| 4/14/2016 12:00:00 AM

Superindustria buscará más mano dura contra carteles empresariales

La Superintendencia de Industria y Comercio alista la reforma para aumentar los castigos en materia de competencia. Se presentará en la próxima legislatura y las condenas no serán solo económicas.

En las últimas semanas la Superinten- dencia de Industria y Comercio (SIC) dio dos noticias grandes en materia de competencia: la Delegatura para la Protección de la Competencia recomendó al superintendente Pablo Felipe Robledo imponer sanciones para el cartel del papel higiénico y también para el de los cuadernos, con multas que bordearían los $70.000 millones, por cada empresa en cada caso. En dos meses el Superintendente se pronunciará.

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Estas decisiones, sumadas a las que ratificó la SIC a finales del año pasado para el sector azucarero, ponen de nuevo sobre la mesa la discusión en torno al tamaño de las multas y su eficiencia, pues la regulación actual establece topes fijos que para empresas de gran tamaño no son relevantes ni disuasorios.

En ese sentido, la entidad presentó ante el Congreso un proyecto de ley para cambiar el esquema de multas y que sean fijadas no con valores específicos, sino con porcentajes sobre los ingresos operacionales, patrimonio o utilidades de las compañías involucradas.

Hoy, el proyecto de ley que fue presentado al Congreso está ‘congelado’ y no ha avanzado. Dado que esta es una legislatura corta y que la agenda está congestionada, la SIC decidió retirarlo y presentarlo para la siguiente legislatura, que inicia el próximo 20 de julio.

Pero, además, la nueva propuesta vendrá con ajustes. Si bien el nuevo proyecto mantendrá los cambios en la estructura sancionatoria en materia económica, corazón de la iniciativa, traerá planteamientos adicionales donde los castigos van más allá. Por ejemplo, en materia de sanciones administrativas no pecuniarias: las personas que fueran sancionadas por participar en los carteles empresariales no podrán –durante un tiempo específico– ejercer un cargo directivo en ninguna otra empresa pública o privada; además, las empresas sancionadas no podrán contratar con el Estado durante un periodo determinado. Estas decisiones son similares a las que hoy tiene el sector financiero o, incluso, el societario en materia de ‘muerte’ comercial.

Fuertes sanciones económicas, pero además inhabilidades para ejercer cargos directivos durante un tiempo –en el caso de personas naturales– y de contratar con el Estado –en el de las empresas– son mecanismos que ayudan a generar un clima de prevención y disuasión para que no se incurra en prácticas anticompetitivas”, agrega Robledo.

Otros temas están por debatirse, como por ejemplo la posibilidad de que quienes incurran en cartelización vayan a la cárcel. En algunos países de América Latina hay una tendencia a la penalización de esas conductas, tal como lo hicieron México y Brasil, mientras en Chile está siendo discutido en el Congreso.

Este es un debate complejo porque, si se da el castigo con cárcel, uno de los instrumentos más efectivos –la delación– podría perder vigor, ya que los beneficios se verían reducidos solo al campo económico correspondiente a la sanción.

“El debate hay que darlo. Lo que deben entender quienes se oponen al proyecto con relación al aumento en la capacidad sancionatoria desde el punto de vista económico es que en el primer mundo ya no hay debate sobre eso. Están debatiendo si la gente debe ir a la cárcel o no”, puntualiza el Superintendente.

La vigilancia sobre las prácticas anticompetitivas sigue avanzando y están por definirse otros casos. ¿Serán bajo un nuevo marco sancionatorio? El Congreso tendrá la palabra.

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