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| 9/5/2019 12:01:00 AM

Colombia, el segundo país del mundo con más abogados

Tradicionalmente, Colombia ha sido un país de abogados. Está en los primeros lugares de los índices y comparada con otras carreras, el derecho tiene un alto número de graduados. Con esta sobreoferta se abre el debate por la calidad.

Colombia ocupa el segundo lugar a nivel mundial en el índice de número de abogados, con 355 por cada 100.000 habitantes, después de Costa Rica, que cuenta con 389, según el Centro de Estudios de Justicia de las Américas.

En Sudamérica lo siguen Brasil, Argentina y Perú con 327, 305 y 250 abogados respectivamente. La cantidad disminuye sustancialmente en Europa, en donde la media de es de 149 por cada 100.000 habitantes.

Además, según cifras del Consejo Superior de la Judicatura, hay más de 300.000 abogados registrados para ejercer su profesión, y cada año se gradúan aproximadamente 14.000. Se trata de un número importante, si se tiene en cuenta que en otras disciplinas como la ingeniería civil o la economía se gradúan un promedio de 4.000 profesionales al año.

Bajo este contexto, José Alberto Gaitán, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, sostiene que hay un factor preocupante, ya que a la superpoblación de profesionales del derecho “se suma la problemática derivada de los bajos estándares de calidad y las cuestionables competencias éticas de un buen porcentaje de ellos”.

Para Julio Andrés Sampedro, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana, hay varias explicaciones para este fenómeno de sobreoferta de profesionales del derecho. La primera tiene que ver con el hecho de que “el país no ha sido muy exigente con el otorgamiento de las licencias de funcionamiento a las facultades de derecho y esto ha llevado a una masificación en la formación de abogados que muchas veces no tiene en cuenta la calidad”. 

Precisamente, de los 183 programas de derecho que ofrecen las universidades colombianas, solo 46 cuentan con la acreditación de alta calidad por parte del Ministerio de Educación. Desde muchos sectores se reclama por un control más estricto en esta materia. 

Gaitán coincide con las afirmaciones de Sampedro y asegura que este panorama “solo puede obedecer a unos criterios muy laxos en materia de concesión y de renovación de los registros calificados de las facultades, que han sido la constante de los últimos gobiernos, no solo en derecho, sino en muchas otras profesiones”.

Desde el Gobierno avanzan en la implementación de un nuevo examen de Estado para acceder a la tarjeta profesional. Sin embargo, este no atajaría del todo el problema, si no se corrige el gran número de facultades que no cuentan con los estándares de calidad suficiente.

Según cifras del Consejo Superior de la Judicatura, al año se imponen un promedio de 1.500 sanciones por malas prácticas a abogados, dentro de las cuales está la suspensión, la censura, la exclusión, la amonestación y la multa.

Gaitán considera que “este es el resultado de la falta de valores éticos y principios de un gran número de abogados, por lo que creo que es importante que desde la academia se haga un énfasis especial en la formación de valores y no solo en la parte técnica jurídica”.

Respecto a los problemas de corrupción que ha enfrentado la rama judicial, como ‘El cartel de la toga’, Julio Andrés Sampedro aclara que la corrupción es un problema que ha permeado no solo al derecho, sino a todas las profesiones. Así mismo aseguró que, “la ética no se enseña sino que se transmite, debemos dar ejemplo con nuestro comportamiento desde la universidad, las facultades deben propender por crear marcos institucionales de formación ética”.

Según Mauricio Villegas, coautor del libro Abogados sin reglas, los controles deben empezar por las facultades de derecho y cubrir todo el ejercicio profesional. “Pero en Colombia (y en la mayoría de América Latina) esos controles son casi inexistentes”, dijo en una entrevista a Semana.

Calcula que 70% de las facultades de derecho en el país son de baja calidad. “Lo más preocupante es que muchos de esos profesionales, por falta de controles, estén llegando a los altos cargos del Estado. Pero el problema no termina ahí, porque muchos de los escándalos de corrupción han sido protagonizados por juristas de las mejores universidades del país”, agregó.

La reinvención de la profesión

Las épocas en donde los abogados dedicaban un gran número de horas a la tarea de revisar cantidades considerables de documentos y de procesos apilados están llegando a su fin, gracias a herramientas de inteligencia artificial (IA) y a la digitalización de los procesos.

Este constituye otro desafío para las universidades, pues la importancia que está cobrando la innovación y las nuevas tecnologías en el ejercicio del derecho demandan el desarrollo de nuevas capacidades en los profesionales.

Muchos sostienen que las herramientas de IA podrían llegar a reemplazar la labor de un abogado en un futuro no muy lejano; sin embargo, los decanos consultados consideran que es inevitable que las funciones repetitivas y mecánicas que tradicionalmente hacen los llamados ‘patinadores’ en las primeras etapas de la vida laboral desaparezcan. Los nuevos abogados están llamados a ejercer su profesión de nuevas maneras. Capacidades como el análisis, la reflexión y la creatividad tomarán una relevancia importante. 

“Las nuevas tecnologías y los avances en materia informática y de inteligencia artificial no estarán llamados a reemplazar a los abogados en las distintas etapas y niveles de su práctica profesional. Los obligará a asumir retos mayores desde el punto de vista intelectual”, puntualizó Gaitán.

Finalmente, Sampedro considera que “habrá nuevos escenarios donde los abogados desplegaran sus actividades. El derecho no va a desaparecer, pero tendremos nuevas formas de aplicarlo y de ejercerlo”.

EDICIÓN 562

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