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| 10/25/2018 12:01:00 AM

Un año después, la venta de ColTel sigue esperando

El anterior gobierno inició la venta de su participación en Colombia Telecomunicaciones. La operación todavía no termina. ¿Por qué?

Telefónica Colombia cumplió un año de anuncios: desde la capitalización y el impacto que tuvo en sus cuentas la decisión del tribunal de arbitramento sobre la reversión de activos, hasta la enajenación de 32,5% de las acciones que tiene hoy el Estado en la empresa.

En agosto de 2017, luego de una larga negociación, el Gobierno y Telefónica España lograron un acuerdo para capitalizar la empresa colombiana sobre la base de la participación de cada uno en la misma. El Estado pagó $1,2 billones y los españoles aportaron $3,2 billones.

Y, al mismo tiempo, un tribunal de arbitramento le dio la razón al Ministerio de Tecnologías de la Información, obligando a Claro y a Telefónica a realizar un pago por $3,1 billones y $1,6 billones respectivamente.

Hechos los pagos, el Ministerio de Hacienda aseguró que el laudo arbitral del sector telecomunicaciones le había ayudado a modificar sus necesidades de financiamiento externo tanto para 2017 como para 2018.

La razón es que, mientras Claro entregó US$600 millones de su parte en el laudo arbitral, Telefónica hizo lo mismo con un monto de US$379 millones; es decir que en total las cuentas internacionales del Estado recibieron cerca de US$980 millones que de haber ingresado de inmediato a la economía habían generado un pico de revaluación y modificado las cuentas nacionales.

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Así que la decisión del Gobierno fue mantener los recursos en dichas cuentas e ingresarlos al país de acuerdo con las necesidades que se fueran presentando, disminuyendo así la cantidad de recursos externos que se necesitaban.

Más adelante, el mismo Minhacienda anunció que vendería su participación en Telefónica, correspondiente a 32,5% de la empresa que le pertenece, parte que fue avaluada en $2,3 billones que se incluyeron entre los ingresos que recibiría este año el país y que ayudarían a pagar los $233,5 billones del Presupuesto General de la Nación para 2018.

Pasaron los meses y en mayo de este año el Consejo de Ministros avaló la enajenación de la empresa y el precio objetivo al que se venderán las acciones y que le permitirá al Estado el ingreso de lo mencionados $2,3 billones.

Días después, la Nación solicitó ante la Bolsa de Valores de Colombia la inscripción de sus acciones ordinarias, condicionada a la publicación del aviso de oferta a los destinatarios de las condiciones especiales y la expedición de un aviso de la BVC aprobando la primera etapa de enajenación.

Una vez aprobada la inscripción de las acciones y emitidos los avisos, tanto de la Bolsa de Valores como de la Nación con respecto a la venta de las mismas, en julio de este año el ministro de Hacienda del momento, Mauricio Cárdenas, y el entonces viceministro de Conectividad y Digitalización encargado del despacho del ministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Juan Sebastián Rozo, firmaron el decreto de autorización al mismo Minhacienda para que vendiera su participación en Telefónica.

Ese mismo mes, el Gobierno publicó la oferta de venta de acciones a $2.075,31 para los “destinatarios de condiciones especiales”. Los trabajadores activos y pensionados de Coltel, Metrotel, Telebucaramanga y Optecom, entidades en las que Coltel tiene una participación mayoritaria; extrabajadores de Coltel y sus Afiliadas; las asociaciones de empleados o exempleados de Coltel y miembros de sindicatos, entre otros, contaron con un plazo de 3 meses para manifestar su intención de compra de las acciones de Telefónica.

Y al finalizar el plazo, a principios de este mes, la primera etapa se declaró desierta, porque ninguna de las 10 firmas comisionistas de Bolsa encargadas de la enajenación de la empresa Colombia Telecomunicaciones recibió la manifestación de interés de compra de acciones de la empresa por parte de los “destinatarios de condiciones especiales”.

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Ahora, la participación del Estado en Colombia Telecomunicaciones podría someterse a una revaloración del precio por acción, gracias a una modificación en el decreto que autorizó la venta y que también firmaron Cárdenas y Rozo, que podría establecer un precio más alto para el inicio de la segunda etapa de enajenación.

En esta oportunidad, la venta de las acciones estará abierta a cualquier tipo de interesado, abriendo la oportunidad tanto a personas naturales como a otras empresas.

ColTel podría pasar completamente a manos de Telefónica, empresa que posee 67,5%. Sin embargo, los españoles habrían advertido en su país desde meses atrás que no están interesados en obtener el 100% de las acciones.

En el mercado otras empresas podrían estar interesadas en comprar la participación que tiene el Estado en la firma de telecomunicaciones, pero el precio y el entorno local de decrecimiento en el sector podrían jugar en contra.

De no lograrse, la segunda etapa de la enajenación tendrá que declararse desierta y el Gobierno deberá buscar una alternativa para obtener $2,3 billones adicionales que le permitan saldar las cuentas de este año.

El tema no caería bien a un gobierno que apenas inicia, tiene una agenda apretada en el Congreso y está a punto de enfrentarse a una Ley de Financiamiento para obtener los $14 billones que dice le faltan al presupuesto para 2019.

Sin embargo, desde su llegada al cargo el nuevo ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha sido reiterativo en señalar que hay varias cuentas por ajustar en el Estado como el gasto, la deuda y sus vigencias futuras y la salud.

Lo que no estaba entre sus planes era la responsabilidad de enajenar Colombia Telecomunicaciones, que por lo menos ya pagó su deuda con los pensionados de Telecom. La pregunta que queda en el aire es cuál es el impacto de este hueco en el plan financiero del Gobierno para este año y cómo va a cubrirlo.

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