En los últimos 16 años el Gobierno Nacional ha expedido 94.748 normas factor que evidencia que Colombia se encuentra en un escenario de hiperregulación, en el que se enfrentan distintas dificultades, entre las que se destacan la falta de una política en la materia y de un órgano responsable de ejecutarla.

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Así lo señala un informe presentado este jueves durante el Congreso Nacional de Comerciantes de Fenalco y en el que se advierte además que las entidades administrativas que mayor producción de decretos generan son los ministerios con el 78,6 por ciento para 2016.

Las cifras entregadas durante el evento son las siguientes:

Normas de 2000 a 2016: 94.748

Decretos: 17.168

Circulares: 2.376

Acuerdos: 2.057

Otros: 4.449

Según los comerciantes estas reglamentaciones generan deberes u obligaciones no previstos antes de elegir el curso de acción para una inversión privada.

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De igual forma, los textos, según aseguran los comerciantes, son ambiguos acerca de la ejecución de actividades que se encuentran prohibidas por la normativa.

Sumado a lo anterior se advierte que estas normas generan complejidad técnica en el lenguaje y adicionalmente, no hay coordinación institucional, por lo cual hay una regulación simultanea desde diferentes entidades.

Al respecto el Gobierno Nacional recalcó que la producción normativa ocupa un espacio central en la implementación de políticas públicas, siendo el medio a través del cual se estructuran los instrumentos jurídicos que materializarán gran parte de las decisiones del Estado, y cuyo impacto es tan importante como el de la política fiscal y monetaria.

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Incluso asegura que durante las últimas décadas se han desarrollado herramientas y estándares que garanticen normas de calidad alineadas con el interés general y que respondan a evidencias que justifiquen su existencia.

Fuentes del Gobierno Nacional insisten que desde el Estado se está trabajando en diferentes frentes para disminuir los trámites, agilizar la justicia y apoyar al aparato productivo nacional en el frente normativo.

Prueba de ello, agregan, es la expedición del Conpes 3816 que aprobó los lineamientos para sentar las bases de la política de mejora normativa: análisis de impacto normativo y que solicitó a las entidades involucradas su adecuada y oportuna implementación.

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En el mismo documento Conpes, se solicitó al Departamento Administrativo de Presidencia de la República, al Departamento Administrativo de la Función Pública, y al DNP adelantar las acciones necesarias para facilitar la institucionalización del Análisis de Impacto Normativo en el proceso de emisión normativa de la Rama Ejecutiva de orden nacional, agregaron fuentes del DNP.

En la defensa a las cifras presentadas por los comerciantes, las autoridades nacionales aseguraron que a la fecha el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo trabaja en el acompañamiento de la implementación de las acciones incluidas en el documento Conpes para impulsar lo que denominaron la descongestión normativa.

Informes de la  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)  evidencian que una política de mejora normativa asegura la eficiencia económica y social de las normas al incorporar herramientas durante el proceso mediante el cual el gobierno, luego de identificar un objetivo de política pública, determina si empleará la normatividad como instrumento de política, evalúa alternativas y adopta la norma a través de un proceso de toma de decisiones basado en evidencia.

Respecto de este tema Planeación Nacional señaló que la experiencia internacional ha evidenciado la confluencia de tres elementos mínimos a través de los cuales se puede mejorar la calidad de las normas: una política explicita con respaldo de alto nivel del gobierno; una institucionalidad especializada encargada de la ejecución de la política; y las herramientas para implementar y asegurar estándares de calidad.