en la que aseguran que estas pueden no solo afectar al ecosistema emprendedor, sino también a los millones de usuarios que optan por estos servicios.

Como era de esperarse las plataformas que fueron objeto de una serie de decisiones drásticas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y de la Supertransporte salieron a defender su operación. 

Sin duda el primero en reaccionar fue Uber, que luego de ser notificado sobre la orden de suspensión de sus operaciones emitida por un juez, resaltó cómo su actividad se ha convertido en un sustento para miles de hogares en el país y para el desarrollo del país. 

“Desde hace 6 años Uber ha sido parte del desarrollo del país y ha mejorado las opciones de movilidad de millones de personas. Hoy es una opción tecnológica para más de dos millones de ciudadanos en Colombia y contribuye en la generación de oportunidades para más de 88.000 socios conductores, muchos de ellos discapacitados, mujeres y cabezas de familia, que han optado por un alternativa de autoempleo flexible para mejorar su calidad de vida”, señaló en una carta abierta publicada el fin de semana. 

En la misiva, la compañía también aseguró que el fallo, “contrario a las pruebas, ley, jurisprudencia y conceptos de esa entidad", violó el debido proceso y los derechos constitucionales, ordenando el cese de prestación de servicio. Para Uber, esta decisión atenta contra los usuarios, los socios conductores y la tecnología. “Además de violatoria del derecho, esta decisión, que resulta contradictoria con las banderas de innovación, emprendimiento y economía naranja que el Gobierno Nacional defiende y promueve”, dijo la plataforma. 

Recalcó que este tipo de decisiones afectan el progreso científico y tecnológico, y perjudican la capacidad de generar o implementar modelos disruptivos necesarios para el bienestar de la sociedad. 

Ante esto, la compañía hizo un llamado para generar espacios con Gobierno, Congreso y gremio de taxistas, con el fin de generar una hoja de ruta que permita avanzar con la regulación de estas plataformas.  “Los tiempos cambian y es fundamental que las normas de cualquier país en el mundo logren adaptarse a la forma en la que evolucionan las sociedades”, puntualizó.

Picap, por su parte, también reaccionó a la notificación de la orden de liquidación de la plataforma dada por la Superintendencia de Transporte, entidad que considera la actividad de esta compañía como ilegal e insegura para los usuarios. 

En un video el representante legal de la compañía, Héctor Neira, resaltó el aporte en temas de movilidad y en generación de empleo que ha traído la plataforma. “Picap ha generado más de 250 empleos directos y ha apoyado a más de 250.000 usuarios conductores a generar ingresos adicionales para sus familias. Estos ingresos pueden oscilar entre los 150.000 y los 200.000 pesos diarios”, dijo. En temas de movilidad, Neira afirmó que la plataforma ha ayudado a más de 2 millones de ciudadanos que han realizado más de 15 millones de servicios dentro del ecosistema. 

En cuanto al tema de inseguridad, uno de los puntos tocados por la Supertransporte, Neira afirmó que existe un alto nivel de desinformación sobre la accidentalidad de Picap, pues según datos de la compañía, el índice de accidentalidad de la plataforma está en alrededor del 0,001%. Además puntualizó que cuentan con una póliza de accidentes que cubre tanto a los usuarios como al socio conductor. 

“Picap es un emprendimiento que tiene operaciones en más de ocho países de Latinoamérica y nos hemos enfocado en desarrollar operaciones locales para que todos los ingresos que se generen, se reinviertan evitando la salida de flujo de capitales y aportando cada día más al crecimiento de la economía”, señaló. 

En cuanto a la decisión, Picap considera que este tipo de decisiones deben ser revisadas rigurosamente, pues son muchos los afectados. También solicitaron al Gobierno abrir mesas de concertación para revisar en detalle las apuestas de este tipo de compañías y así “poder construir país juntos en el cual las reglas de juego se dicten claras desde el comienzo y permitan apoyar a quien realmente interesa, a los colombianos”, afirmó Neira. 

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