Asociación de Empresarios no está convencida con la Ley de plazos justos

La Andi manifestó que la Ley de plazos justos, la cual hace su trámite en el Congreso, generaría una distorsión artificial en la economía con graves consecuencias como la discriminación entre las empresas o el aumento de las importaciones, que terminaría afectando la balanza comercial y cambiaria.

En el comunicado, la agremiación afirmó que le “preocupan las iniciativas que puedan resultar en que el Estado intervenga en los acuerdos entre privados”, pues esto podría generar un incentivo a conseguir proveedores fuera del país, si se tiene en cuenta que la regulación por cuentas por cobrar no cobija a las importaciones.

En relación a esto, la agremiación de industriales hizo un llamado para que en el debate se mantenga el principio de libre mercado y los plazos se fijen con relación a este, no sin antes pedirle a las empresas de todos los tamaños a que “hagan sus mayores esfuerzos para apoyar la situación de caja de sus proveedores”; sin embargo, también expresó que “regular las relaciones entre grandes empresas con las pymes o con las pequeñas empresas va en contravía del desarrollo de las prácticas de libre mercado”.

Y es que la situación de las empresas no es la mejor, pues de acuerdo con la encuesta de liquidez realizada con empresas de todos los tamaños, para abril las empresas en promedio solo tenían 11 días para operar si destinaban la totalidad de la caja para cumplir con todas sus obligaciones, es decir, la nómina completa incluyendo seguridad social, proveedores, sector financiero, contratos y Dian.

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“La liquidez de las empresas en este momento constituye un tema capital, las compañías son los vehículos generadores de empleo y por lo tanto de ingresos para millones de familias”, puntualizó la Andi.

Empresarios piden celeridad el proyecto

Hace unos días, diferentes gremios y asociaciones le pidieron al Senado acelerar el trámite del proyecto de Ley de pago a plazos justos (al cual solo le faltan dos debates), con el que se reducirán los tiempos permitidos para que las grandes empresas cancelen las facturas a las pymes.

Según el representante Mauricio Toro, autor del proyecto, el pago de las deudas puede superar los 180 días, lo cual pone en riesgo el flujo de caja de las pequeñas y medianas empresas que generan ocho de cada 10 empleos nuevos, representan más del 96% de empresas del país y generan el 40% del PIB de la nación.