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| Foto: Estraval Semana

CAPTACIÓN

A 99 meses de prisión habrían sido condenados dos directivos de Estraval

Los cobijados con la medida serían Rosalba Fonseca e Iván Castiblanco Fúquene. Por su parte, Fernando Joya al ser considerado como testigo estrella recibiría una condena de 26 meses.

11 de septiembre de 2017

Dinero acaba de conocer que Rosalba Fonseca, quien sería considerada como uno de los principales cerebros de Estraval en la crisis de las libranzas, habría sido condenada a 99 meses de prisión.

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Igual condena habría recibido Iván Castiblanco Fúquene, otro de los posibles vinculados al proceso de Estraval donde según cifras preliminares se ejecutaron operaciones por cerca de 800 mil millones de pesos.

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Hay que recordar que desde el pasado 18 de agosto Rosalba Fonseca, se habría allanado a cargos ante la justicia.

Este proceso viene avanzando desde el pasado 25 de enero cuando la Fiscalía General de la Nación imputó ante el Juzgado 26 Penal Municipal de Bogotá, con función de garantías, los delitos de estafa agravada, captación masiva y habitual de dineros del público, no reintegro producto de la captación, lavado de activos, concierto para delinquir, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito, en contra de siete directivos de la firma Estraval.

Los afectados con esa decisión judicial en ese momento fueron “César Fernando Mondragón, Juan Carlos Bastidas Alemán y José Iván Castiblanco Fúquene, cofundadores y directivos de la captadora ilegal”, aseguró la Fiscalía.

De igual forma fue imputada la representante legal Rosalba Fonseca Melo, el director y representante legal de la empresa de Tecfinsa, Pedro Hárold Carvajal, así como Fernando Joya Rodríguez, gerente operativo de Estraval y Ángela Marina Daza Saavedra, gerente comercial.

Informes de la Fiscalía advierten textualmente que “les ofrecían a los inversionistas paquetes de libranzas y luego de hacer negocio, con la fuerza de ventas se iban a conseguirlas o a clonar pagarés en el mercado financiero”.

Los organismos de control incluso aseguraron que en Estraval se “vendían toda clase de libranzas ya fueran siniestradas, prepagadas, en mora y las que ya estaban maduradas, es decir las que ya habían sido pagadas por los deudores”.

Incluso, el ente acusador aseguró que en dicho proceso se ofrecía la compra de la cartera con bajos intereses y después hacían firmar tres o cuatro pagarés y no les aprobaban o les negaban el negocio. Esos títulos valores eran ofrecidos en el mercado financiero como si fueran deudas existentes.

La Fiscalía informó además que en el inventario hecho por los investigadores en Estraval, fueron hallados 81.787 pagarés de libranza, de los cuales habían sido duplicados 8.241 títulos. Otros 9.812, no tenían flujo de dinero por ser ya cancelados por los clientes.

Hay que recordar que en este proceso, se allanaron Iván Castiblanco Fúquene y Fernando Joya, operativos de la compañía.

Estas personas habrían decidido someterse a sentencia anticipada aceptando los delitos de captación masiva y habitual y enriquecimiento ilícito, falsedad y estafa agravada.

La liquidación parece avanzar por buen camino

Luis Fernando Alvarado, liquidador de Estraval, anunció desde el pasado 8 de mayo que había logrado recuperar $9.542 millones en depósitos judiciales, $4.867 millones embargados en bancos y otros $3.855 millones en certificados de depósito a término (CDT´s), además de $13.551 millones en pagadurías y $6.416 millones en un encargo fiduciario.

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El paso por la Superintendencia de Sociedades

En la Superintendencia de Sociedades el proceso se solidificó a mediados de junio de 2016 cuando a través del Auto 400-009330 de junio de 2016, se decretó de oficio la apertura del proceso de liquidación judicial de Estrategias en Valores S.A.- Estraval S.A., así como de tres de sus compañías vinculadas.

El auto, que también cobijó con a Técnicas Financieras, Estrategias en Liquidez y Estradinámicas, incluyó el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y derechos de estas sociedades.

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La decisión se tomó luego de una serie de visitas realizadas por las delegaturas de Inspección, Vigilancia y Control y de Asuntos Económicos y Contables, en las que se evidenció la imposibilidad real de satisfacer las obligaciones adquiridas con sus principales acreedores.