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Magnate mexicano Carlos Slim. | Foto: Archivo Semana

Negocios

El imperio de Slim está blindado

En México nadie puede pasar un día sin pagar al menos un centavo a algunas de las empresas del magnate Carlos Slim.

13 de marzo de 2013

El ambicioso plan del Gobierno mexicano para traer más competencia en el mercado de telecomunicaciones quebrando el dominio de magnates como Carlos Slim y Emilio Azcárraga podría tardar en arrojar frutos, y apurar sus pasos podría traer más problemas que beneficios.

En México, un país de 115 millones de habitantes, se dice que nadie puede pasar un día sin pagar al menos un centavo a algunas de las empresas de Slim, y dentro de ese imperio América Móvil domina el 70% del mercado de telefonía móvil.

Los televidentes, en tanto, pasan horas y horas frente a la tele mirando programas de Televisa, la firma de Azcárraga que es el mayor productor de contenidos de TV en español del mundo.

Ese es un escenario que lleva años consolidándose, pero el presidente Enrique Peña Nieto presentó esta semana -junto con partidos de oposición- una reforma para aumentar la competencia en el sector y mejorar el acceso de los mexicanos a los servicios. Según legisladores, será aprobada rápidamente.

Algunas de las medidas propuestas, como el límite máximo de un 50 por ciento a la participación de empresas en sus mercados, reglas más estrictas a los operadores más grandes y hasta la posibilidad de forzar desinversiones son vistas como necesarias para buscar aumentar la competencia y el acceso en los mercados. Pero algunos analistas dijeron que podrían generar efectos adversos y sacudir el valor de las firmas.

"La ley crea un nuevo nivel de riesgo en términos de dirección, amplitud de acción y el tiempo de la regulación en contra de los grandes jugadores (del mercado de telecomunicaciones y medios) en México", dijo en un reporte Gregorio Tomassi, de Itaú BBA.

El sólo hecho de pensar en un rápido desarme de la enorme masa de clientes de móviles o internet de América Móvil preocupa a algunos analistas.

Jorge Negrete, de la consultoría Mediatelecom Policy & Law, se preguntó qué pasaría si esa firma es forzada a reducir de un golpe su participación en el mercado celular.

"¿Quién le va a donar a quién cuentas de banda ancha, o cuentas telefónicas, o vas a dejar desconectada a buena parte de la población?", se preguntó el experto.

Los ingresos totales de Telcel, la unidad en México de América Móvil, alcanzaron el año pasado 271,004 millones de pesos, unos 21,000 millones de dólares. Esa cifra indica que encontrar un comprador tampoco será cuestión de días.

"El impacto no será en el muy corto plazo (...) Si van a forzarlos (a América Móvil) a que vendan no sería mañana, sería en un plazo de varios años", estimó Martín Lara, analista del grupo financiero Actinver.
La reforma, que incluye cambios a la Constitución mexicana que requieren el voto de dos terceras partes del Congreso, también debe ser aprobada por los congresos locales de las 32 entidades federativas del país.

México rezagado

México es la casa de América Móvil -líder del mercado de telecomunicaciones regional- pero está rezagado en términos de penetración de móviles y servicios de telecomunicaciones frente a Brasil, Argentina y Chile.

La penetración de móviles en México, donde también opera la gigante global Telefónica, entre otros, es de alrededor del 86 por ciento, mientras que varios países de la región ya superan la marca del 100 por ciento.

Y según un reporte reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) México ocupa los últimos lugares en penetración de internet de banda ancha tanto móvil como de línea fija en el grupo de 34 países.

El sector de las telecomunicaciones creció un 13.4 por ciento en el 2012, a tres veces la tasa de 3.9 por ciento de la economía mexicana, pero críticos señalan que la concentración y la falta de oferta le restan dinamismo y no ayuda lo suficiente al desarrollo de la segunda economía latinoamericana.

El mercado se está anticipando a una eventual brusca transformación del sector y mientras castiga a las acciones de las líderes del sector, suben las acciones de sus pequeños competidores.

Los papeles de América Móvil cayeron cerca del 5.7 por ciento hasta el martes y las de Televisa bajaron un 1.1 por ciento. Y el miércoles las acciones de la gigante de Slim caían casi un 8 por ciento adicional, mientras que las de Televisa perdían otro 2.12 por ciento.

¿Televisa menos afectada?

Televisa, por su parte, podría ser afectada por los artículos de la reforma que la obligarían a compartir sus señales de TV abierta -que tienen más de la mitad de la audiencia nacional- con empresas de TV de paga más chicas. También podría tener que transmitir gratis las señales de otras televisoras en su amplia red de operadoras de cable.

Eso podría afectar las ventas de canales de Televisa, que el año pasado representaron 3,189 millones de pesos, un 4 por ciento de sus ingresos netos del 2012.

Pero la regulación que prevé la licitación de dos cadenas de TV abierta nacionales y la creación de una cadena pública nacional -con el objetivo de incrementar la competencia- podría evitar que Televisa deba hacer desinversiones masivas.

"Con la integración de las dos nuevas cadenas de televisión abierta, habría qué hacer una nueva medición de la participación de mercado que tiene (Televisa), que probablemente seguiría siendo alta, pero tal vez no incurriría en este aspecto de la dominancia de mercado", dijo Andrés Audiffred, analista bursátil del banco Ve Por Más.

Arma disuasiva

El "músculo" del Gobierno en el nuevo esquema reguladora que propone es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, porque podrá ordenar las desinversiones, dijo Ernesto Piedras, de la consultoría The Competitive Intelligence Unit.

"El pivote va a ser esa institución", comentó, señalando que actualmente uno de los mayores problemas del sector ha sido la limitada capacidad de las autoridades para hacer cumplir las normas.

E incluso podría tratarse de una herramienta de carácter más bien disuasivo, para hacer que las empresas se muevan en el sentido deseado por el Gobierno.

"Es un arma de negociación", dijo Nymia Almeida, analista senior de finanzas corporativas de Moody's. "Ahora, si las empresas deciden negociar muy duro y el regulador se harta, pues podría usarlo".

REUTERS / D.COM