No sólo Drummond paró

Tras la suspensión de las operaciones de la Drummond por orden del Minambiente, Dinero.com conoció la situación de los demás puertos a los que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, les abrió investigación por el cargue de carbón en barcazas.

Fuentes de Colombian Natural Resources, le dijeron a Dinero.com, que la investigación abierta por las autoridades debe obedecer a actividades preventivas y no a una falta en el cumplimiento de la ley que prohibía el cargue de carbón en barcazas desde el primero de enero de 2014.

Señala la fuente que la empresa suspendió el cargue de carbón el pasado 31 de diciembre dado que para poder implementar el sistema de cargue directo requerirá de 18 meses, tiempo que tardarán las obras de adecuación del puerto de Río Córdoba, investigado por la Anla.

Esta es una situación similar a la de la Sociedad Portuaria de Barranquilla, la cual también fue investigada por la Anla por el cargue de carbón, sin embargo esa misma entidad reconoció que como lo dijo la empresa, las actividades de cargue en barcazas se suspendieron y actualmente lo que se embarca es coque.

Colombian Natural Resources produjo, con corte al 31 de octubre de 2013 2.261.500 toneladas de carbón las cuales fueron producidas en la mina de carbón térmico de El Hatillo en el departamento del Cesar.
Su otra mina, La Francia, produjo sólo durante el primer trimestre del año anterior, en ese entonces su producción fue de 169.240 toneladas.

Las actividades de la mina llevan suspendidas diez meses por un lío contractual que se produjo tras el cambio de razón social del Consorcio Minero del Cesar (CMC), integrado por las firmas Construcciones El Cóndor, Massering y SP Explanaciones a Consorcio Minero del Cesar S.A.S., lo que produjo diferentes implicaciones jurídicas, una de ellas en los contratos de trabajo.

Así las cosas el panorama para Colombian Natural Resources se oscurece más con el cese de las exportaciones, que si bien no se comparan con la de Drummond, son una entrada importante para la empresa.

Estas decisiones tomadas por el Ministerio de Ambiente y la Anla, han sentado un precedente para las empresas multinacionales a las que durante años se les ha criticado desde diferentes sectores de las sociedad y de la política el haber operado en el país con una legislación suave que les permitía “pasarse por la faja” la regulación que les exigía mejores prácticas ambientales.