Escándalo en Barranquilla: Capturan a exgerente de Triple A e indagan a exdirectivos

Un nuevo capítulo se abre en el escándalo de presunta corrupción conocido como operación ‘Acordeón’ y ‘Caso Lezo’, que involucra al poderoso conglomerado español Canal de Isabel II, su grupo en Colombia Inassa y su empresa barranquillera Triple A, que opera los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en la capital del Atlántico.

La Fiscalía General de la Nación capturó la tarde de este martes en el norte de Barranquilla, a Ramón Navarro Pereira, exgerente de Triple A, por la presunta apropiación de más de $27.000 millones.

El ente acusador informó que las primeras decisiones contra directivos y exdirectivos de las dos empresas, se dieron tras las labores investigativas tendientes a poner al descubierto presuntos hechos de corrupción en el manejo de los recursos de la empresa de servicios públicos (Triple A), así como el aparente incremento patrimonial injustificado de los socios en Colombia de la multinacional española (Inassa S.A.).

La captura de Navarro fue hecha por personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con la coordinación de un fiscal de la Dirección Anticorrupción, como “presunto responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, en concurso heterogéneo con administración desleal y falsedad en documento privado”.

De acuerdo con la Fiscalía, con el material recopilado se logró probar que durante los años 2012 y 2015 el exgerente Navarro Pereira, junto a los entonces representantes de la empresa española Inassa S.A., y de la firma Recaudos y Tributos S. A., se habrían apropiado de más de $27.000 millones, creando 54 órdenes de pedido de bienes y servicios que no fueron adquiridos; y  cuatro contratos de consultoría que pretendían justificar solicitudes de tarifas de acueducto y alcantarillado ante la Comisión Reguladora de Agua Potable.

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Al parecer, estos gastos fueron registrados en la contabilidad y en las declaraciones de renta como operaciones normales de la Triple A y se usaron para calcular los dividendos de los accionistas (Inassa S.A., Socios Particulares y Distrito de Barranquilla) y realizar los cobros correspondientes por regalías.

La Fiscalía presentará al exgerente de Triple A, Ramón Navarro, ante un juez de garantías para adelantar las audiencias concentradas.  Por los mismos delitos, serán imputados cargos contra Julia Serrano Monsalve, exgerente financiera de Triple A.

El contrato ficticio

El ente acusador también abrió una investigación formal y citó a indagatoria a directivos y exdirectivos de las empresas vinculadas a la primera fase de la denominada operación ‘Acordeón’, cumpliendo lo establecido en el antiguo Sistema Penal colombiano.

Esta fase se relaciona con un contrato suscrito entre el el 4 de septiembre de 2000, entre la empresa española Inassa y Triple A S.A., en la que se pactó un pago mensual de 4.5% del recaudo de servicios domiciliarios de alcantarillado, acueducto y aseo, por la prestación de una asistencia en gestión comercial, operativa, administrativa y técnica.

Los fiscales anticorrupción calculan que en 17 años de vigencia del contrato, se habrían pagado más de $237.000 millones. Adicionalmente, se cree que el contrato no se ejecutó y se presentó una supuesta desviación irregular de los dineros con el fin de beneficiar a terceros, entre ellos las sociedades Canal Extensia S.A. -empresa del Grupo Español Canal Isabel II – y Slasa.

Fueron citados a indagatoria los exgerentes de Triple A Francisco Fernández, Luis Fernando Arboleda, Carlos Alberto Ariza y Ramón Navarro; el actual gerente, Ramón Hemer; los exgerentes generales de Inassa, Luis Alberto Nicolella, Francisco Javier Malia y Edmundo Rodríguez Sobrino. También los españoles Alberto Muguiro (presidente ejecutivo de Inassa) y Carlos Roca (gerente de Inassa), asì como el segundo suplente de la presidencia de Inassa, Germán Sarabia.

Estas 11 personas deberán presentarse el próximo 4 de abril ante una fiscal anticorrupción en Bogotá para responder, mediante indagatoria, por los delitos de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito y enriquecimiento ilícito de particulares.

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