Comienza juicio por escándalo de prótesis mamarias

La empresa Poly Implant Prothèse (PIP), del francés Jean-Claude Mas, fabricaba ilegalmente implantes mamarios con una silicona industrial barata que representa graves riesgos para la salud. Desde este miércoles, Mas y cuatro de sus antiguos empleados rinden cuenta ante la Justicia en Marsella. Mas se enfrenta a una condena de hasta cinco años de cárcel por engaño grave al consumidor y fraude, aunque la instrucción por la sospecha de lesiones físicas imprudentes aún no ha concluido. En el proceso penal, considerado uno de los mayores de la historia francesa, participan como demandantes más de 5.000 mujeres de todo el mundo.

Para estos miles de mujeres, el juicio supone al menos algo de justicia, pues en marzo de 2010 se enteraron de que sus implantes son especialmente susceptibles a sufrir roturas, por lo que fueron retirados del mercado. A finales de 2011 llegó la noticia más aterradora: las autoridades sanitarias francesas recomendaron, en una iniciativa sin precedentes, la retirada de los implantes de PIP a las mujeres afectadas. Las autoridades alemanas hicieron la misma recomendación.

Según datos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), en España se calcula que los implantes se realizaron a unas 18.500 mujeres y el número de prótesis implantadas ascendía a 37.000. El Instituto Federal de Medicamentos y Productos Médicos en Alemania (BfArM) estima que más de 5.000 mujeres recibieron implantes PIP en el país. En todo el mundo, las autoridades estiman que se usaron hasta medio millón de implantes.

Como demandantes se presentaron más de 5.000 mujeres de todo el mundo.

¿Y los controles?
Muchas de las víctimas se preguntan cómo es posible que el escándalo pudiera ocultarse por tanto tiempo. En torno a 1.600 mujeres y comerciantes de todo el mundo no sólo demandaron a PIP, sino que además interpusieron una querella civil contra la organización certificadora alemana TÜV Rheinland.

En esta demanda, acusan a TÜV de haber realizado una chapuza y exigen una indemnización de más de 50 millones de euros. No obstante, las posibilidades de éxito en el proceso civil son pocas. La certificadora rechaza todas las acusaciones y se presenta a sí misma como víctima. El propio Mas, de 73 años, reconoció haber engañado a TÜV durante años. Para encubrir el fraude, Mas ocultó a la certificadora todos los documentos que pudieran ser sospechosos. Algo que no resultaba difícil, pues TÜV anunciaba sus visitas siempre con diez días de antelación, señaló el empresario en el protocolo de la investigación.

El escándalo se descubrió cuando se acumularon los reportes sobre el riesgo de desgarro del producto. Además, en 2009 se produjo una denuncia anónima del fraude. Pero hasta hoy sigue sin estar claro desde cuándo PIP usaba la silicona no autorizada y los acusados se contradijeron en los interrogatorios.

Mas pretende librarse de las acusaciones de riesgo para la salud de las mujeres, y afirma que la silicona ilegal que utilizó no presenta peligro alguno. Hasta el momento no se ha probado relación alguna entre los implantes y la aparición de cáncer, pero sí que esta silicona barata puede causar infecciones si se filtra por un desgarro. El juicio oral que comenzó este miércoles debe durar hasta el 17 de mayo. Se espera un fallo judicial para finales de año.