¿Llegó el fin de la carrera? Cómo entender la eventual salida de Uber del país

La salida de Uber desató una tormenta en el sector de transporte en el país. Mientras los taxistas celebran la decisión que tomó un funcionario de la SIC, como juez, miles de personas lamentaron esta determinación, que va mucho más allá del retiro de una empresa del mercado.

Se trata, ni más ni menos, de la necesidad de ajustar las políticas y regulaciones a nuevos tiempos y escenarios de competencia que, gracias a la innovación y al desarrollo tecnológico, generan nuevos jugadores para sectores establecidos, así como la urgente necesidad de nivelar el terreno de juego y crear las mejores condiciones de competencia para todos.

Y, aunque se vendrá una puja de egos y conveniencias, no cabe duda de que esta es la oportunidad para poner sobre la mesa esta discusión, que se debió dar antes y que tiene en el limbo la capacidad del país para adaptarse a los cambios que traen las nuevas tecnologías.

¿Qué pasó?

El 20 de diciembre de 2019 la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dio a conocer el fallo expedido por un juez que ordenó suspender las operaciones de Uber, en desarrollo de una demanda presentada por Cotech en 2016. La decisión, en primera instancia, se tomó luego de determinar que Uber había incurrido en competencia desleal, pues al prestar un servicio de transporte sin cumplir con el marco jurídico estaba en el mercado con una serie de ventajas sobre sus competidores.

La orden exigía a la compañía suspender sus actividades de manera inmediata en tres modalidades Uber, Uber X y Uber Van. Y también ordenaba a los operadores, en un plazo de 31 días, desconectar la aplicación. El proceso involucró no solo a Uber Colombia, sino también a las empresas Uber Technologies en Estados Unidos y Uber BV en Holanda, según explicó el superintendente, Andrés Barreto, porque están involucradas en las actividades alegadas por los demandantes. Así mismo, aclaró que las decisiones tomadas por el juez están basadas en el marco normativo actual teniendo en cuenta el vacío jurídico que existe en el país. Uber apeló la decisión por considerarla arbitraria y en contra del ordenamiento jurídico colombiano. Dos semanas después anunció su salida del país para el 31 de enero.

¿Qué está pasando?

Las reacciones no se hicieron esperar y las medidas, aunque tarde, comenzaron a aparecer. Dos días después de que Uber informara su retiro, el Gobierno anunció que reglamentará las aplicaciones similares en el país. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, aseguró que iniciará una serie de conversaciones con empresas y usuarios para llevar al Congreso de la República una reforma que dé luz verde al funcionamiento de este tipo de plataformas. Actualmente en el Congreso cursan dos iniciativas que buscan regularlas. La primera es el proyecto de ley 292 de los representantes Mauricio Toro (Alianza Verde) y Edwin Ballesteros (Centro Democrático), que está enfocado en transporte. El segundo es el de los senadores Rodrigo Lara (Cambio Radical) y Álvaro Uribe Vélez (Centro Democrático) que tiene como eje central el aspecto laboral de las plataformas de la economía colaborativa. El Gobierno dijo que respaldaría el proyecto de Toro y Ballesteros, sin embargo habrá que esperar a que inicien las discusiones en marzo, el desarrollo de las mesas de negociación y la reacción de los taxistas, que desde ya mostraron su descontento con las iniciativas.

Implicaciones

El hecho ha generado controversias en aspectos de competencia, jurídicos y hasta políticos.

Aunque la decisión fue emitida por un juez, el suspender las operaciones y ordenar la desconexión de la aplicación ha dejado en entredicho la labor de la SIC. Expertos aseguran que haber cerrado las puertas a Uber antes de exigirle cumplir las normas vigentes y adecuarse al régimen legal, va en contra de la doctrina que permite la competencia y evita la conformación de monopolios en el país. De igual manera, el proceso pone en duda la actividad que realiza Cotech, empresa demandante, que durante el interrogatorio afirmó que no es una compañía de transporte. Por otro lado está la demanda internacional que plantea Uber contra Colombia por violación del TLC con Estados Unidos. Algunos sostienen que esa decisión no será fácil para la empresa, pues no tendría cómo demostrar la existencia de inversiones en el país basadas en el tratado. Otros, por el contrario, aseguran que la compañía podría argumentar un trato injusto e inequitativo. Finalmente, está la orden a las empresas de telecomunicaciones de desconectar la aplicación. Además de ser un tema técnico de gran complejidad, la orden pone a tambalear la ley de neutralidad de red, que permite la circulación libre de contenidos en internet, salvo en restricciones como la pornografía infantil.

Efectos

Serán más de 2,2 millones de usuarios los afectados por la salida de Uber del mercado colombiano. También serán 88.000 conductores que, a falta de la aplicación, optarán por unirse a las otras para mantener sus ingresos y no quedar en el aire. Por otra parte, la decisión deja un panorama de inseguridad para plataformas como Beat, DiDi, InDriver, incluso las de patinetas, que deberán enfrentar las demandas que prepara el gremio de taxis en su contra. También se ha advertido sobre el impacto que tendrá la salida de la compañía del país en la confianza inversionista que con gran esfuerzo ha logrado erigir el país y, probablemente, el panorama emprendedor y de economía digital que tanto promueve el gobierno de Iván Duque podría experimentar una fuga de nuevos empresarios, que verán mejores condiciones en otros mercados. Y, sin duda, el sector de transporte, que ha estado ajeno a las manifestaciones sociales de los últimos meses, podría tener un papel importante en las que se avecinan. Esta coyuntura implicará retos para todas las partes, que también estarán atentas de lo que pase en el mundo para lograr una regulación que avance al ritmo de la innovación y la tecnología.