| 8/17/2017 12:00:00 AM

Avanza titulación de predios para las familias campesinas colombianas

La Agencia Nacional de Tierras empezó a dar resultados en la titulación de predios a familias campesinas. Se trata de una revolución silenciosa que implica recorrer vereda por vereda el vasto campo colombiano.

A sus 34 años, el abogado Miguel Samper Strouss, hoy director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), tiene la responsabilidad de convertir a miles de familias campesinas del país en propietarios de tierra. Es nada menos que la cuota inicial de una paz permanente. Dinero habló con este joven funcionario sobre la gestión lograda en poco más de un año al frente de la entidad.

Foto: Miguel Samper, director de la ANT.

¿Cómo recibió usted la Agencia Nacional de Tierras?

Llegué a este cargo el 27 mayo de 2016 y lo primero que hicimos fue poner la casa en orden. Quiero contarle que recibimos del Incoder (anterior entidad encargada de la titulación de tierras) un rezago bastante grande: unas 180.000 solicitudes de adjudicación de terrenos baldíos sin tramitar y un inventario de procesos agrarios sin atender de casi 6.000.

Cerca de 25 de estos procesos se habían abierto en la década del 70 ante el Incora sin respuesta alguna. En otras palabras, encontramos que después de más de 50 años estas 25 familias campesinas no habían logrado su título. Otro tema es que el inventario de predios baldíos lo entregaron en cero, no sabíamos cuántos eran los predios del Estado. Estamos en un proceso para realizar ese censo.

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¿Qué otros avances se han producido?

En los primeros 6 meses de trabajo en la ANT logramos adjudicar 9.000 predios baldíos a igual número de familias campesinas. En contraste, el Incoder durante todo 2015 no llegó siquiera a los 500. Los beneficiados con este tipo de políticas de titulación son campesinos humildes que llevaban trabajando la tierra más de 5 años y explotando más de las 3 cuartas partes de esa área.

Así mismo, hemos entregado 128 terrenos baldíos a entidades como la ANI y el Invías para la construcción de programas como las concesiones 4G, las vías terciarias y hasta para el nuevo Puente Pumarejo. Adicional a esto, se le entregaron al MinTic otros predios para el levantamiento de torres de comunicaciones que se necesitaban para mejorar la cobertura.

Para que tenga una idea de la diferencia; el Incoder en un año entregó solo un terreno baldío para este tipo de propósitos.

¿Cuál es el impacto para el campo al titularizar estas tierras?

Estimamos que si se formalizan los 424.000 predios que detectó el Censo Agropecuario, lograríamos incrementar el acceso al crédito agrícola en $1,9 billones. Tenga en cuenta que el año pasado el Banco Agrario colocó a pequeños campesinos $1,6 billones.

Otro dato: Colombia produce 33 millones de toneladas de alimentos al año. Si se formalizan todos los hogares campesinos que hoy están en la informalidad, podríamos pasar a producir 47 millones de toneladas, eso nos pondría en el primer renglón agrícola en América Latina.

¿Pero no todos los predios son productivos, o sí?

La mayoría sí, sobre todo para actividades pecuarias y agrícolas.

En términos de ingresos, se hizo un estudio el cual determinó que al recibir el título una familia dedicada al agro aumentaría sus ingresos de $1,5 millones a $2,5 millones. Si la actividad es pecuaria, pasaría de $1 millón de pesos a $4 millones.

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¿De dónde salen esas cifras?

Con título no solo se accede a créditos; también a subsidios, acompañamiento técnico, dotación de semillas y descuentos en insumos. Al final del día, el título es una llave que le abre la puerta a todas las posibilidades de desarrollo en el campo.

¿Cuál es la meta de acá hasta el fin del gobierno?

Nuestra meta es iniciar la titulación de 70.000 predios. Cerca de 60% de ellos corresponde a terrenos informales.

¿Qué dificultades han encontrado?

Todas. El principal obstáculo es el rezago que dejó el conflicto armado. Hay mucha desconfianza en las instituciones.

También nos hemos encontrado con minas antipersona en varias zonas de intervención. Es claro que, aunque se respiran mejores condiciones de seguridad y tranquilidad en el campo, no es así con el tema de la confianza en las instituciones, eso es algo que hay que ir trabajando poco a poco. Pero el tema más importante en toda esta discusión es que volvimos a poner en la agenda pública el debate sobre las tierras. Hacía décadas no se hablaba con franqueza en un debate democrático sobre las tierras en este país, ese es un gran logro.

¿En qué consiste un inspector de tierras?

Es una de las figuras que creamos para evitar la corrupción. Se trata de una persona que coordina un equipo y que tiene la capacidad de velar para que todos los procesos sean transparentes. Tiene la capacidad de interponer denuncias si es el caso.

¿Qué avances tiene la reducción de trámites y costos?

Pasamos de 53 trámites a uno solo. Eso se tradujo en que si un proceso de adjudicación de baldíos se demoraba de 5 a 6 años, ahora se tarda entre 5 y 6 meses. También implica menores costos, pues para el Estado un proceso de formalización podía llegar a costar $30 millones por predio, eso lo redujimos a $1,5 millones. En el caso del interesado, este no tiene que pagar nada, todos los trámites son gratuitos.

¿Qué trabajo adelanta la Agencia en Islas del Rosario?

En Islas del Rosario hay predios baldíos que son arrendados a particulares, previa autorización de nuestro consejo directivo. Estos predios no pueden superar una hectárea y se establece una contraprestación mensual equivalente a 1% del valor catastral del predio. Ese contrato se renueva cada 8 años.

¿Se puede construir en esos sitios?

Hoy no es posible realizar obras nuevas en las Islas del Rosario.

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¿Cuántas personas están allá como arrendatarios?

Recibimos 117 contratos, muchos de los cuales estaban vencidos o a punto de vencerse. Varios contratos fueron renovados a última hora y sin el cumplimiento de los requisitos de ley. Por eso iniciamos un proceso para poner en orden el tema. Entre las acciones están realizar un levantamiento topográfico de todas las islas, conversar con todos los potenciales arrendatarios y fijar condiciones para que cumplan con los requisitos de Ley. Esto les brinda seguridad jurídica tanto a ellos como al Estado.

Hay muchos poderosos…

Se trata de gente que tiene la capacidad adquisitiva para mantener una casa de recreo allá.

¿Ellos pagan impuestos?

Sólo el canon de arrendamiento.

¿Y no es poco?

Es lo que el Incoder y ahora la ANT estimaron como justo.

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