Estas cifras significan que un número importante de municipios del país están en riesgo porque las empresas prestadoras de estos servicios no están preparadas para afrontar inundaciones, crecientes súbitas, avalanchas o deslizamientos provocados por la temporada de lluvias.

Por esa razón, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), inició un programa para acompañar y capacitar a las prestadoras de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo del todo el país, en la formulación y actualización de los PEC, así como orientar el reporte que deben realizar al Sistema Único de Información (SUI).

“Vamos a enseñarles a los pequeños acueductos veredales, municipales y de las ciudades capitales, a formular -cumpliendo los requisitos mínimos- el plan de emergencia y contingencia para mitigar los riesgos por la temporada de lluvias, lo cual permitirá que no se afecte la calidad y continuidad en el suministro de agua a los colombianos”, explicó el superintendente, José Miguel Mendoza.

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En la actualidad, según el Ideam, hay más de 500 municipios en riesgo en el país, porque los eventos invernales impactan directamente en la infraestructura, generando colapsos en las bocatomas, plantas de potabilización, tuberías de conducción de agua potable o tanques de almacenamiento. De ahí la necesidad para que los alcaldes y las empresas prestadoras, elaboren y presenten sus PEC.

El programa de acompañamiento está a cargo de funcionarios de la Superservicios y del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, e inició en Medellín con la participación de los representantes de las prestadoras de Antioquia y el Eje Cafetero.

Entre ellas se destacan la Empresas Públicas de Medellín (EPM), Empresa Metropolitana de Aseo (Emas), Serviaseo, Corporación de Acueducto Multiveredal Santa Elena y la Asociación de Usuarios de Servicios de Barcelona, Quindío.

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Vale decir que, en los próximos días, la Superservicios expedirá una Circular Externa dirigida a los prestadores del servicio para fijar las acciones que deben adoptar, particularmente en presentar sus PEC y definir sistemas de alerta que permita no solo minimizar la pérdida de vidas y daños de la infraestructura, sino asegurar el abastecimiento de agua y la provisión de servicios de saneamiento.