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| 12/9/2019 11:19:00 AM

Rappi y el lío de propiedad intelectual que ahora enfrenta

Tres empresarios colombianos presentaron una demanda contra los fundadores Simón Borrero Posada, Felipe Villamarín y Sebastián Mejía por una supuesta apropiación ilegal del modelo de negocio.

Este año parece ser el de las malas noticias para Rappi. Además de estar en el ojo del huracán por las condiciones laborales de los rappitenderos y por la eventual vulneración de los derechos del consumidor, lo que está mirando la Superintendencia de Industria y Comercio, la plataforma deberá enfrentar ahora un proceso jurídico en su contra por la posible apropiación ilegal del modelo de negocio.

Tres empresarios colombianos, con trayectoria de más de 20 años en diferentes sectores, iniciaron un proceso en contra de los creadores de Rappi Simón Borrero Posada, Felipe Villamarín y Sebastián Mejía, por usurpar la idea del negocio que, según la demanda, pertenecía a los demandantes Mauricio Paba, José Mendoza y Jorge Uribe. 

Según contó a Dinero Nathalie Lozano Blanco, abogada a cargo y vocera del caso, lo tres empresarios vieron una oportunidad de negocio en la creación de una plataforma que permitiera contactar a los usuarios con otras personas dispuestas hacer todo tipo de diligencias. De acuerdo con la abogada, como parte del desarrollo para el lanzamiento al mercado de su modelo de negocio, los empresarios contrataron los servicios de la empresa Imaginamos, de la que Simón Borrero era fundador y representante legal, con el objetivo de que los asesoraran en algunos temas técnicos del montaje de la aplicación. 

Esto permitió a Borrero tener acceso a información confidencial y privilegiada sobre los aspectos de dicho negocio, lo que, al parecer, les permitió desarrollar la plataforma tal y como se conoce el día de hoy. “Los demandados tuvieron todo el acceso a la información del negocio, tomaron la idea y desarrollaron el modelo de negocio Rappi”, afirmó Lozano. 

Lozano explicó que desde hace más de un año se ha venido trabajando con los tres empresarios y un grupo de abogados para adelantar la demanda. En este tiempo, además de la recopilación de pruebas, se ha llevado a cabo un análisis de las condiciones legales de los mercados en donde opera Rappi. “Actualmente se encuentra en trámite una demanda ante una Corte Federal de los Estados Unidos con jurisdicción en el Circuito judicial del Norte de California, que será estudiada por jueces especializados en asuntos de propiedad industrial, innovación y tecnología. La evidencia técnica existente y relevante para el caso será revelada y discutida únicamente en las instancias judiciales”, afirmó Lozano. 

En Colombia, se presentó ante la Fiscalía General de la Nación, una denuncia por la comisión de delitos de utilización indebida de información privilegiada, violación a la reserva industrial y comercial, violación de derechos morales de autor y enriquecimiento ilícito de particulares. 

De acuerdo con Lozano, en Estados Unidos ya se asignó una juez  y en los primeros meses del 2020 iniciarán las audiencias para avanzar en el caso. Se espera que haya una decisión en el 2021. En el caso de Colombia, el proceso avanza de igual manera. “Si sale a favor nuestro, será un precedente muy importante no solo para mis clientes, sino para los innovadores. Es muy importante que hacia futuro quede claro para cualquier joven que esté montando su negocio que sepa que su idea va a ser protegida. Creo que es una forma importante de proteger la innovación y el trabajo que hacen las personas cuando empiezan a emprender”, afirmó Lozano. 

El proceso tiene como objetivo reconocer que los empresarios Mauricio Paba, José Mendoza y Jorge Uribe fueron los que idearon la plataforma y que se reparen los perjuicios causados a los demandantes, cifra que aún no se ha determinado y que conocerá conforme avance el proceso. 

Ante este hecho, los fundadores de Rappi se pronunciaron asegurando que lamentan que “personas oportunistas busquen tener algún reconocimiento con este tipo de acusaciones sin fundamento”. “Tanto Rappi como sus fundadores no han recibido copia alguna ni han sido notificados de la supuesta denuncia ante las autoridades colombianas,y, por lo tanto, se abstendrán de dar declaraciones”, aseguraron en un comunicado.

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