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| 2/19/2020 12:01:00 AM

$3,9 billones pone el Gobierno para la última gran reforma al sistema de salud

El gobierno nacional quiere ponerle coto a uno de los problemas estructurales del sector: los costos originados por los servicios no incluidos en el plan básico de salud. Ese hueco vale casi $4 billones anuales. Así lo va a hacer.

El sistema de salud colombiano tiene una estructura bastante compleja, producto de múltiples reformas, la cantidad de usuarios atendidos y los pronunciamientos judiciales. Hoy hay un presupuesto destinado a cubrir el Plan Básico de Salud (PBS). Pero los fallos de los jueces, las nuevas tecnologías y la aplicación a rajatabla de un concepto amplio de derecho a la salud hacen que cada año se acumule un gasto adicional conocido como lo No PBS. Se trata de los recursos que el sistema debe pagar por servicios por fuera del plan básico.

El Gobierno busca ponerle límite a esta situación y para ello acaba de sacar una regulación. El asunto empezó con el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que en su artículo 240 estableció que "los servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a los recursos de la UPC serán gestionados por las EPS, quienes los financiarán con cargo al techo o presupuesto máximo que les transfiera para tal efecto la Adres".

Según la resolución 206 del 17 de febrero de 2020, en total será girados para este concepto un total de $3,9 billones de los cuales $3,3 billones irán al régimen contributivo y algo más de $500.000 millones para el régimen subsidiado. Consulte aquí la resolución 206.

Esto significa que, en adelante, este costo va a ser administrado igual al resto de servicios incluidos en el PBS. En efecto, las EPS tendrán unos recursos no PBS y con ellos se ‘defenderán‘ en el día a día.

La decisión no deja de causar polémica. De acuerdo con Yaneth Giha, presidente de Afidro, gremio de los laboratorios en Colombia, "todos los actores del sistema de salud entendemos la importancia de la sostenibilidad y de los retos que tenemos para enfrentarla. Precisamente por eso, hemos considerado y expresado abiertamente la importancia de avanzar en una actualización rigurosa y sistemática del PBS. Sin embargo, se ha optado por una nueva metodología, que se ha denominado Presupuestos Máximos. Esta propuesta del Gobierno es una apuesta que cambia de manera profunda el sistema, las reglas, las interacciones y los incentivos".

Según Giha, es clave, principalmente, "involucrar en la metodología una medición permanente de los resultados en salud. Hoy solo están planteados los resultados financieros. Es fundamental que se den discusiones abiertas, mesas de trabajo, incluso, sería deseable y apropiado que una apuesta tan grande tenga pilotos, fases de implementación y pruebas de su eficacia".

La representante gremial advierte que lo clave es que esto no se convierta en "una barrera de acceso para los pacientes".

Por su parte, Gustavo Morales, presidente de Acemi, que representa a las EPS, aseguró que "este mecanismo de los ‘techos‘ o presupuestos máximos es el intento radical del Gobierno de darle un giro de 180 grados a la forma en que el Estado venía pagando los servicios no cubiertos por el plan de beneficios. En ese sentido, hay que reconocerle al Gobierno su empeño por resolver un asunto que gobiernos anteriores habían puesto debajo de la alfombra".

Los costos por fuera del Plan se han convertido en un verdadero dolor de cabeza, pues impiden determinar con certeza y presupuestar el gasto en salud en Colombia. Gracias a la falta de regulación, Colombia en la práctica cuenta con un sistema de salud que garantiza cubrir todos los costos en salud. Eso ya puede valer al año entre $3 billones y $4 billones adicionales al presupuesto de salud asignado a través de la UPC.

El nuevo ministro de Salud, Fernando Ruiz, se mostró de acuerdo con este enfoque. Señaló que "es necesario alinear los incentivos para superar esa ruptura entre el financiamiento y la prestación de los servicios".

Esta propuesta tiene de positivo que apunta a establecer un panorama real desde el punto de vista del costo para los servicios. Sin embargo, podría tener su lado negativo, en consideración de algunos críticos.

Los techos se podrían convertir en una especie de "UPC" alternativa, recursos que entrarían directamente al balance de las EPS en función del número de afiliados y sin distinguir las buenas EPS de las malas. Eso podría derivar en que en algunos casos esa plata simplemente sirva para cubrir los faltantes de estas empresas.

Además, generaría también un incentivo no para la prestación de servicios sino para la demora de los mismos.

En las EPS también tienen sus reparos. "La preocupación gira en torno a dos puntos: en primer lugar, hay una ambigüedad conceptual, pues no es claro si ese presupuesto máximo que se le va a dar por anticipado a las EPS va a ser o no una prima que les permita a estas entidades hacer verdadera gestión del riesgo, o si van a ser unas meras administradoras fiduciarias de un recurso público, sin incentivo alguno para buscar eficiencias", explicó Morales, de Acemi.

Además, "las cuantías anunciadas para cada EPS no se corresponden en muchos casos a lo que en el pasado reciente estas han tenido que pagar por estos servicios".

Este es uno de los chicharrones por resolver para este gobierno en 2020. Por la naturaleza de la medida, el país ante una gran reforma del sistema.

*Esta nota pertenece a la más reciente edición de la Revista Dinero y fue actualizada para esta publicación.

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