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| 9/13/2018 12:01:00 AM

¿Le conviene al país un aumento del salario mínimo extratemporáneo?

Hace poco surgió la propuesta de fijar de forma administrativa el salario mínimo con extemporaneidad. ¿Sería conveniente?

Hace pocos días el expresidente y senador Álvaro Uribe radicó en el Congreso un proyecto de ley que le otorgaría al Presidente de la República unas facultades extraordinarias para decretar, por una sola vez, un aumento del salario mínimo legal (SML). La propuesta generó controversia.

En primer lugar, ese mecanismo desordenaría la institucionalidad vigente de negociar en una mesa de concertación –integrada por autoridades económicas y representantes de los trabajadores y los empresarios–, una sola vez cada año, el incremento del SML para el siguiente, de acuerdo con el incremento de la productividad del año anterior y la inflación causada en ese período y la esperada para el entrante. Podría ocurrir que a alguna fuerza política se le ocurriera volverlo permanente. En tal caso se correría el riesgo de tener una negociación del incremento, o aumentos discrecionales por la vía administrativa, de uno de los precios más importantes de la economía más de una vez al año.

Como la variación del SML es la referencia para ajustar una gran cantidad de los precios administrados para otros bienes y servicios, se incurriría en el peligro de generar un caos en la operación de su mecanismo de formación, que podría incluso impulsar una espiral inflacionaria de costos en la economía.

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En segundo lugar, aunque el incremento administrativo del SML fuera por una sola vez, podría cometerse el error de que excediera el aumento de la productividad laboral, como ha ocurrido con frecuencia, incluso bajo el mecanismo actual.

En ese evento, el SML se aproximaría más al salario y al ingreso promedio de la economía. Con ello se encarecería más el costo del trabajo no calificado. Al alejarlo de su productividad, sería menos rentable para los empresarios contratar trabajadores formales, de manera que aumentaría el incentivo, sobre todo en las firmas menos productivas, de contratar trabajadores informales por una remuneración menor.

Es un hecho documentado en los estudios sobre el mercado laboral, que en las regiones donde el SML está más próximo al salario medio y al ingreso promedio por habitante –que se usan para aproximar la productividad laboral promedio–, las tasas de desempleo e informalidad son más altas que en aquellas donde está más lejano.

Por tanto, un aumento del SML que lo alejara más de la productividad del trabajo no calificado dificultaría la reducción de las tasas de informalidad laboral (63% de los ocupados no cotizan a su seguridad social) y de desempleo estructural de la economía colombiana (9%), que son altas comparadas con los estándares internacionales.

Por supuesto, si la utilización del mecanismo administrativo propuesto por el expresidente Uribe se convirtiera en una práctica usual, las tasas de informalidad y de desempleo estructural en el país no solo no disminuirían, sino que, incluso, en un caso extremo, podrían aumentar.

En tercer lugar, la utilización de ese mecanismo excepcional se justificaría, quizá, en una economía en depresión. Sin embargo, la economía colombiana está lejos de una contracción. Su actividad está en una fase de aceleración lenta, pero con un sesgo al alza en las proyecciones, que la llevaría el año entrante a entrar en el rango en el cual se estima su tasa de crecimiento potencial (entre 3% y 3,8%).

En consecuencia, la economía no requiere semejante impulso a la demanda que, al constituir un choque adverso de costos, podría más bien resultar inflacionario.

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En contraste con su propósito contra cíclico original, pero innecesario; al dificultar la reducción del desempleo estructural y la informalidad, el mecanismo de aumento administrativo del SML podría dificultar el aumento de la tasa de crecimiento potencial. De este modo, no contribuiría a mejorar la capacidad de expansión sostenida de la economía, que es una de las prioridades de la política económica en la coyuntura actual; sino que podría forzar un incremento de la tasa de interés del Banco de la República, para enfrentar su efecto inflacionario, lo cual tendría consecuencias adversas en el corto plazo sobre la actividad económica.

Aún en el evento de que la economía estuviera en una crisis, un aumento extraordinario del SML para impulsar la demanda interna, bien podría acordarse en la mesa de concertación salarial.

En cuarto lugar, si la utilización del mecanismo propuesto por el ex presidente Uribe se volviera frecuente, desmejoraría la eficiencia del mercado laboral, que es uno de los cuellos de botella de la competitividad de la economía colombiana. Por esta vía, impediría también mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos y aumentar su productividad. Por tanto, de esta forma dificultaría otra vez elevar su capacidad de crecimiento sostenido.

El quinto aspecto es que el mecanismo tampoco contribuirá a la austeridad fiscal, porque aumentaría los costos laborales del sector público más de lo previsto.

Con ello dificultaría el cumplimento de las metas de déficit y deuda pública establecidas con base en la regla fiscal, le quitaría espacio a otros gastos prioritarios en la coyuntura actual, o conduciría a un incremento de los impuestos, que tendría efectos negativos sobre la actividad económica.

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Por último, la aprobación de este instrumento podría desmejorar la confianza de los inversionistas, que es vital en la actualidad, cuando disminuye la tolerancia al riesgo emergente en los mercados financieros internacionales, para segurar la financiación de los desbalances macroeconómicos sin tener que elevar las tasas domésticas de interés.

No parece conveniente para la economía ni para el buen funcionamiento del mercado laboral, la implementación de un mecanismo de determinación administrativa del SML. Ni siquiera en aras de la equidad, porque mantendría a una gran parte de la población en el desempleo y la informalidad.

EDICIÓN 562

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