Debate por ley de plazos justos

La solicitud de los empresarios del país representados en la Andi de archivar el Proyecto de Ley de Pago a Plazos Justos -con el cual se pretende que a los pequeños, micro y medianos empresarios les paguen sus facturas máximo a 60 días-  desató una gran polémica.

Según el gremio de los industriales, el proyecto no atiende los intereses de todos los actores de la cadena, ni tiene en cuenta las implicaciones macro y microeconómicas que se derivan de un proyecto de esta naturaleza. Además no hace una sustentación rigurosa, en opinión de la Andi. entidad que afirmó que sus comentarios no han sido tenidos en cuenta hasta el momento.

Ante estas afirmaciones el autor del proyecto en la Cámara –que ya fue aprobado en segundo debate - Mauricio Toro del partido Alianza Verde, se mostró preocupado que luego de seis audiencias públicas a las que se invitaron a todos los actores, la ANDI haya decidido participar solamente en la última, y hoy presente solicitud de archivo para el proyecto.

“Nosotros hemos llevado a cabo un debate amplio y sincero, lo que permitió que el Proyecto fuera aprobado por unanimidad en Comisión III (primer debate) y en Plenaria de Cámara con gran mayoría (segundo debate). La posición de la Andi de solicitar simplemente el archivo del proyecto es un claro mensaje de que no están dispuestos a dialogar y construir. Las Mipymes y los emprendedores necesitan ayudas reales y esta será una de las medidas más importantes que podamos tomar desde el Congreso”, afirmó Toro.

En el documento de 22 páginas enviado al Congreso de la República, la Andi liderada por Bruce Mac Master afirmó que el proyecto puede tener efectos contrarios al objetivo que persiguen y limitar el crecimiento de las pymes pues las pondría en desventaja para competir con las importaciones y habría incentivo por parte de las grandes empresas a conseguir proveedores por fuera del país. Además, los empresarios afirman que se afectaría de manera sensible las compañías del sector de la salud.

Respecto a los cuestionamientos de constitucionalidad y conveniencia hechos por la Andi en el documento, el Representante Toro manifiesta que en las audiencias y en los debates de Cámara de Representantes se debatieron a profundidad dichos temas y esa fue la razón por la que todas las bancadas apoyaron definitivamente la iniciativa.

En estos momentos al Proyecto le hace falta dos debates en Senado. Sin embargo, en un hecho poco frecuente, la Comisión III de Senado designó a 8 ponentes de todos los partidos.

Este video fue realizado para impulsar la campaña de pago a 60 días

Finalmente, Toro invita al diálogo abierto y sincero “aprovecho para invitar una vez más a la Andi y a Fenalco para que contribuyan al proyecto y desistan de su petición de archivo. Esto es una necesidad de país y es una urgencia para las pequeñas y medianas empresas. No podemos seguir confundiendo y dilatando, en Cámara logramos concertar con el apoyo de todos los partidos, y vamos a lograr lo mismo en Senado. El pago a plazos justos será una realidad prontamente”.

La Andi dijo estar de acuerdo en que esta medida se aplique solo en el caso de las micro y pequeñas empresas, y emprendedores. Esto es, excluyendo a las medianas y promover un proyecto de consenso.

En Colombia se volvió costumbre que muchas de las grandes empresas tengan como política de pago cancelarles a sus proveedores más pequeños como pymes y microempresas a 60, 90 o muchos más días. Con esto juegan a mejorar sus márgenes y hacer un negocio financiero, mientras que a las empresas pequeñas esto les genera iliquidez, mayores costos y muchas veces los obliga a endeudarse excesivamente. Es decir, los pequeños negocios terminan financiando a los grandes.

Un grave problema para el desarrollo empresarial del país considerando que las pymes no solo representan cerca de una tercera parte del PIB sino que generan más del 90% del empleo en el país. Ante esto el proyecto busca establecer unos tiempos máximos de pago para generar una cultura de pronto pago en el país.

Obviamente, hay sectores importantes que defienden la iniciativa. La Cámara de Comercio de Bogotá, presidida por Mónica de Greiff, emitió este miércoles un comunicado donde señala que el tema es sensible para las pequeñas empresas, pues en muchos casos la supervivencia de ellas está asociada al flujo de caja.

“Al igual que en el país, en la estructura empresarial de la ciudad predominan las micro (88%) y pequeñas empresas (8%), para un total de 96%. El más reciente estudio de causas de liquidación de empresas, realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá en 2018, concluyó que, en términos financieros, la falta de liquidez es el principal síntoma que precede el cierre de una empresa, ya que lleva a los empresarios a iniciar y mantener sus actividades con recursos propios o a endeudarse con altas tasas de interés”, señala el comunicado.

La entidad recordó que el año pasado fueron liquidadas 23.000 empresas en la Capital.

“Según los resultados de la Gran Encuesta a la Microempresa, realizada por Anif en el 2018, el acceso de las microempresas al crédito es inferior al 20%, su capacidad de ahorro es cercana al 30% y casi la mitad se mantiene por fuera del sistema financiero, lo que permite establecer que para el desarrollo de sus actividades dependen fundamentalmente del efectivo”, explica la entidad.

El documento finaliza señalando que “para la Cámara de Comercio de Bogotá el proyecto de ley de pagos en plazos justos pretende eliminar las cargas que asumen las pequeñas y medianas empresas cuando al suscribir contratos con las grandes deben acoger el pago a 90 o 180 días. De hecho, el pago de sus facturas es, en la práctica, su capital de trabajo, la fuente de ingresos para mantener su actividad. Por lo anterior, la Cámara de Comercio de Bogotá considera que el proyecto de ley es pertinente y necesario para fortalecer la base empresarial e invita al Senado de la República a respaldar esta iniciativa legislativa”.

Muchos han sido los obstáculos que ha tenido que enfrentar el proyecto de ley “Pago a Plazos Justos. El Congreso tiene la responsabilidad de acabar con esta práctica de las grandes compañías de financiarse con sus proveedores más pequeños, evitando que sean discriminados o se produzca una sustitución por importaciones. El reto es cumplirle a un sector que representa el 96% de las empresas de este país.