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| 8/2/2018 12:01:00 AM

¿Es necesario que declaren el transporte como un derecho fundamental?

Los sistemas nacionales de transporte masivo están proponiendo que dicho servicio sea consagrado como un derecho fundamental en el país, como ocurre en Brasil y Ciudad de México. Se abre el debate.

Quizás una de las primeras conquistas del ser humano, antes de aprender a hablar, es la capacidad de moverse de un lugar al otro. De manera evolutiva, esa conquista se traslada cada vez a distancias más lejanas y a distintos medios.

Mucho se ha hablado de los desafíos de las ciudades para facilitar una movilidad que promueva la calidad de vida de sus habitantes y el desarrollo sostenible, con modelos e infraestructura eficiente, accesible, sostenible y segura.

En las leyes colombianas está plasmada la reglamentación para el transporte público aéreo, marítimo, fluvial, férreo, masivo, terrestre y su operación en el territorio nacional. Para varios sectores, a ese marco regulatorio le hace falta una revisión y ha surgido una propuesta: elevar el transporte a derecho fundamental.

Esa clasificación cambiaría los mecanismos de financiamiento y disposición de partidas presupuestarias, de institucionalidad y de mecanismos para su protección, entre otros instrumentos. El Estado tendría que integrar diversos medios de transporte, de la infraestructura vial y del espacio público requerido para satisfacer las necesidades de la movilización de las personas; asumir la financiación de las inversiones que requiera el sector y, entre otros, visibilizar la problemática de la movilidad desde una perspectiva de derechos humanos.

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Jerarquizar el transporte al mismo nivel de la educación, el trabajo o la salud obligaría al Estado a desplegar, de manera prioritaria, la destinación de recursos para hacerlo efectivo.

No obstante, se abre un debate sobre si Colombia estaría preparada para ese escenario, teniendo en cuenta que uno de los principales retos económicos del gobierno entrante del presidente electo Iván Duque es ajustar las finanzas públicas.

Esa propuesta la están encabezando los sistemas de transporte masivo del país, que mueven aproximadamente a 8,2 millones de pasajeros diariamente y que están haciendo los primeros acercamientos para que se construya una política pública nacional por una movilidad urbana sustentable. Del equipo que está trabajando en ello hacen parte Viviana Tobón, subdirectora de Movilidad del área Metropolitana del Valle de Aburrá; Ricardo Restrepo, gerente de Transmetro de Barranquilla y Nicolás Orejuela, presidente de Metrocali.

Para Martha Gutiérrez, secretaria general de la red Simus, que agrupa a los sistemas de transporte masivo de América Latina, en el país se debe crear una política pública de Estado en el que se privilegie al ser humano y donde se considere a la movilidad como un derecho social. “Lo decimos porque el gobierno nacional no lo ha asumido a este nivel y mantiene el modelo de hace tres décadas. Se tiene que considerar al nivel de la educación y la salud, incluso es mucho más, porque es un derecho inherente al ser humano”, explica. De acuerdo con José Stalin Rojas, director del Observatorio de Logística, Movilidad y Transporte Universidad Nacional, este asunto está ligado con la libertad de desplazarse, pero no tanto como para colocarlo como un derecho fundamental.

“No creería yo que esto tendría que ponerse al mismo nivel de la educación y la salud. Llevarlo a un derecho fundamental tendría implicaciones presupuestales altas y tendría que haber un esfuerzo constitucional bastante fuerte. Creería que la política pública del Estado debería estar dirigida a las condiciones de vida de las personas y a garantizar la movilidad segura”, sostiene el académico.

Entre tanto, Hernando Zuleta, director del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes, no cree que haga falta esta disposición.

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“En primer lugar, porque la gente se transporta con cierta libertad en el país. En segundo lugar, porque hay una cantidad de derechos fundamentales, consagrados en la Constitución, de los cuales no goza mucha gente. Por último hay lugares en los cuales, por consideraciones ambientales, no debe haber infraestructura de transporte”, señala Zuleta.

Al respecto, Gutiérrez considera que existe una conexidad de derechos y que la movilidad es una de las principales necesidades colectivas de la ciudad, porque tiene una especial importancia para el ejercicio y goce de otros derechos humanos.

La secretaria general de la red Simus comenta que esta necesidad surge por las vulnerabilidades que tiene la estructura legal, técnica y financiera que ha conducido a una problemática situación de transporte en las ciudades colombianas.

Esa es la razón por la que hacen un “llamado de urgencia manifiesta” al gobierno entrante para que lo incluya como “prioridad en la agenda pública”.

“El país pasaría de un modelo basado en infraestructura y diseño, orientado hacia el tránsito y el transporte, hacia uno donde el ser humano sea epicentro de la política pública y en el que la movilidad sea el medio para satisfacer los deseos de desplazamiento”, añade Gutiérrez.

En la región

En otros países latinoamericanos el transporte ha sido elevado al rango de derecho constitucional. Brasil lo consagró en septiembre de 2015, mientras que en Ciudad de México se promulgó en 2017 el derecho a la movilidad para otorgar “condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad”.

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