Nuevo round entre Claro, Telefónica y el Gobierno será en tribunales internacionales

El triángulo de relaciones entre Claro – Telefónica – Gobierno Nacional tendrá un nuevo round pero esta vez en los tribunales internacionales. Así se desprende de la más reciente comunicación enviada por Comcel en el que textualmente afirma que:

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Este martes 29 de agosto “su subsidiaria Comunicación Celular, S.A. (Comcel) ha dado cumplimiento, bajo protesto y con reserva de sus derechos y los de sus accionistas, a la obligación de pago contenida en el laudo emitido en el arbitraje iniciado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (“MinTIC”) en contra de COMCEL, en relación a su pretensión de que se declare la validez de la cláusula incluida en los contratos de concesión relacionada con la reversión de los activos afectos a la prestación del servicio móvil que operaba COMCEL a 2013”.

No obstante, la compañía advirtió de forma tajante que el laudo emitido en el arbitraje en Colombia ha sido impugnado por Comcel conforme a la legislación vigente en Colombia.

Y advierte además que la sociedad agotará todas las instancias legales, nacionales e internacionales, a su alcance en contra de dicho laudo.

Sumado a lo anterior, agrega la sociedad en agosto de 2016, AMX inició un arbitraje bajo el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia (“TLC México – Colombia”) respecto a ciertas medidas adoptadas por Colombia contra las inversiones de AMX y COMCEL en violación TLC México – Colombia y al derecho internacional.

Lo que dijo el Ministro de Hacienda

Este martes sesionó el Conpes y este autorizó la capitalización de Coltel, sociedad que opera bajo la marca de Movistar en Colombia (una de las empresas de Telefonía Móvil).

Hay que recordar que Coltel es de propiedad en un 67,5 por ciento de Telefónica de España y en un 32,5 por ciento del Gobierno Nacional.

La capitalización autorizada por el Conpes se dio en dos tramos así:

Un primer tramo de 4,8 billones de pesos que corresponde al pago del Parapat para que los pensionados tengan la total tranquilidad de que cuentan con los recursos para el pago de sus pensiones. Casi 16 mil personas.

El otro tramo es el correspondiente al laudo arbitral para el cual Coltel tiene que pagar 1,65 billones de pesos.

También se capitaliza a la sociedad para que haga ese pago del laudo arbitral.

En resumen se pagan 4,8 billones de pesos para pensiones y 1,65 billones de pesos para el pago del laudo arbitral que es un ingreso para el Gobierno Nacional.

La Nación saldrá de su participación en Coltel

El propio ministro de Hacienda recalcó que el Gobierno Nacional ha insistido que no tiene vocación de permanencia en el negocio de telefonía móvil.

Ese es un negocio para el sector privado, aseguró el jefe de la cartera de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría. Por tanto, agregó, el 32,5 por ciento, de propiedad del Gobierno Nacional en esa sociedad (en Coltel, que opera la marca de Movistar en Colombia) debe ser enajenado.

“El sector privado es quien debe estar en ese papel y en esa función y el Gobierno debe ser el regulador. De manera que estamos dando los pasos necesarios para poder llegar a ese punto de enajenar las acciones del Gobierno Nacional”, agregó.

Lo que dijo Telefónica

Culminada parte de la novela, Telefónica emitió un informe público en el que aseguró que la Asamblea de Accionistas de Colombia Telecomunicaciones (Coltel) aprobó el proceso de capitalización de la sociedad por 6,45 billones de pesos, con el objetivo de prepagar las obligaciones que la compañía mantiene con el Patrimonio Autónomo Receptor de los Activos de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Parapat) y cumplir el fallo del laudo emitido en su contra en las últimas semanas. 

La capitalización, agregó Telefónica, contempla saldar el compromiso de Coltel con el Parapat, que asciende a 4,8 billones de pesos, más 1,65 billones de pesos correspondientes al pago ordenado por un tribunal de arbitramento convocado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), en el contexto de las discusiones sobre la reversión de activos.

Así las cosas, Telefónica, con el 67,5 por ciento de la sociedad aseguró que aportará recursos en efectivo por 4,35 billones de pesos y La Nación-Ministerio de Hacienda, que posee el 32,5 por ciento de las acciones, concurre con un monto igual a 2,1 billones de pesos sin desembolso de recursos por parte de La Nación.

Incluso, luego de serios rumores de crisis de la compañía, con esta jugada, la compañía aseguró que “deja atrás la causal de disolución que enfrentaba y mejora su posición financiera en beneficio de sus clientes, empleados y sociedad en general”.

La historia

Las dos multinacionales de telecomunicaciones fueron condenadas a pagar más de $4,7 billones, los cuales están representados de la siguiente manera: $3,1 billones a Claro (Comcel) y $1,6 billones contra Colombia Telecomunicaciones (Telefónica Movistar).

Las compañías tenían un plazo de quince días hábiles para hacer este pago o de lo contrario correrán intereses moratorios a la tasa máxima prevista en la ley.

El Tribunal estuvo conformado por Juan Pablo Cárdenas, María Teresa Palacio y Jorge Pinzón Sánchez.

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La controversia jurídica tiene sus orígenes en 2013, cuando la Corte Constitucional advirtió que a los contratos de concesión que, a mediados de la década de los 90 le dieron vía libre a la telefonía celular, se les aplica la cláusula de reversión de activos así leyes posteriores hayan desmontado ese concepto.

El fallo tomó como período para la reversión de 1994 a 2013.

En febrero del año pasado el MinTIC convocó a un tribunal de arbitramento en Colombia ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, a Claro –América Móvil– y Movistar –Telefónica.

En dicho tribunal se le solicitó la reversión de todos los activos.

Sin embargo, al parecer la sentencia de la Corte no era clara  en torno a qué activos se iban a revertir, cuál sería su valor –ya que la Corte dejó abierta la posibilidad de una compensación económica– y desde qué fechas se hacía efectiva.

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Las partes envueltas en esta discusión habían puesto sobre la mesa varias propuestas, entre ellas, dejar en la reversión los activos obligatorios correspondientes al plan mínimo de expansión y que quedaran por fuera los voluntarios.

Mientras esta discusión se desarrollaba en el plano local, América Móvil (Claro) ya había escalado este tema a nivel internacional.

En una comunicación ante el Ciadi, la compañía de telecomunicaciones advirtió que Colombia violó el tratado al expropiar sin compensación el derecho de propiedad de Comcel –hoy Claro– sobre los activos incluidos en los contratos de concesión.

“Colombia no solamente se ha apropiado de los bienes de Comcel afectados a las concesiones, sino que también determinó que Comcel debe pagar una contraprestación económica para seguir usando los bienes de la propiedad”,argumentó Claro en su momento.

Además expuso que “Colombia se negó a liquidar los contratos de concesión e inició el arbitraje doméstico contra Comcel solicitando la reversión de la totalidad de los activos”.

Tras conocerse la noticia Claro informó que estudiaría el alcance del laudo proferido para “tomar las acciones legales nacionales e internacionales correspondientes, en defensa de sus legítimos intereses, los de sus trabajadores, usuarios y accionistas”.

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“De acuerdo con las leyes aplicables del Congreso de la República, la reversión debía aplicarse únicamente sobre el espectro radioeléctrico, con el fin de fomentar la inversión y la modernización del servicio de telecomunicaciones en el país”, añadió la compañía en un comunicado de prensa. 

Por esta razón, dijo que rechazaba el cambio al marco jurídico existente y bajo el cual aseguraba que había hecho “importantes inversiones en el país”. A su juicio, estos eran “cambios que afectaban elementos tan indispensables como el derecho a la propiedad privada y la certeza jurídica necesaria para la promoción de inversiones en el país, mismas que habían permitido el desarrollo de un sector vital para el bienestar de los colombianos”.

De otra parte, Telefónica Colombia simplemente manifiestó que analizaría el contenido de la decisión y adoptaría las acciones legales para “la defensa de sus intereses y garantizar la prestación del servicio a todos los colombianos”.