| 3/15/2018 12:01:00 AM

¿Es hora de desarmar a la población colombiana?

En 2017, se decomisaron 24.000 armas de fuego en el país a personas del común, el triple de las que entregaron las Farc.

El debate sobre la cultura de entregar armas a la población tiene contra las cuerdas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por cuenta de las tragedias que han enlutado a esa sociedad a lo largo de su historia.

El más reciente caso es el de Nikolas Cruz, un joven de 19 años que acaba de asesinar a 17 personas en una escuela de la Florida. Miles de personas han marchado porque consideran que el Gobierno se está haciendo el de la “vista gorda” frente a una evidencia.

La presión social llevó al Primer Mandatario de los estadounidenses a proponer una serie de polémicas medidas como las de “armar a personal cualificado” en las escuelas de ese país; es decir, darles armas a los profesores. Aun así, Trump no quiso subir de 18 a 22 años la edad permitida para adquirir armas en ese país. Para muchos, estas recomendaciones del Gobierno y la falta de medidas ejecutivas claras son más leña para el fuego, del que sin lugar a dudas es uno de los problemas críticos de esa sociedad ahora mismo.

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Aunque en Colombia el fenómeno de los asesinatos en masa por parte de individuos no es común, todo parece indicar que sí tenemos problemas en materia de seguridad personal que igualmente resultan masivos. Según informó recientemente el vicepresidente de la República, Óscar Naranjo, el año pasado fueron decomisadas por parte de las autoridades 24.000 armas de fuego entre la población y más de 750.000 armas blancas. De acuerdo con las cifras de la Dijin, entre 2015 y 2017 fueron decomisadas 78.744 armas de fuego en todo el país; en los primeros meses de este año, hasta el pasado 9 de marzo, ya iban decomisadas 4.538 armas más.

Foto: Óscar Naranjo, vicepresidente de la República.

En esta clase de “mercados negros” es mucho más lo que circula entre la población que lo que se decomisa. Los expertos estiman que en el país estarían circulando unas 2,5 millones de armas ilegales.

El resultado es nefasto: en 2017, según las cifras preliminares de Medicina Legal, hubo 123.000 casos de lesiones de causa externa, de las cuales 81.493 tuvieron relación con riñas. La violencia interpersonal representa 80% de las lesiones en Colombia y 30.000 de esos casos estuvieron asociados al uso de armas de fuego, armas cortopunzantes o armas cortantes, entre otras modalidades.

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De otra parte, el nivel de homicidios ha venido cayendo a cifras inferiores a los 11.718, que es la tasa más baja en 42 años. Sin embargo, cerca de 10.300 asesinatos son producto de arma de fuego o arma cortopunzante.

Esto significa que, si se logra una estrategia eficaz de reducción en el uso de armas de cualquier tipo, se podría atacar una porción importante de los casos de lesiones y la mayor parte de los homicidios en el país; así se encontraría una forma eficaz de reducir la violencia intrapersonal en Colombia. La pregunta que se le hizo al Vicepresidente fue cómo superar la problemática de tantas armas en poder de los civiles, a lo que el alto funcionario respondió: “Cambiando la ley. Hay una visión histórica que los ciudadanos tienen que estar armados. Colombia permite la tenencia (arma en el domicilio) y posesión (por la calle). Yo terminaría con la posesión. Desarmar a la población es una prioridad”. Ese es el debate ahora mismo, pues la capacidad de los colombianos de hacerse daño mortal entre ellos es la principal causa de la violencia e inseguridad en el país; no la violencia guerrillera o de bandas criminales.

Nuevos debates

Pero vale la pena preguntarse si restringir la circulación de armas es una medida suficiente para superar este tipo de violencia entre los ciudadanos. La pregunta es válida si se tiene en cuenta que el uso de armas se justifica solo para agredir o defenderse de otros. Es decir, que la violencia es una forma de cultura en muchos lugares de Colombia para resolver los conflictos; así que el fenómeno debe ser observado en el marco general de un problema ciudadano.

La estrategia de seguridad en Colombia ha tenido un alto componente de orden público, enfocado hacia enfrentar las graves amenazas al Estado y la institucionalidad y, por eso, el debate sobre las alternativas es clave en este momento, cuando está quedando en evidencia que las principales amenazas contra la vida de las personas proviene de la violencia que los colombianos mismos ejercen unos contra otros diariamente.

El economista Hernando Zuleta, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes, explica que es necesario empezar a mirar el problema de la seguridad en Colombia de una manera distinta, pues, si bien hay que tomar medidas restrictivas, también es cierto que la violencia tiene causas diversas que deben ser resueltas por distintas vías.

El académico puso dos ejemplos en los que se analiza el problema de seguridad y violencia desde perspectivas innovadoras. El primer enfoque está en el estudio The Externalities of Conditional Cash Transfer Programs on Crime: The Case Familias en Acción in Bogota, que concluye que hay una estrecha relación entre los pagos de este tipo de subsidios y la reducción del crimen en determinadas zonas. Los autores de este paper son Adriana Camacho y Daniel Mejía (Secretario de Seguridad de la capital).

Otro estudio pone en evidencia las correlaciones asociadas a la inseguridad urbana. Se trata de Arborización y crimen urbano en Bogotá, un análisis de Fernando Carriazo y Jorge Escobar que concluye que “existe una relación estadísticamente significativa y negativa entre el proceso de arborización y el número de atracos en Bogotá”. Esto significa que, por razones que aún deben ser explicadas, en aquellos lugares donde se han logrado niveles aceptables de arborización la frecuencia del crimen es inferior a otros no arborizados; esa es una conclusión que va en contravía de la percepción generalizada sobre que las zonas arborizadas son más inseguras y que es la iluminación el verdadero factor determinante en la reducción de la violencia y la inseguridad.

Desarmar a la población es clave y hay que tomar medidas en este frente, pero estos casos ponen de presente que también es necesaria mucha creatividad para enfrentar el problema de la violencia en el país.

Cifras disparadas

De acuerdo con los datos de la Policía Nacional, el nivel de incautación de armas ha venido cayendo en Colombia. En 2015, fueron decomisadas 29.025; en 2016, 25.679 y el año pasado 24.040. En lo corrido de 2018 hasta el pasado 9 de marzo, ya estaban en las estadísticas 4.538 incautaciones. El tipo de armas que decomisan las autoridades va desde pistolas, revólveres y carabinas, hasta fusiles, lanzagranadas, subametralladoras y ametralladoras.

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