| 1/18/2018 12:01:00 AM

Las reformas que pidió la Comisión de Expertos en Gasto Público

Las comparaciones internacionales sugieren que el Estado colombiano no es desmesurado, pero sí ineficiente e ineficaz. Estas fueron las recomendaciones de la Comisión del Gasto para mejorarlo.

En una coyuntura en la que el recaudo de los impuestos se incrementa menos de lo necesario debido a la lentitud del crecimiento económico, el cumplimiento de las metas de déficit fiscal podría exigir una disminución del gasto público mayor que la prevista por las autoridades (1,2% del PIB entre 2017 y 2020), que luce exigente.

Como enfatiza Fedesarrollo, una dificultad para lograrlo es que el acuerdo de paz consumirá una proporción no despreciable (0,7% del PIB anual durante 15 años) de los recursos de inversión pública (4% del PIB). Otro obstáculo es que el gasto de funcionamiento (14% del PIB) es inflexible porque una alta proporción es obligatoria. Ese es el caso de las transferencias del Sistema General de Participaciones (26% de ese gasto y 3,6% del PIB) y del pago de las pensiones del régimen público (28% y 3,9% del PIB). Además, la adecuada operación del sistema judicial y de las fuerzas militares y de policía compromete otra elevada porción, (1/3) de esas erogaciones, que es difícil recortar. Tampoco es fácil reducir el pago de intereses ni eludir las sentencias contra el Estado.

Por estos motivos, cuando las circunstancias exigen reducir el gasto se recurre a recortar el rubro más flexible, que es la inversión. Pero hacerlo tiene efectos adversos sobre el crecimiento y el bienestar.

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En consecuencia, si no se encuentran nuevas fuentes de ingreso, a través de otra reforma tributaria que aumente la carga sobre las personas y elimine las exenciones y los beneficios vigentes, tanto en el impuesto de renta como en el IVA; o por medio de una disminución significativa de la evasión y la elusión, será menester hacer modificaciones estructurales al régimen de gasto público.

Ellas deberán enfocarse en aumentar su flexibilidad, eficiencia, eficacia y equidad, para que la imposibilidad de aumentarlo o la necesidad de recortarlo no afecten la provisión de los bienes públicos, el crecimiento ni el bienestar. Para lograrlo, la Comisión de Expertos en Gasto Público presentó sus recomendaciones.

Recomendación

Con el fin de eliminar la fragmentación y aumentar la eficiencia en la asignación de los recursos, aconsejó presupuestar por programas; reformar el Sistema General de Regalías, para integrar sus recursos con los de la Nación y las entidades territoriales; evaluar los resultados de las rentas de destinación específica y los gastos inflexibles; facultar al gobierno para actuar sobre ellos y unificar los presupuestos de funcionamiento e inversión en una entidad, evaluar los proyectos y limitar las vigencias futuras.

Para aumentar la eficiencia y la productividad del empleo público recomendó modificar su administración y vincular la remuneración con el rendimiento.

También propuso prevenir la corrupción mediante cambios en la compras y la contratación pública. Con el propósito de moderar el costo de los litigios contra el Estado, sugirió establecer topes y reglamentar los procedimientos y las acciones.

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Para mejorar la calidad y asegurar la sostenibilidad del sistema de salud, aconsejó fortalecer la prevención de los riesgos, estimular la competencia entre las EPS, consolidar la supervisión, permitir la integración vertical entre las IPS y las EPS, limitar la oferta de acuerdo con los recursos disponibles, racionalizar el derecho a la salud, revisar el valor de la UPC para que refleje el de los servicios, eliminar los recobros, ampliar los copagos y cuotas moderadoras, pagar los pasivos y promover la capitalización privada de las EPS.

Para ampliar la cobertura, mejorar la equidad, asegurar la sostenibilidad y reducir el impacto fiscal del sistema público de pensiones, propuso aumentar la edad de jubiliación, vincularla con la demográfía, calcular el ingreso para la liquidación con el salario promedio de la vida laboral, incrementar la cotización a 18% –no especificó a cargo de quién–, reducir el tope para las pensiones del Régimen de Prima Media, gravar las altas y marchitar este régimen, o construir un sistema multipilar, que incluya uno básico.

Foto: Una de las recomendaciones más importantes de la Comisión fue llevar a cabo un a reforma al sistema de pensiones, para aumentar su cobertura, disminuir su inequidad y asegurar su sostenibilidad.

Para extender la cobertura y mejorar la calidad de la educación, propuso garantizar la financiación para la primera infancia, encargar al Gobierno de todas las formas de educación, asignar los recursos con base en la capitación por estudiante, estandarizar las plantas y los servicios, flexibilizar el manejo de los recursos en los establecimientos, mejorar la calificación y habilidades de los profesores, implementar la jornada única, asignar los fondos para las universidades de acuerdo con su eficiencia y eficacia, trasladar el Sena al MEN y crear una Superintendencia.

Para incrementar la eficiencia en la asignación de los subsidios y mejorar su eficacia sobre la distribución del ingreso y los incentivos para producir, aconsejó implementar un proceso para diseñarlos y evaluarlos, que los justifique, prevenga sus efectos indeseables, los concentre en unos pocos programas escogidos por su impacto y los focalice donde satisfagan las mayores necesidades.

De esta manera, la Comisión recomendó un conjunto de reformas al funcionamiento actual del Estado, que con dificultad podrá acometerse de una manera integral en el corto plazo. Sin embargo, considerando la gravedad del problema fiscal y la necesidad de adoptar soluciones estructurales, el próximo gobierno tendrá en este informe un insumo valioso para mejorar la viabilidad de las finanzas públicas y salvaguardar la solvencia del Estado, con el fin de preservar la estabilidad macro. ¿Tendrá el capital político y la voluntad para acometer las reformas?

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