Búsqueda de socio para Electricaribe en etapa final

En un documento de 56 páginas, que representa el reglamento para la Presentación de Ofertas Vinculantes, Electricaribe entró en la parte definitiva de la búsqueda de un inversionista-operador para su sistema de distribución local y transmisión regional de energía que atiende los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena y Sucre, y la actividad de comercialización de energía eléctrica que desarrolla esta empresa.

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Tras el proceso de intervención, liquidación y salida de la española Gas Natural –con demanda internacional incluida por más de mil millones de euros- con este anuncio se empezaría a definir el panorama de Electricaribe, una de las principales empresas de distribución de energía del país que atiende la Costa Caribe y representa más del 20% del mercado.

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El proceso –que será uno solo; es decir, no se dividirá el mercado, como era una de las propuestas en principio– deberá quedar listo el 22 de febrero de 2019, cuando se hará la subasta, adjudicación y suscripción de contrato de adquisición de acciones. Quien resulte ganador deberá comprometerse a ejecutar un plan de inversiones superior a los $7,1 billones en 10 años, requerido para garantizar la adecuada prestación del servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica en la región Caribe. “Para el nuevo marco tarifario estamos hablando de $5 billones en los próximos 5 años, de los cuales son $3,1 billones para infraestructura y $1,9 billones para el tema de control de pérdidas”, explicó a Dinero Javier Lastra, agente que adelanta el proceso.

El ganador también deberá enfrentar una deuda bancaria que se acerca a los $2 billones –y en la que los bancos han pedido que se incluyan en el proceso, es decir que ese pago se honre-, un pasivo pensional que supera $1 billón y compromisos en la compra de energía, entre otras.

Se trata, como advierte el documento, de un proceso de venta en el que Electricaribe constituirá, inmediatamente después de la fecha de adjudicación, una nueva sociedad por acciones, que tendrá la calidad de empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios y que contará con todas las autorizaciones regulatorias requeridas para prestar el servicio público.

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Todos los activos y los pasivos serán aportados a la nueva sociedad. Se perfeccionará una sustitución patronal y un acuerdo de asunción del Pasivo Pensional, entre Electricaribe y la Nueva Sociedad. El reglamento dice que “Tendrá efectos el Proceso de Reestructuración de Pasivos y la reestructuración y Transferencia del Pasivo Financiero, el cual en todo caso estará sujeto a la condición suspensiva consistente en que se perfeccione el Cierre de la Transacción Propuesta”.

Según Lastra, “los pasivos –salvo el laboral y el pensional- se transferirán reestructurados. Para eso tenemos un plazo en el reglamento que va hasta noviembre, para reestructurarlos, porque lo que se quiere es que se hagan las inversiones, buscar una solución integral y no dejar acreedores por fuera y que el modelo de negocio tenga un cierre”.

El inversionista que resulte adjudicatario pagará directamente a la nueva sociedad el 100% del valor de la capitalización.

El reglamento dice que “Toda presentación de un Sobre de Precalificación supone el pleno reconocimiento y aceptación de la existencia de (a) los Créditos del Fondo Empresarial y (b) las Garantías de Compra de Energía”. Y añade que “el interesado reconoce y acepta que las Garantías de Compra de Energía serán transferidas a la Nueva Sociedad transitoriamente y continuarán vigentes por un plazo máximo de dos meses y medio a partir del perfeccionamiento de la cesión de los contratos respaldados por dichas Garantías de Compra de Energía. En ese sentido el Inversionista Adjudicatario se obliga a presentar Garantías de Compra de Energía Equivalentes antes de la expiración del plazo antedicho”. Además establece que pagará “la totalidad del saldo pendiente de pago bajo cualquier crédito que Electricaribe tenga con el Fondo Empresarial”.

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Podrán participar empresas colombianas o extranjeras, fondos de capital privado –nacionales o extranjeros- y consorcios, quienes deben demostrar un patrimonio igual o superior a los US$500 millones. En el caso de los consorcios, al menos uno de los participantes debe demostrar un patrimonio de más de US$300 millones y debe tener mínimo el 30% de la participación. Incluso, todo indica que jurídicamente podría participar Gas Natural.

También deben demostrar que han sido operadores o propietarios de una empresa de distribución de energía eléctrica o gas natural. Si no cumple con esto, puede nominar un operador ‘idóneo’ que cumpla con los requisitos técnicos.

Varios han sido los nombres de empresas con las que se ha especulado que podrían llegar: inicialmente se habló de EPM, pero tras la emergencia de Hidroituango es poco probable que haga alguna propuesta. También se mencionó a Promigas –una de las empresas líderes en el transporte de gas natural en el país- y en las últimas semanas ha tomado fuerza Codensa, que presta el servicio de distribución de energía del centro del país, tiene una alianza desde hace más de 20 años con el Grupo Energía de Bogotá y pertenece a la italiana Enel.

Este proceso tendrá que pasar por la verificación de la Superintendencia de Industria y Comercio, autoridad en materia de competencia.

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