| 10/4/2017 11:55:00 AM

Conalvías interpone tutela al Estado para ser borrado del Boletín de Responsables Fiscales

Si prospera la tutela contra la SuperSociedades y la Contraloría, Conalvías podría ajustar los pagos asociados a un fallo de responsabilidad fiscal que suma $173.908 millones por sobrecostos en obras de Transmilenio de la calle 26. La compañía advierte que corre riesgo de liquidación.

La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá acaba de admitir una acción de tutela promovida por Conalvías Construcciones, en contra de la Superintendencia de Sociedades y la Contraloría General de la República. El objetivo de la compañía es ser excluida del Boletín de Deudores Fiscales.

Hay que recordar que la Contraloría publica con periodicidad trimestral un boletín que contiene los nombres de las personas naturales o jurídicas a quienes se les ha dictado fallo con responsabilidad fiscal en firme y ejecutoriado y no hayan satisfecho la obligación contenida en él.

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La historia

El 17 de diciembre de 2010 la Contraloría General de la República inició un proceso de responsabilidad fiscal en contra de Conalvías Construcciones por el presunto detrimento patrimonial de la ejecución del Contrato IDU 137 de 2007.

Documentos de la entidad advierten que en línea con esta actuación, se profirió un fallo de responsabilidad fiscal que le obliga a Conalvías a pagar $173.908 millones por los sobrecostos de las obras del Transmilenio de la calle 26.

Luego de esto, el 2 de octubre de 2015, la Superintendencia de Sociedades admitió a Conalvías al proceso de reorganización empresarial contemplado en la Ley 1116 de 2006.

En el curso del proceso de reorganización, la Superintendencia convocó para el 28 de abril y el 4 de mayo de 2016 a una audiencia en la cual se buscaba resolver las objeciones que presentaran los acreedores de la compañía.

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El 29 de abril y el 4 de mayo de 2016, en atención a las medidas cautelares decretadas dentro del proceso de responsabilidad fiscal, la Contraloría solicitó que se excluyeran todos los bienes sobre los cuales estaban constituidas garantías en favor del ente de control.

El 16 de noviembre de 2016, la Contraloría emitió un fallo dentro del proceso de responsabilidad fiscal, condenando a Conalvías a pagar solidariamente, el supuesto detrimento originado por el Contrato IDU 137 de 2007.

Contra dicha decisión, Conalvías interpuso los recursos de ley, y en audiencia del 19 y 20 de diciembre de 2016, la Contraloría ratificó la condena.

El 6 de diciembre, Conalvías solicitó a la Supersociedades decretar una medida cautelar innominada, encaminada a que el ente de control no inscribiera a la sociedad en el Boletín de Deudores Fiscales.

Tiempo después, el 3 de enero de 2017, la Contraloría ordenó la inscripción de Conalvías dentro del "Boletín de Deudores Fiscales", lo cual, según representantes de la firma “contraviene la orden judicial del juez del concurso de fecha 22 de diciembre de 2016”.

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Ante esto, el propio abogado de Conalvías asegura que “la inscripción en el Boletín de Responsables Fiscales, le impide a la empresa participar en licitaciones con el Estado, lo cual, desde la inscripción y hasta la fecha, le está impidiendo, el ejercicio de su objeto social, contratar y generar recursos para cumplir con las obligaciones acordadas en el acuerdo de reorganización”.

Este hecho, agrega, ya ha llevado a Conalvías a solicitar a sus acreedores una reconsideración del plazo para el pago de sus deudas, que de no ser aceptada, en un tiempo no muy cercano llevará a la compañía a la liquidación.

¿Qué ha dicho la contraloría al respecto?

El ente de control le obligó a pagar $173.908 millones por los sobrecostos de las obras del Transmilenio de la calle 26.

En su momento advirtió que la compañía intenta que se le desembargue su maquinaria y salir del Boletín de Responsables Fiscales, de tal manera que pueda seguir contratando con el Estado.

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¿Qué ha dicho la Supersociedades?

La Superintendencia de Sociedades aclaró en su momento que en todos los procesos judiciales de insolvencia procura la protección del crédito y la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, siempre bajo el criterio de agregación de valor.

Y aseguró que adelantará todas las gestiones que le sean conducentes para procurar la satisfacción de todos los acreedores y realizará todas las acciones que sean necesarias para determinar responsabilidades por el pago de las deudas, si a ello hubiere lugar.

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