| 9/28/2017 12:01:00 AM

¿Colombia necesita una reforma para aplacar la corrupción?

Los altos niveles de corrupción en el sistema judicial, y en general, hacen necesaria una profunda reforma. ¿Cómo lograr un ajuste sin que signifique un saludo a la bandera o un salto al vacío?

Una de las frases célebres de Vito Corleone expresa toda una forma de entender el mundo, una cultura, se podría decir. “Le haré una oferta que no podrá rechazar”, dice el mafioso al referirse a alguien con quien tendrá que ‘negociar’ la solución de un problema. Tal eufemismo retrataba un estado de cosas inexorable, inapelable, sin ninguna otra opción. La “oferta” de Corleone solo podría ser aceptada, porque en caso contrario, se padecería la violencia del capo.

Tal vez eso es lo que está enfrentando el país ahora mismo respecto de la corrupción. La sinsalida que queda en evidencia es el hecho paradójico de que los corruptos gozan de un cierto grado de impunidad, justamente porque la sociedad colombiana no ha encontrado el cauce eficaz para resolver el flagelo.

Eso es lo que explica que en el esfuerzo por plantear soluciones al problema de la corrupción –la mayoría con buenas intenciones– se lancen propuestas que significan prácticamente “refundar la patria”: “constituyente”, “referendo”, “reforma radical” son las expresiones de quienes quieren resolver el que es tal vez el gran problema de la sociedad colombiana hoy.

La necesidad de combatir la corrupción es una verdad de Perogrullo. Si se le aplica cualquier tasa a los costos de este flagelo las cifras resultan exorbitantes. Asumiendo que los corruptos se lleven 5% del Presupuesto General de la Nación, podría decirse que quienes se roban los recursos públicos tendrían asegurados el próximo año por lo menos $11 billones, mucho más de lo que se va a recaudar por la vía de la reforma tributaria, que implicó subirle tres puntos al IVA.

Todo indica que, a pesar de la indignación, al país todavía le falta avanzar con claridad en el diagnóstico del mal.

Pablo Sanabria es experto de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, de la Universidad de los Andes. El economista publicó en 2013 el estudio La forma de la corrupción: Colombia como estudio de caso.

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La principal conclusión es lapidaria: “La corrupción es un fenómeno social”, señala, al advertir que ese es el primer problema para encontrar salidas, porque la ciudadanía indignada plantea el asunto en términos de buenos y malos.

Que la corrupción sea un fenómeno social no significa que nadie tenga autoridad moral para liderar la lucha contra ese mal. Lo que quiere decir es que para combatir la corrupción, paradójicamente, no basta con mandar a los corruptos a la cárcel: existen prácticas comunes en forma de incentivos, atajos, prebendas, que deberían ser cambiados, modificados o eliminados para lograr la cura de la enfermedad.

En el caso de nuestro trabajo, analizamos la presencia de sobornos en 55 ciudades entre 2004 y 2011. Encontramos que el nivel de corrupción es estable, pero varía dentro del mismo país. Ese tipo de corrupción es contextual y varía de una región a otra; no todos los lugares tienen el mismo tipo de corrupción. Hay unos elementos de entorno que explican por qué en unos sí y en otros no”, aseguró el experto.

Esto lleva a Sanabria a concluir que los esfuerzos anticorrupción deben ser locales, pues el asunto no es solamente el de modificar las leyes o plantear nuevos procedimientos administrativos o de control.

Así que, muy probablemente quienes están liderando las banderas de la lucha contra la corrupción deberían plantear con mayor claridad; por ejemplo, cómo van a lograr que el clientelismo desaparezca de las regiones colombianas para que ya no sea más la moneda de cambio para que algunos alcaldes, gobernadores, concejales o diputados ganen elecciones.

Problemas de diagnóstico

No hay algo que esté peor diagnosticado en Colombia que la corrupción”, dice María Margarita Zuleta, quien hasta hace un par de meses dirigió la Agencia Colombia Compra Eficiente y fue zar anticorrupción durante la primera administración del presidente Uribe.

Creo que no hay un entendimiento común cuando hablamos en el país de corrupción. La corrupción en Colombia es grave. Sin embargo, afirmaciones como que Colombia es el país más corrupto del mundo son simplemente falsas”, señaló.

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El primer aspecto a superar en este proceso de lucha contra la corrupción es el de las cifras.

Tanto Sanabria como Zuleta coinciden en que, en general, las mediciones de corrupción son de percepción y no tienen en cuenta los datos reales sobre lo que cuesta y las modalidades empleadas. Esas mediciones pueden resultar más efectivas en una campaña política para ganar votos que en un esfuerzo estratégico por combatir las prácticas corruptas.

No hay mediciones objetivas de corrupción porque no es posible, puede haber medidas indicadoras. Vale la pena ver en el Latinobarómetro la brecha que hay entre percepción y vicitimización en el caso de Colombia”, advierte Zuleta.

Para la experta, la construcción de institucionalidad es el camino para lograr combatir el mal. Sin embargo, paradójicamente, lo primero que origina la corrupción es una pérdida de fortaleza de la institucionalidad, así que propuestas como las de una Constituyente o un referendo pueden llevar a la necesidad de crear una nueva capa de instituciones cuya consolidación puede tardar una década. Una salida intermedia, en la que se construya sobre lo bueno ya construido, puede ser una opción. Por ejemplo, como lo plantea el economista Juan Ricardo Ortega en su columna de esta edición en Revista Dinero, la práctica de crear agencias especializadas para sectores específicos es sana para empezar a erradicar malas prácticas en la contratación.

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En una ponencia presentada a comienzos de este año, Zuleta hizo un diagnóstico sobre el problema que estamos enfrentando y la dificultad para combatirlo: “Las manifestaciones de la corrupción cambian. Hace unos días oí al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, referirse a estos cambios. En la década anterior la corrupción del sector salud estaba asociada al pago de la Unidad por Capitación (UPC) para el régimen subsidiado(...). Hoy el contexto es otro y las manifestaciones cambiaron. La corrupción está asociada a la desviación de recursos en las empresas prestadoras de salud y al manejo de los hospitales públicos. Ahora debemos enfrentar, por ejemplo, el cartel de la hemofilia”.

Es necesario impulsar un cambio social para combatir la corrupció con eficacia. Por eso, los discursos grandilocuentes, que suenan bien para la galería, podrían representar pasos en la dirección equivocada. En materia de lucha contra la corrupción hay que ir con pies de plomo, aunque de manera ágil y evitando ir hacia el precipicio.

La sindéresis en el planteamientos de los cambios es una oferta que nadie podrán rechazar.

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