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| 10/29/2020 2:37:00 PM

¿Tienen razón los actores en Colombia al pedir pagos por repetición de novelas?

En redes sociales circula una campaña promovida por actores que exigen que los cableoperadores les paguen las respectivas remuneraciones a las que tienen derecho por haber participado en las producciones.

Desde hace un par de meses, RCN y Caracol empezaron a retransmitir novelas que habían sido exitosas a principios de los años 2000 y que les han ayudado a mantener el rating en estos meses de pandemia en los que no se han podido realizar grabaciones; sin embargo, un importante grupo de actores empezó una campaña para que se les paguen las regalías correspondientes por sus trabajos. 

Dinero habló con algunos actores sobre la situación, quienes aclararon que actualmente RCN y Caracol sí pagan estas regalías, los que no han cancelado estas obligaciones son Claro, Movistar, UneTigo y DirecTv, explicaron los artistas. 

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Julio César Herrera, quien en su momento interpretó a Freddy, el mensajero de Ecomoda en ‘Betty la fea‘, explicó que la situación que se está presentando es que estos grandes operadores no quieren pagar estos conceptos y lo que han hecho es dilatar la situación, a tal punto que el proceso actualmente se encuentra en revisión de un juez civil de la República.

Para el actor, resulta "desconcertante" que 18 pequeños cableoperadores paguen estos derechos, que ETB lo haga y que las empresas más grandes del país "se rehúsen a hacerlo". 

Según el artista, en varios países de la región, como Perú, Argentina o Chile, los actores reciben las regalías de sus obras por parte de los operadores, pero en Colombia no está sucediendo esta situación. 

Los actores se amparan en la Ley 1403 de 2010 (o Ley Fanny Mikey), bajo la cual quedaron protegidos los derechos de autor y "se establece una remuneración por comunicación pública a los artistas intérpretes o ejecutantes de obras y grabaciones audiovisuales".

El parágrafo 2 de esta norma indica que "los artistas intérpretes de obras y grabaciones audiovisuales conservarán el derecho a percibir una remuneración equitativa por la comunicación pública, incluida la puesta a disposición y el alquiler comercial al público de las obras y grabaciones audiovisuales donde se encuentren fijadas sus interpretaciones o ejecuciones", por lo que los artistas afirman que es la única norma que los ampara.

La ley dicta, además, que "este derecho de remuneración se hará efectivo a través de las sociedades de gestión colectiva, constituidas y desarrolladas por los artistas intérpretes de obras y grabaciones audiovisuales, conforme a las normas vigentes sobre derechos de autor y derechos conexos". 

Para el experto en temas empresariales Raúl Ávila, la norma no es clara en este sentido, por lo que depende mucho del tipo de contrato que los actores firman al momento de empezar una grabación. 

El experto señaló que en países como Estados Unidos o en los de Europa la protección a los artistas se empezó a discutir hace 30 años o 40 años, por lo que ya es un tema fuerte, mientras que en Colombia apenas se está dando el debate. Los actores se enfrentan a grandes conglomerados económicos y no tienen el suficiente poder de negociación. 

En opinión de Ávila, los actores tienen razón, pero este es un proceso que va a tomar mucho tiempo y en el momento desconoce que exista una ley que obligue a exigir que en los contratos quede incluido el pago de las regalías. 

Herrera explicó que no puede depender de los contratos, pues en ese sentido, la sentencia C 069 de 2019 aclara que cuando la ley dice “conservará en todo caso”, es irrenunciable, sin importar lo que diga el contrato.

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Otros actores le explicaron a Dinero que no están haciendo peticiones exageradas, sino que lo único que quieren es que se les reconozca el fruto de su trabajo con un pago justo. 

La situación ya empezó a escalar a lo político, pues los actores han recibido el respaldo de algunas figuras públicas, como la excongresista Ángela María Robledo o el senador Luis Fernando Velasco. 

El congresista liberal les hizo un llamado a un debate de control político al Ministerio del Interior y al Ministerio de las TIC para que evalúe la situación y hagan cumplir la Ley 1403 mencionada anteriormente.

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