Personas con discapacidad: ¿víctimas de carteles en licitaciones?

Varias normas aprobadas hace unos años para incentivar a las empresas a contratar personas discapacitadas tuvieron consecuencias inesperadas. En efecto, crearon una forma curiosa e inusual de ganar licitaciones públicas y concursos de méritos.

El asunto tiene su origen remoto en 2007, cuando la ley 1150 estableció las reglas en caso de empate en una contratación pública para diseños, estudios e interventorías (concurso de méritos), e incluyó entre los criterios para romper la paridad la cantidad de personal discapacitado en las nóminas de las empresas postulantes.

El decreto 392 de febrero de 2018 establece las condiciones para acreditar en licitaciones la contratación de personal discapacitado. 

Con esa norma no hubo mayor problema, pues se trataba de una disposición incluyente, pensada para llevar a más personas al mercado laboral. Por lo demás, no muchos de los procesos y convocatorias terminan en empate.

En realidad, los líos que plantean algunos empresarios comenzaron con el artículo 13 de la ley 1618 de 2013. Con esta norma, esa contratación pasó de ser un factor de desempate a otorgar puntos adicionales, tanto en las licitaciones como en los concursos de méritos.

Por todo ello, el régimen actual establece que en una licitación pública estándar cuatro factores permiten a los oferentes acumular hasta 1.000 puntos; el valor propuesto, hasta 800 puntos, el factor de industria nacional, 100 puntos, calidad otros 90 puntos y cantidad de discapacitados 10 puntos. A primera vista no parece tan determinante el último factor. Sin embargo, algunos contratistas explican que una buena parte de los procesos hoy se definen por décimas. “Los valores, industria nacional y calidad son muy similares en las propuestas, así que el tema de los discapacitados se volvió determinante”, dijo una fuente.

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Esto creó una distorsión en el sector de la contratación pública, debido a que en muchos casos se volvió difícil conseguir personal discapacitado calificado. “En el caso de las empresas de ingeniería y de otros sectores de la economía, la mayoría están clasificadas como Pyme o microempresas. Eso dificulta la contratación de personal discapacitado, porque hay poco presupuesto o sencillamente no se consigue”, dijo una fuente del sector de la ingeniería.

Pero lo peor vino después, cuando algunos vieron una oportunidad para ‘sacarle jugo’ a la necesidad de los contratistas. “Crearon empresas que ‘proveen’ contratos y personal discapacitado a los interesados en licitaciones y concurso de méritos, previo pago de un dinero.

Estas curiosas firmas no solo juegan y se lucran con la condición de las personas discapacitadas. También se están convirtiendo en socios de uniones temporales y consorcios con solo ‘poner ese soporte’ laboral.

Las empresas en cuestión vienen prosperando a la par con los vacíos en la ley, y ahora promueven su ‘amplia experiencia’ en estudios y proyectos de ingeniería, pero sin lotes de maquinaría, ingenieros y demás know how.

El propio Consejo Gremial ha expresado en varias oportunidades su preocupación y ha señalado que nunca hubo un estudio de oferta y demanda de personal discapacitado en el país. Esa inquietud de los empresarios logró congelar el decreto reglamentario durante 5 años (2013- 2018). Sin embargo el año pasado, el escenario cambió.

¿Qué dice el gobierno?

El Ministerio de Trabajo, ficha clave en este proceso, se encarga de certificar que los contratistas cumplen con la cantidad de personal discapacitado cuando buscan acreditar los puntos extra.

“Nosotros expedimos la certificación conforme a la verificación documental relacionada con un contrato de trabajo, nóminas y pagos de seguridad social”, explicó a Dinero el viceministro de Asuntos laborales, Carlos Alberto Baena.

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Sin embargo, en los controles y el seguimiento parece haber asuntos por corregir. “Para efectos de expedir la certificación no es necesario efectuar visitas previas a las empresas. No obstante, de considerarlo necesario el inspector de trabajo podrá trasladarse a la empresa y verificar los contratos de trabajo”, dijo Baena.

El hecho de que el Ministerio no visite las empresas se presta para que ese grupo de compañías que prosperan gracias a los vacíos de la norma ofrezcan los servicios o contratos de personal discapacitado sin control alguno.

En ese sentido, Baena dijo que el Ministerio ya revisa el proceso de control “y lo está ajustando, de tal forma que se exija a los ganadores de las licitaciones obtenidas mediante su uso, un reporte al Ministerio del Trabajo para poder luego generar visitas de inspección”.

El Ministerio también evaluará la posibilidad de hacer seguimiento posterior al cumplimiento de este requisito. No hay que olvidar que muchas empresas, como C&M, ya contrataban personal discapacitado incluso antes de la regulación y lo hacen por responsabilidad social..