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| 9/7/2019 12:01:00 AM

2018 un gran año para la industria legal

El sector de los abogados vive un auge: sus ingresos ya superan $2 billones cada año, con crecimientos de doble dígito. Ranking de los mayores bufetes.

Algunos sectores ven con pesimismo la economía nacional, por cuenta de la baja dinámica del crecimiento, el aumento del desempleo, la volatilidad del dólar y la polarización política. Pero otros vienen moviéndose con un interesante dinamismo.

Todas las decisiones importantes del país, tanto del sector público como del privado, necesitan de un concepto jurídico. Se trata de compras y fusiones de compañías, grandes negocios y estructuraciones financieras, litigios y controversias en los campos privado y público, todo enmarcado en el poder de las altas cortes que definen el camino a seguir. Este panorama le ha dado a la industria legal un impulso sin precedentes en los últimos años.

Hoy fondos extranjeros invierten sumas millonarias en empresas colombianas. Surgen nuevos frentes de negocio, adquisiciones en sectores energéticos e hidrocarburos y grandes proyectos de infraestructura. Todo ello muestra nuevas dinámicas en las cuales los servicios legales desarrollan un papel preponderante.

Carlos Umaña Brigard Urrutia.

Por otro lado, el país ha presenciado hitos en fallos de tribunales nacionales e internacionales frente a controversias millonarias como el pleito en la Ruta del Sol II entre la Nación y el consorcio compuesto por Odebrecht, Corficolombiana y el grupo Solarte. O el reciente fallo en el litigio internacional con la minera Glencore por el contrato para explotar carbón en la mina Calenturitas.

Estos dos ejemplos permiten confirmar el gran movimiento que ha adquirido el ecosistema jurídico del país. Según datos aportados por la Cámara de Servicios Legales de la Andi, Colombia cuenta con más de 550 firmas que en 2018 generaron ingresos operativos por $2,19 billones. Cifra que muestra un crecimiento significativo, al compararla con los resultados de 2017, cuando los ingresos estuvieron por el orden de $1,5 billones. 

Esta industria está segmentada en varios grupos. En el primero se encuentran las llamadas ‘Big four’ –Deloitte, PricewaterhouseCoopers, KPMG, y Ernst & Young (EY)– grandes empresas de auditoría y consultoría con presencia a nivel global. Ofrecen múltiples servicios, entre ellos los legales. 

Conforman el otro grupo grandes firmas full service de reconocida trayectoria como Brigard Urrutia, Baker McKenzie, Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), Posse Herrera Ruiz, Gómez Pinzón, entre otras. Estas concentran 50% de los ingresos y lideran algunas de las movidas legales más importantes en el país, sobre todo en temas de fusiones y adquisiciones.

Otro segmento muy influyente incluye a las firmas especializadas o boutique, que trabajan áreas de práctica específicas. Belisario, Godoy Córdoba, Chapman & Asociados y López & Asociados son algunas de ellas. Según cifras de la Cámara de Servicios Legales, este tipo de firmas aportan 28% de la facturación. El porcentaje restante (22%) corresponde a otros servicios legales y de apoyo. 

Jaime Herrera Posse Herrera Ruíz

A pesar de que cerca de 90% de las firmas son nacionales, una buena porción de bufetes internacionales ha aterrizado en el país por medio de alianzas, asociaciones o fusiones. Los ingresos de firmas colombianas equivalen a 87%, mientras las internacionales con presencia en el país representan 13%. Este sería el caso, por ejemplo, Baker McKenzie, DLA Piper Martínez Beltrán, Dentons Cárdenas y Cárdenas, CMS Rodríguez Azuero, o, bajo otro modelo, Garrigues y Holland and Knight. 

En cuanto a ubicación, 90% de las oficinas están concentradas en Bogotá. Pero hay un movimiento importante en otras ciudades del país, en especial en algunas con gran presencia empresarial como Cali (2%) y Medellín (5%). Ciudades como Barranquilla (1%) y Bucaramanga (2%) son un mercado potencial y están en la mira de las grandes firmas, por el crecimiento económico que han tenido en los últimos años. Así mismo, las grandes firmas del país apuestan por abrir oficinas en otras ciudades en un intento por captar más clientes. 

Perspectivas de la industria

A pesar de las tensiones económicas y políticas del país –o precisamente por eso–, en materia legal hay un futuro prometedor. Desde la óptica de los negocios y las operaciones empresariales, muchos no lograron concretarse por incertidumbres jurídicas y en algunos casos tributarias, pero la posibilidad de nuevos desarrollos de negocios aumenta.

José Luis Suárez Gómez Pinzón

Por ejemplo, en el campo de la infraestructura. El fallo del tribunal de arbitramento de la concesión de Ruta del Sol II dejó un sinsabor en los bancos y podría demorar algunos cierres financieros de proyectos de Cuarta Generación (4G). Pero analistas consideran que viene una ola de ventas de segundo mercado; es decir, proyectos que ya están adjudicados y en marcha que podrían tener nuevos socios. Tampoco se descarta que avancen cierres financieros de 4G y una dinámica adicional en el desarrollo de iniciativas privadas.

De otro lado, está en diseño la estrategia de venta de activos de la Nación, cuyo apoyo legal ya se empieza a vislumbrar. Posse Herrera Ruíz se quedó con la estructuración jurídica de la operación de venta del 51% que tiene la Nación en Interconexión Eléctrica S.A. (ISA). Y falta definir qué pasa con las posibles ventas de Ecopetrol, Cenit y de cómo se conforma la poderosa holding financiera de instituciones estatales. Además, también tendrán desarrollo e implicaciones las reformas del Gobierno, por ejemplo, en cuanto al Mercado de Valores o las regalías.

Por otro lado, los litigios y, en especial, los arbitrajes de inversión también van a estar a la orden del día en tribunales nacionales e internacionales, para resolver varios procesos activos contra la Nación. En algunos, como el de Gas Natural Fenosa con la operación de Electricaribe, están en juego $5,1 billones de pesos. O el de América Móvil, que tiene pretensiones superiores a $3 billones, o hasta el mismo de Odebrecht, por $3,8 billones de pesos.

El caso de Electricaribe no solo cubre una agenda en la demanda internacional que cursa. También en la definición del Gobierno sobre los nuevos operadores que atenderán ese mercado.

Martín Acero PPU.

En el derecho de la competencia, las disputas continúan y cobran cada vez mayor relevancia por casos de colusión en licitaciones públicas y carteles empresariales. El país está a la expectativa de dos importantes fallos de investigaciones que adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Se trata de Ruta del Sol II, contrato que ordenó liquidar en una medida cautelar y en cuya concesión participaron Odebrecht, Corficolombiana y el grupo Solarte. Por otro lado, la supuesta colusión en el contrato del tercer carril de la vía Bogotá-Girardot. Esto, sumado a pesquisas sobre nuevos carteles, como el recién anunciado de los tubos, y a definiciones en sectores como el de giros.

Así mismo, el país espera decisiones trascendentales para el futuro que tienen en sus manos las altas cortes. Allí sobresalen las demandas de inconstitucionalidad a la Ley de Financiamiento, al Plan Nacional de Desarrollo y a la Ley TIC, que pasaron por el Congreso. También, al cierre de esta edición crecía la expectativa sobre lo que decidan el Consejo de Estado acerca del fracking, y la Corte Constitucional sobre el decreto conocido como la línea negra que protege sitios sagrados de los indígenas en la Costa Caribe, mientras amenaza el desarrollo inmobiliario y hasta el energético. Sin duda, marcarán la agenda de la industria legal colombiana y tendrán grandes repercusiones, especialmente en las áreas tributarias, de fusiones y adquisiciones y de inversión.

También tendrá protagonismo la movida de los nuevos modelos de negocio. Nuevos nichos como el cannabis, las fintech y el auge de las plataformas digitales como Rappi, Uber y muchas más, representan un desafío para el sector legal y para el Gobierno. En efecto, las regulaciones no van a la misma velocidad que el desarrollo de los negocios.

Colombia además le apuesta a reformas y ajustes en materia legal, en especial en los compromisos adquiridos con el ingreso a la Ocde. También en materia de comercio exterior habrá que ver hacia dónde avanza la discusión con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, qué impactos tendrá en Colombia y cual estrategia legal servirá para responder mejor a cualquier amenaza o para aprovechar una oportunidad. 

Tatiana Garcés Baker McKenzie.

Todo esto sumado a una gran preocupación por la seguridad jurídica y la corrupción, que día a día pone en juego al país. Las decisiones, no solo judiciales, sino también administrativas, la diferencia en criterios de interpretación de las entidades de control y vigilancia, así como la dispersión normativa y territorial, hacen tambalear el sistema de administración de justicia.

Los abogados piden reglas de juego claras, con mano dura contra la corrupción, que además debe involucrar a las facultades de derecho del país, para graduar abogados calificados y éticos. En las próximas páginas, una radiografía del panorama nacional y de los negocios de los juristas en Colombia.

Ficha técnica:

*Encuesta enviada por correo electrónico en el mes de agosto de 2019.

Firmas participantes: Brigard Urrutia;Baker McKenzie;Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría; Posse Herrera Ruiz; Gómez-Pinzón Abogados; Belisario Velásquez & Asociados; Lloreda Camacho & CO; Godoy Córdoba Abogados; Dentons Cardenas & Cardenas; Garrigues; Olarte Moure & Asociados; De La Espriella Lawyers Enterprise; Pinilla González & Prieto Abogados; Holland & Knight Colombia; Cavelier Abogados; Pinilla González & Prieto Abogados; López Asociados; Esguerra Asesores Jurídicos; Brigard Castro; Araújo Ibarra Consultores en Negocios Internacionales; Durán & Osorio Abogados Asociados; Chapman & Asociados; Godoy & Hoyos Abogados; Cuberos Cortés Gutiérrez Abogados; Mauricio Pava Penal Corporativo, Muñoz Tamayo & Asociados, CMS Rodríguez-Azuero; Cáez Muñoz Mejía Abogados; Gamboa, García & Cardona Abogados; Palacios Lleras; C&R Law; Medellín y Durán Abogados; Márquez Robledo; Cañón & Cañón Abogados; Quiñones Cruz Abogados; Pilonietalvarez; Coral Delgado & Asociados; Archila Abogados; Consultores Unidos Asociados; Aruna Asesores; Uribe Henao Abogados S.A.S; Wolf Mendez Abogados y Asociados; Wolf Mendez Abogados y Asociados; Vera Abogados Asociados; Serrano Martínez; Monroy Torres Abogados; Beltrán Pardo Abogados y Asociados; Moreno Servicios Legales; Torres Fernández de Castro Abogados; Juridex Abogados; Aristizabal Abogados Consultores; Arbelaez & Gattás; Grupo AZC; B&B Abogados; SanintRivas S.A.S;Legal Mentors S.A.S; GHER & Asociados Abogados S.A.S.; FCD Abogados SAS; Rodríguez Bravo; Abogados SAS; Bermúdez Durana Abogados SAS; Mendoza Abogados; Abela Maldonado y Asociados; Álvarez Liévano & LasernaS.A.S; Archila Abogados; Jaeckel Montoya Abogados; Leyva Ontier; Urdaneta Vélez Pearl & Abdallah Abogados; Mpa Abogados;Carlos Cuesta Díaz & Asociados Ltda; Cremades & Calvo Sotelo Abogados: Dla Piper Martínez Beltrán; Duarte Garcia Abogados S.A.S; Estudio Legal Hernandez; EY (Ernst & Young Sas); Governance Consultants; Kpmg Advisory, Tax & Legal Sas; Martínez Abogados Consultores; Mbcr - Márquez Barrera Castañeda & Ramírez; Zuleta Abogados; Pabón Abogados; Parra Rodríguez Abogados; Sanclemente Fernández Abogados S.A.; Uribe Largacha Asesores;Ustariz & Abogados Estudio Jurídico; Velez Jaramillo Asociados; Abusaid Gomez & Asociados Sas; Advocat Servicios Legales Sas; Alberto Preciado & Asociados; Andrés Orión Álvarez Abogados; Arce Rojas Consultores; Arevalo & Arevalo Abogados; Arroyave & Asociados Consultores; Aslabor Ltda; Baquero & Asociados; Barrios & Montenegro Abogados; Botero Salazar Tobón; Buritica Abogados; Cahn-speyer, Paredes & Asociados; Cardozo Ordoñez Ltda; Carrero & Asociados; Castillograu Abogados; Castro Leiva Rendon Abogados S.A.S.;Chemas Jaramillo Asociados;Cifuentes & Uribe; Clarke Modet; Contexto Legal: Correa Merino Abogados; Cortés Romero & Asociados; Dac Beachcroft Colombia; De Vega & Asociados ;Del Valle Mora Abogados;Deloitte; Díaz Escandón Abogados; Equm Consultoria Legal y Tributaria; Escallón Morales & Associates; Escandón Abogados; Espinosa Abogados; Figueroa Sierra & Asociados Abogados S.A.S.; Forero Medina & Abogados Asociados; Franco Murgueitio & Asociados; G & G Asesores Laborales; Gallego Abogados S.A.S; Gamboa & Chalela Abogados ;Garrido & Asociados; Gil Roa Abogados; Heli Abel Torrado & Asociados; Herrera Laboristas; J. Correa & Abogados;Jaime Augusto Lombana Villalba; Jaime Granados Peña & Asociados; Juan Carlos Palau Abogados; León & Asociados; Lewin & Wills; Lizarazu, Sossa, Peña & Lozano Abogados; Llorente Rosas Abogados; Macías Gómez & Asociados; Mario Iguarán Abogados Asociados SAS; Mauricio A. Plazas Vega Abogados & AsociadosMedina Muñoz y Abogados; Moncada Abogados; Mora & Mora Abogados; Moreno & García Abogados; Mosquera Abogados SAS; Muñoz Abogados; Nicolás Pareja y Asociados SAS; Olano & Olano Asociados; Orozco Legal & Co.; Palacio Jouve & García Abogados; Pardo y Asociados Estrategias Tributarias S.A; Parra Nieto Abogados;Peña Mancero Abogados; Pinilla Plazas & Asociados ;Pinzón Pinzón & Asociados Abogados; Prevención Legal; Prias Cadavid Abogados; Quintero y Quintero Asesores S.A.;Raisbeck & Castro;Ramírez y Cardona Abogados SAS; Reyes Abogados Asociados; Ricaurte Rueda Abogados; Rua Abogados & Consultores; Rubio Escobar Abogados Consultores; Saavedra Becerra Abogados; Salazar Abogados; Salazar, Pardo & Jaramillo (SPJ); Suescún Abogados; T.C Abogados SAS; Tamayo Jaramilllo & Abogados; Tannus & Asociados; Tobar & Romero Abogados; Torrado Angarita & Pinzón Abogados; Torrás Abogados; Tovar Fajardo & Asociados Abogados;Triana, Uribe & Michelsen; Valencia Botero y Asociados SAS; Velasco Abogados; Velez Gutiérrez Abogados SAS; Von Bila De La Pava Bertoletti; Vs+M Abogados; Wiesner & Asociados Ltda; Zuluaga & Durán Abogados.

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