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En la reactivación del sector aéreo, Avianca entrará a operar 14 rutas nacionales. | Foto: Guillermo Torres

AEROLÍNEAS

El crédito de la discordia a Avianca

El Gobierno desató una tormenta en el país al anunciar un préstamo a Avianca hasta por US$370 millones, como parte del financiamiento de su operación.

4 de septiembre de 2020

Justo al empezar la reactivación aérea en el país, tras casi seis meses de parálisis, y cuando se alistaba para atender 14 rutas nacionales, una nueva turbulencia sacudió a Avianca. El Gobierno anunció que le prestará hasta US$370 millones con recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), para apoyarla en su proceso de financiación para enfrentar el impacto de la pandemia. Este la llevó a acogerse al Capítulo 11, la Ley de Bancarrotas de Estados Unidos.

Con los aeropuertos cerrados y las rutas canceladas, Avianca se enfrentó a una situación que profundizó la crisis financiera que traía. A tal punto que, según sus cuentas, necesita para enfrentar el impacto unos US$2.000 millones, más de $7 billones.

Pero el préstamo no cayó bien y desató una turbulencia política y económica.

El presidente Iván Duque dijo que es un crédito, que no es barato, y que no es un subsidio. “Es un crédito de carácter contingente y que protege entre empleos directos e indirectos a cerca de 500.000 puestos de trabajo en el país”.

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El Ministerio de Hacienda resaltó la importancia de la aerolínea en la conectividad y su papel en la reactivación. Juan Alberto Londoño, viceministro de Hacienda, dijo que “no se hace para salvar a los accionistas, sino para asegurar el servicio público que requiere el país para salir de esta emergencia”.

“Más de 50% del transporte aéreo de Colombia lo cubre Avianca. Si no se rescata, recuperar la conectividad puede durar más de 4 años”, agregó el funcionario. Y advirtió: “$20 billones le costaría al país dejar de tener una empresa como Avianca y reemplazarla por una nueva. Dejaríamos de tener conectividad, perderíamos turismo y las empresas no tendrían como sacar los productos”.

Sin embargo, el debate no se hizo esperar. Iván Marulanda, senador del Partido Verde, señaló en un trino que “los colombianos con 15 millones de jóvenes fuera de las aulas, la mayoría sin conexión a internet ni computador ¡Y el Gobierno entregándole a Avianca $1 billón! ¡Empresa quebrada de tiempo atrás!”.

Otros argumentaron las dificultades que tienen, en especial muchas pymes, para acceder a créditos del sistema financiero, así cuenten con las garantías del Gobierno. Y, además, advirtieron que con esta decisión el propio Gobierno patrocina los monopolios y las posiciones de dominio en mercados concentrados, y podría ir en contra del derecho a la igualdad. Además, insistieron en que la crisis mundial no es financiera y que, por el contrario, en los mercados hay liquidez para este tipo de procesos. Máxime cuando Avianca tiene garantías como su participación de más de 70% en LifeMiles, en su momento considerada más valiosa que la misma aerolínea.

El crédito generó un nuevo foco de tensión entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el Gobierno. López dijo: “Millones de desempleados, microempresas, comerciantes, los sistemas de transporte masivo y los entes territoriales llevamos meses presentando propuestas de préstamos y salvamento sin recibir ninguna respuesta. Raya con la corrupción y el autopréstamo que se privilegie a Avianca!”. El Gobierno respondió que apoya 35.000 mipymes y 1,3 millones de trabajadores en Bogotá. “¿Y ud.? Hace un mes, Findeter asignó crédito $280.000 millones para salvar TM, no los ha usado, ¿omisión es corrupción?”.

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Esta noticia llegó solo unos días después de conocida la captura en Brasil de Germán Efromovich y su hermano José, por el pago de unas supuestas coimas a cambio de contratos de una subsidiaria de Petrobras en ese país.

Efromovich aún es el máximo accionista de Avianca, pero no puede ejercer los derechos políticos ni económicos. En efecto, United ejerció la prenda de las acciones que le dio Efromovich, luego de que éste incumplió una deuda por US$465 millones que tenía con la aerolínea estadounidense.

Hoy administra esas acciones Kingsland, firma del otro accionista de Avianca, Roberto Kriete, quien mantiene una férrea disputa con Efromovich. El caso en Brasil nada tiene que ver con Avianca, pero puede generar ruido en la búsqueda de recursos.

El contexto

Los gobiernos del mundo, ante la pandemia, no perdieron tiempo en rescatar las líneas aéreas. El alemán capitalizó con más de 9.000 millones de euros a Lufthansa, Francia le entregó 7.000 millones de euros a Air France y Estados Unidos hizo giros multimillonarios para mantener su estructura aérea en pie.

En América Latina, Colombia hizo de los primeros movimientos con este anuncio. Pero no muchos lo han hecho. Por eso las aerolíneas buscan otros caminos.

Como advirtió en el programa de Dinero en Semana TV, Santiago Álvarez, presidente de Latam en Colombia, el juez que adelanta el trámite de reestructuración de esta aerolínea en Nueva York, bajo el Capítulo 11, tiene sobre la mesa dos propuestas. Una que incluye a los accionistas representados en la familia Cueto y Qatar que comprometieron hasta US$900 millones y el fondo Oaktree Capital, que está dispuesto a llevar hasta US$1.300 millones. Y, por el otro lado, el banco de inversión Jefferies que está aportando US$2.100 millones en circunstancias distintas. El juez definirá en las próximas semanas cuál propuesta ganará.

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“Desde el principio insistimos en la ayuda de los gobiernos. En abril pusimos sobre la mesa una solicitud de ayuda financiera. Pero cuando aparecieron estas dos opciones, decidimos retirar la solicitud de ayuda al Gobierno colombiano. En este momento sigue abierta la posibilidad de que entren gobiernos a financiar la compañía, pero lo haría solo si se requiere más adelante”, dijo Álvarez.

El crédito que anunció el Gobierno ya está en la mira de los organismos de control. El procurador Fernando Carrillo le envió 18 preguntas al Gobierno para que explique las razones que motivaron el préstamo.

Por su parte, la Contraloría solicitó al Ministerio de Hacienda precisar las garantías dispuestas y cómo la Superfinanciera controlará el crédito. Además, el Congreso, al cierre de esta edición, analizaba la posibilidad de abrir una moción de censura contra el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. La discusión apenas comienza.

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