Empresarios del gas natural, a la espera de las nuevas tarifas

Hace unas semanas en el Congreso de Naturgas el experto comisionado de la Creg, Christian Jaramillo, resaltó la condición provisional de las tarifas que la Comisión emitió en el 2017 para el sector del gas natural en medio de los reclamos de los mismos empresarios por las tarifas, su vigencia y las necesidades de modificar las reglas a la luz de la coyuntura nacional.

Una de las quejas principales de estas resoluciones la hizo evidente el mismo presidente de Promigas, Antonio Celia, al señalar que luego de haber sostenido una misma tarifa durante 9 años, el ente regulador la había reemplazado por una con vigencia de 10 años para un sector que ha aportado el 1,5% del crecimiento del PIB.

Jaramillo aseguró en esa oportunidad que “la Comisión trabaja en la metodología definitiva sobre la base de una discusión ordenada, cuya regulación se espera este año”.

Tanto Jaramillo como los empresarios del sector se referían a dos resoluciones emitidas por la Creg en 2017 y que fueron reglamentadas entre enero y febrero de este año.

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En el caso de los pequeños distribuidores, una resolución de enero de este año definió que el cargo máximo base de comercialización por redes de tubería debía mantenerse tal cual como rige desde 2003 y a la espera de una nueva regulación en el marco tarifario para el gas natural.

Y para el transporte a gran escala, la Creg estableció una fórmula que incluye el costo promedio del transporte en el mes, compuesto por los cargos en dólares por volumen y los pagos de impuestos por el mismo transporte y actividades relacionadas; el volumen de gas transportado; los ingresos por venta de capacidad y la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para el último día de cada mes.

Además, advirtió el regulador que “bajo ninguna circunstancia el comercializador podrá trasladar a los usuarios costos de transporte de gas superiores a los resultantes de aplicar lo dispuesto por la Creg para el servicio de transporte a usuarios regulados”.

De acuerdo con los mismos empresarios del sector, estas tarifas son insuficientes para cubrir los gastos por inversión y mantenimiento que requieren las redes, la logística necesaria para garantizar el servicio a todo el país y mantener la rentabilidad del sector.

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Las empresas también fueron claras con la Creg al señalar que no se oponen a la regulación. Lo que pasa es que esta debe cambiar y hacerse, entre otras cosas, mucho más flexible y que permita e incentive la entrada de nuevos jugadores para quitarle la estructura de monopolio al negocio.

La otra preocupación, tanto del Gobierno como del sector privado, es la llegada del gas off shore al país. Esta nueva fuente del combustible, cuyas reservas por ahora tienen un máximo de 7 años, requiere nuevas condiciones en el mercado para su explotación, entrada a tierra y transporte por todo el país.

Argentina fue ejemplo hasta hace poco. La regulación que se generó en la década de los 90 para el sector del gas natural incentivaba la inversión, la entrada de nuevos actores y por supuesto el desarrollo de la industria al vigilar, pero permitiendo contratos a muy largo plazo y que se firmaban entre los mismos privados, no con intervención del Gobierno como por ahora sucede en Colombia.

Las inversiones para la exploración y explotación del gas offshore del país, sobre el cual ya se han hecho anuncios sobre descubrimientos, necesitan de una entidad que incentive el crecimiento del negocio y la aparición de nuevos jugadores, unida a una regulación que permita altos volúmenes de producción y transporte con amplios plazos de financiación.

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