| 3/1/2018 12:01:00 AM

5 temas complejos que enfrentará el nuevo presidente de la Corte Constitucional

El magistrado Alejandro Linares llega a presidir la Corte Constitucional. Además de conceptuar sobre las normas del proceso de paz, en su agenda están otros temas con alto impacto económico y fiscal.

El pasado mes de febrero, la Corte Constitucional eligió a su nuevo presidente, Alejandro Linares, quien en su mandato tendrá que enfrentar una compleja coyuntura.

Hoy por hoy, las tareas de la Corte Constitucional se han intensificado. No solo por la revisión de las tutelas y el análisis de los procesos de constitucionalidad ordinarios, también por todo lo que representa el análisis de las normas que han surgido del proceso de paz con las Farc.

Actos legislativos, leyes y decretos que salieron a partir del mecanismo de fast track están siendo priorizados en la Corte y, según Linares, antes de Semana Santa saldrán todos los referentes al proceso de paz, salvo la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El análisis de las tutelas mantiene la misma velocidad: cada día llegan a la Corte cerca de 4.000 y se seleccionan 30 al mes para su revisión.

Sin embargo, lo procesos de constitucionalidad ordinarios están retrasados y de periodos de 4 meses que duraba su discusión hoy pueden llegar a un año. De hecho, temas clave, como la pasada reforma tributaria y el Código de Policía están entre las tareas pendientes.

Todo esto en medio de las tensiones que ha generado el éxodo de venezolanos a Colombia, en especial por las tutelas que están interponiendo para su atención en salud.

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Pero, además, la agenda de la Corte tiene temas clave para su discusión: desde decisiones fundamentales en materia de consultas populares, temas del agro, o el análisis del impacto fiscal de sus determinaciones, por ejemplo, que han dado pie a demandas internacionales contra el país; hasta otras en materia de organización y procesos en la administración de Justicia. Estas son algunas de ellas.

1. Consultas Populares

Para antes del 7 de agosto se estima que salga uno de los fallos más esperados por el sector empresarial. Es el caso de la petrolera Mansarovar, en Cumaral, que debería unificar la visión de la Corte frente a las consultas populares, por cuanto en 2016 un fallo de una de las salas, en un caso de Pijao (Quindío), definió que los entes territoriales tienen potestad para prohibir actividades mineras y petroleras, pero la sentencia C123 de 2014 advierte que la Nación y los municipios deben sentarse a dialogar y negociar, porque el principio es que ni la Nación puede obligar, ni el municipio prohibir. El caso de Cumaral –en cuya ponencia trabaja la magistrada Cristina Pardo y que tendrá audiencia pública– definirá este, que se ha convertido en uno de los temas más sensibles en la actividad minero-energética en el país.

2. Paz y negocios

Dentro de los análisis pendientes en materia de paz sobresalen dos con impacto empresarial. Primero, lo que tiene que ver con la revisión del Acto Legislativo 1 y el debate que se dio en el Congreso frente a terceros –por ejemplo en el caso empresarios– y su participación en el conflicto. Como quedó en el paso por el legislativo, pueden ir voluntariamente a la JEP, pero tienen la obligación de contribuir con la verdad. Y el segundo es el Decreto 902, que se expidió con base en las facultades del fast track, y que adopta medidas para facilitar la implementación de la reforma rural integral contemplada en el acuerdo final en materia de tierras. Se trata de procedimientos que den seguridad jurídica en el campo. Queda pendiente, una vez sea aprobada en el Congreso, la revisión de la Ley de Tierras.

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3. Lo fiscal

Dos recomendaciones de la Comisión del Gasto podrían cambiar la institucionalidad del manejo fiscal. En la primera se trata de crear un Consejo Fiscal consultivo, independiente del Gobierno que analice y cuantifique los costos de iniciativas de gasto contenidas en los proyectos de ley y las demandas en estudio de las Cortes y de los jueces. También haría seguimiento al Marco Fiscal de Mediano Plazo y a la política fiscal y presupuestal y la comisión plantea que sirva como Secretaría Técnica del Comité de Regla Fiscal. Y la segunda propuesta es la creación para la Corte Constitucional de un equipo económico que analice el impacto sobre las finanzas públicas de las decisiones de la Corte.

Linares quiere acoger esta segunda propuesta y establecer un rubro en el presupuesto nacional para financiar este equipo de economistas, que ayude a la Corte a tener mayor evidencia empírica. Una opción adicional que estudia Linares es que, así como existen conjueces, se puedan nombrar unos peritos económicos –reconocidos economistas– que la Corte pueda consultar.

La Corte puede decretar gasto por sentencia sin límite de cuantía, generando presión sobre el manejo fiscal del país y la asignación de recursos. Aunque existe la figura del incidente fiscal –que ya tuvo un fallo a favor del Gobierno–, esta situación tiene, en concepto de algunos expertos, problemas en dos sentidos: es expost y no aplica a tutelas. Ese impacto se puede ver, por ejemplo, en algunas demandas internacionales que ya están haciendo curso contra el país, como las de Claro y Telefónica por un fallo de la Corte Constitucional que ordenó la reversión de activos, en una discusión que derivó, antes de las controversias en el exterior, en un laudo arbitral en Colombia que obligó a las empresas a pagar más de $4,8 billones.

4. Reforma a la justicia

“Sostengo que este es un tema de ingenieros industriales, no de abogados”. Así resume Linares el problema de la justicia, pues para él, si bien habrá que incorporar algunas normas, lo más importante es cómo mejorar la atención al ciudadano, descongestionar los procesos y que haya más acceso y confianza en la justicia. “Hay medidas de transparencia y descongestión, pero ninguna de ellas es de normas”, dice. Por ejemplo, hay temas que llevan décadas sin resolverse, como el expediente electrónico. “Cómo hacemos que los procesos sean rápidos, al igual que la tutela dentro del sistema ordinario”, agrega.

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5. Seguridad jurídica

Una de las quejas permanentes de los empresarios es la falta de seguridad jurídica y muchos critican el activismo de las Cortes. “La solución no es ni activismo ni inactividad, sino prudencia judicial caso a caso”, agrega Linares. Más que en controles de constitucionalidad, la seguridad jurídica se da en tutelas. Precisamente por eso una reforma pendiente en la Corte es la selección de tutelas. Hoy la selección es manual por parte de unos judicantes, pero ya en el mundo existen sistemas de inteligencia artificial que dan más transparencia y relevancia a las escogencias.

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