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| 2/21/2019 12:01:00 AM

Electricaribe: ¡No todo es plata!

Al vender Electricaribe, el Gobierno priorizará que los compradores conozcan el mercado energético y puedan asegurar la correcta prestación del servicio.

Los preparativos para un nuevo proceso de venta de Electricaribe siguen viento en popa. Mientras la Superintendencia de Servicios Públicos avanza en este proyecto, hace unas semanas asumió sus funciones una junta consultiva en Electricaribe, con la misión de apoyar las decisiones de la agente interventora en la administración de la empresa.

En el anterior proceso de venta, que no se concretó, 7 empresas mostraron su interés al acceder al cuarto de datos para hacer sus propios cálculos sobre la viabilidad de la empresa. Pero solo una se presentó a la precalificación: Enel Américas.

Pero esta empresa ya posee 22% del mercado de energía del país y la ley establece un tope máximo del 25%, para evitar monopolios o situaciones que pongan en riesgo la sostenibilidad del sistema.

Ya que Electricaribe representa otro 23% del mercado, la Superservicios decidió suspender el proceso en lugar de otorgarle a una empresa 45% de la red de energía en Colombia.

“Una cosa es si uno está pensando en correr el límite un poco y otra darle casi 50% del mercado a un solo jugador. La decisión fue mucho más de responsabilidad con la sostenibilidad energética del país. No podemos afectar la competencia por solucionar un problema de corto plazo, porque sería generarle un problema de largo plazo al país”, explicó la superintendente Natasha Avendaño.

La Superservicios trabaja en una fórmula que le permita al comprador de Electricaribe “pasarse” un poco del límite de 25% en caso de ser necesario, y siempre y cuando realmente el incremento no sea representativo. La medida incluso podría estar condicionada a que la nueva empresa disminuya su participación con el tiempo hasta retornar a 25%.

La entidad trabaja también la opción del fraccionamiento, para permitir que otras con alta participación puedan adquirir una parte de Electricaribe sin superar el tope. La pregunta es cómo dividir la empresa. El mercado es tan complejo que la división no puede hacerse “con regla” por la conectividad de las redes y subestaciones. Además, hay que garantizar la viabilidad financiera de las partes.

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Para el nuevo proceso de venta, cuya fecha aún se desconoce, el Gobierno llegará con varias condiciones. El comprador no asumirá el pasivo pensional pues este ya lo tomó el Gobierno. Los acreedores pretoma todavía pueden llegar a un acuerdo para comprar la empresa pero no tendrán derecho a pagos una vez esta se venda. Y las empresas nacionales o extranjeras que quieran aplicar podrán comprarla completa o fraccionada.

Para esta última opción, incluso podrían llegar propuestas para comprar una parte cada una, si demuestran que su modelo es viable y harán las inversiones necesarias.

Tendrán prioridad las empresas que demuestren conocimiento del mercado energético del país, experiencia en su gestión, y que cuenten con los recursos para hacer las inversiones necesarias.

Nuevas medidas

Desde noviembre el Gobierno decidió no ponerle más límites temporales al proceso liquidatorio de Electricaribe. Y también iniciar un nuevo procedimiento de venta de la empresa, ya que a la primera convocatoria solo se presentó un proponente.

Durante los últimos dos años la Electrificadora ha trabajado intervenida por la Superservicios. Mientras tanto, el Gobierno busca la fórmula adecuada de vender la empresa a un nuevo prestador del servicio capaz de hacer las inversiones y cumplir las obligaciones de la red eléctrica en los 7 departamentos del Caribe colombiano.

Y, mientras logra esa venta, la agente interventora seguirá administrando la empresa, “haciendo lo que se tenga que hacer mientras la tengamos intervenida, no sentándonos a esperar a que llegue alguien y la compre”, señaló la superintendente Natasha Avendaño.

Esta premisa ha significado, por ejemplo, asegurar los recursos para comprar energía y evitar un racionamiento en la región. También el préstamo de $860.000 millones con respaldo de la Nación para que Electricaribe comience a invertir para mejorar la prestación del servicio mientras permanece intervenida.

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Los recursos provienen de dos Conpes, uno por $125.000 millones y otro por $735.000 millones, tramitados por el gobierno anterior. Estos finalmente le permitieron al Fondo Empresarial de la Superservicios adquirir créditos en el sistema financiero con garantía de la Nación, que le transmitió a la empresa.

“Eso significa que el día de mañana, si la empresa no le paga al Fondo Empresarial, la Nación responde por esa deuda ante las entidades financieras. Por lo tanto, son recursos públicos”, agregó la superintendente de Servicios.

Por tratarse de recursos de los colombianos, desde ahora a la agente interventora la acompañará una junta consultiva elegida por la misma Superservicios. Esta reemplazará a la junta directiva de la empresa por lo menos en la asesoría para invertir adecuadamente los recursos.

“Este es un mecanismo de gobierno corporativo diseñado desde la Superintendencia y las administraciones anteriores para blindar a la empresa, para asegurarle a la agente especial, en este momento la encargada de administrar la empresa, una visión que le ayude a verificar y a hacerle una trazabilidad a esas inversiones”, dijo Avendaño.

Ella misma escogió a los 5 miembros de la junta consultiva, teniendo en cuenta que se tratara de profesionales costeños, sin investigaciones disciplinarias, sin contratos o pleitos directos o indirectos con Electricaribe que puedan dar lugar a conflictos de interés. Y que sean expertos en temas jurídicos, financieros y gerenciales del mercado energético del país.

Lograr que las finanzas y el servicio de Electricaribe respondan a las necesidades de sus usuarios es un gran desafío. Y la Superservicios tiene en sus manos lograrlo.

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