| 6/7/2018 12:01:00 AM

Las tareas pendientes de Colombia tras el ingreso a la Ocde

El ingreso a la Ocde por parte de Colombia implica más desafíos que logros. Estas son las principales tareas por hacer y sus impactos en las empresas.

El presidente Juan Manuel Santos cumplió con dos de las más ambiciosas promesas que había planteado como parte de su plan de gobierno: desarmó a la más antigua y agresiva guerrilla de la región y logró que aceptaran a Colombia en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).

Si el acuerdo con las Farc implica el desafío de desarticular los factores que llevaron al país a un conflicto de medio siglo, el ingreso a la Ocde significa poner a rodar complejos procesos de transformación legal, institucional y empresarial que tal vez traerán muchos contratiempos y costos.

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Solo un ejemplo: establecer un regulador convergente para todas las actividades tecnológicas y de comunicaciones, una de las exigencias de la Ocde, ha puesto con los pelos de punta a todos. El debate es sobre el futuro de la televisión pública: mientras algunos consideran que el proyecto de ley que ahora mismo se está discutiendo en el Congreso de la República le quita recursos a los canales públicos y los condena a muerte, las empresas privadas del sector consideran que se trata de una modernización necesaria de la regulación y que en ningún momento el proyecto le quita el financiamiento a la televisión pública.

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Se trata en general de tomar medidas que impulsen las “buenas prácticas”; aunque ese principio resulte fácil de plantear, no es igual de sencillo hacerlo realidad. Por ejemplo, se necesita un mejor esquema tributario, donde la mayor parte de la carga recaiga en impuestos indirectos; es decir, que las empresas tributen a una menor tasa y las personas a una mayor. Eso generará, sin lugar a dudas, un duro debate, cuando el nuevo gobierno lleve una reforma tributaria a consideración del Congreso.

Igualmente, los países de la Ocde propenden por una menor intervención del Estado en los mercados donde la libre competencia puede promover mejores resultados. En el caso de Colombia, por ejemplo, que se termine con regulaciones que beneficiaban a sectores específicos, como el caso del esquema de chatarrización, que todo indica desaparecerá en diciembre próximo. Esa ha sido una dura pelea que implicó desarticular una mafia que estaba sacando provecho de ese esquema de modernización de la flota de vehículos de carga en el país.

Estos ejemplos ponen en evidencia que el concepto de “buenas prácticas” no es neutral y significa la aplicación de normas que van a afectar los beneficios que durante muchos años tuvieron sectores específicos en el país. Ello generará, sin duda, enormes impactos. Por eso, es mejor dar una mirada a punto por punto.

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La inversión

El primer aspecto clave se refiere a las reglas del juego para la inversión. La Ocde considera que es necesario establecer políticas eficaces para atraer y fomentar la llegada de capital de todo el planeta a una economía.

Hasta el momento, el país ha suscrito la Declaración de Inversión de la Ocde, lo que ratifica el compromiso del país con el trato igualitario para la inversión nacional y extranjera. Esto tiene implicaciones polémicas.

Por ejemplo, en una primera instancia, Colombia deberá prontamente eliminar algunas de las restricciones que todavía persisten en la regulación y en la legislación colombianas.

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Un caso muy problemático es el de las restricciones para la inversión extranjera en la industria de la televisión. Hoy, ningún agente extranjero puede invertir en un concesionario de televisión más allá de 40% del total del capital.

El país deberá en algún momento discutir si está dispuesto a permitir que haya un concesionario –por ejemplo, ante la eventualidad de un tercer canal– que tenga más de 50% del capital extranjero. Eso implica una reforma legal que debe hacer tránsito en el Legislativo.

Otro tema polémico es el de la inversión extranjera en el sector de seguridad privada. El tema ha sido motivo de debate recientemente y la Ocde señaló que este tipo de restricción puede considerarse una excepción a la regla y avaló que haya límites a la inversión extranjera en este sector.

Finalmente, el país va a tener que implementar un nuevo sistema estadístico para conocer el verdadero origen de la Inversión Extranjera Directa (IED) que llega al país. El tema significa que habrá mayor transparencia en la información sobre este tipo de activos, pues actualmente no se conoce el origen de buena parte de la IED que llega al país a través de paraísos fiscales.

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Este tipo de medidas está acompañado de nueva legislación sobre, por ejemplo, precios de transferencia y conglomerados financieros. Todo ello apunta a que los países cuenten con mayor información acerca de los flujos de capital, los verdaderos dueños de esos recursos y una tasa de contribución tributaria justa para todos los casos.

Los impuestos

De lo anterior se deriva un asunto clave: cerrar el cerco a los evasores y elusores. El país ha firmado acuerdos de intercambio de información tributaria con unos 62 países. Esto fue posible en parte porque Colombia suscribió la convención de Asuntos Fiscales de la Ocde.

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Sin embargo, estos acuerdos implican que la información solo se intercambia a petición de las partes. Lo que queda por implementar es el intercambio automático con otros países. Eso implica cambios tecnológicos e institucionales en la Dian que permitan alcanzar ese objetivo.

De acuerdo con Juan Guillermo Ruiz, socio del área de impuestos de la firma legal Posse Herrera Ruiz, hay muchas y muy importantes tareas que el país ya ha hecho y otras que están pendientes de implementar en el frente tributario.

“Por ejemplo, todavía falta establecer unas tasas de tributación más bajas para los impuestos directos. En los países de la Ocde, la tributación por la vía de impuestos corporativos está bajando”, comentó, al poner en evidencia que el país tiene que avanzar en ese camino. Para Ruiz, hoy la mayor parte de los países Ocde se está yendo hacia tasas de tributación en renta corporativa más cercanas a 30% que a 33%, como la tiene ahora mismo Colombia.

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Además destacó que se hace necesario fortalecer las estrategias para lograr una estructura tributaria más transparente y que no genere sesgos. Para él, también el país asume el compromiso, con su ingreso a la Ocde, de consolidar el seguimiento a las jurisdicciones poco transparentes en materia tributaria. En general, la Ocde busca combatir todo aquello que reduzca la capacidad de los países de recaudar tributos. Para ello ha diseñado un plan de 15 acciones que buscan evitar la “erosión de la base imponible y el traslado de beneficios” (Beps, por su sigla en inglés). Allí se encuentran acciones específicas en materia de economía digital que han abierto un debate enorme sobre de qué manera las nuevas plataformas tecnológicas deben tributar y en qué jurisdicciones. Existen igualmente acciones específicas para eliminar las zonas grises de tributación que se abren por las diferencias regulatorias entre dos países. Eso significa reducir el margen de maniobra de los agentes económicos para hacer planeación tributaria que erosione la base gravable de un contribuyente cualquiera, beneficiándolo con la reducción de su pago total de impuestos.

Lo laboral

Otro frente que ya ha tenido enormes implicaciones para las empresas colombianas es el laboral.

El país ha venido avanzando de manera importante en este frente, por la vía de la protección del derecho a la libre asociación y a la sindicalización por parte de los trabajadores.

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Para Saida Quintero, abogada laboralista de la firma Quintero y Quintero, el principal reto que plantea el ingreso de Colombia a la Ocde, desde una perspectiva del contrato de trabajo, es fortalecer las políticas que permitan la formalización de las nóminas de las empresas.

De hecho, se expidió la resolución 2021 del 9 de mayo de 2018 que da mayores herramientas de fiscalización a los inspectores del Ministerio de Trabajo, que están haciendo una tarea para luchar contra la tercerización ilegal, a través del uso indebido de la figura de las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA) y los contratos sindicales.

“No importa quién sea el nuevo Presidente de Colombia, el que llegue tendrá que seguir profundizando en estas políticas”, comentó. Sin lugar a dudas, este tipo de escenarios multilaterales y los mismos acuerdos de libre comercio están fundados en la protección de los derechos de los trabajadores.

El otro frente de reforma en materia laboral y de seguridad social es el ajuste al sistema pensional. “Allí, el problema no es fiscal exclusivamente. Se trata de establecer un régimen que elimine la desigualdad y, por sobre todas las cosas, que les impida a las personas de la tercera edad caer en la pobreza o la miseria”, comentó la experta.

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A esto hay que sumarle dos asuntos que pueden ayudarles a las empresas: reducción de los costos no salariales y reducción de los complejos trámites de afiliación de los empleados. En el primer caso se hace referencia a un ajuste necesario en los costos de parafiscales que debieran restringirse a los aportes de salud, pensiones y riesgos laborales.

Hoy, el país cuenta con unas importantes erogaciones parafiscales como las de las cajas de compensación, que aumentan los costos de contratación y reducen los incentivos para contratar nuevo personal. Para la experta, el país debería abrir la posibilidad para flexibilizar los contratos por días, lo que podría beneficiar a sectores clave como el turismo y el agro, que demandan mano de obra por temporadas y no durante todo el año.

Finalmente, hay un debate que se debe adelantar para concretar medidas que ayuden a agilizar los procesos de contratación. Se trata del debate sobre un salario mínimo diferencial por edades y regiones, pues actualmente la norma hace muy difícil la contratación en ciertas regiones y en ciertos niveles de edad, como los jóvenes que no tienen experiencia laboral, lo que hace que muchas de estas personas terminen en la informalidad laboral.

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Comercio

Obviamente, también está pendiente por abordar un paquete de reformas que permitan a Colombia ponerse a la altura en materia de libre comercio y competencia.

Hasta el momento el país ha adelantado una reforma arancelaria que logró reducir el arancel promedio de 14% a 8,8% y que llevó a 0% el gravamen para la llegada de bienes de capital y materias primas no producidas en el país.

Sin embargo, en algunos sectores persisten medidas que generan sesgos a favor de los actores locales. Es el caso del régimen impositivo de los licores y del esquema de chatarrización vigente en el transporte de carga por carretera.

En el primer caso, el monopolio para la explotación de licores en cabeza de los departamentos es una talanquera de entrada para los licores importados y genera un sesgo en ese mercado.

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En el caso de la chatarrización, el actual esquema implica una intervención estatal en un mercado que debería regirse por la libre interacción de la oferta y la demanda. El Gobierno ha dicho que ese esquema quedará desarticulado en 2019. Aún queda por definir de qué manera se puede intervenir el monopolio de los licores.

Medio ambiente

En este frente, el país ha venido adoptando medidas acordes con los estándares Ocde. Se destacan una nueva regulación en materia de manejo de aguas residuales y el establecimiento de incentivos tributarios para fomentar tecnologías más limpias y el aprovechamiento de residuos por medio del reciclaje.

Sin embargo, de acuerdo con los documentos oficiales sobre el tema, es necesario desarrollar el sistema de evaluación de impacto ambiental, establecer los mecanismos para aplicar el principio "quien contamina paga" e implementar reformas al sistema de licencias ambientales con el fin de lograr una mejor coordinación y hacerlo más eficiente.

Desde esta perspectiva, es claro que los estándares Ocde de protección al medio ambiente pueden generar una mayor presión de costos por cuenta de la normativa más exigente para todos los agentes económicos que afecten el medio ambiente.

Por ejemplo, va a ser necesario aprobar un proyecto de ley para establecer las reglas del juego en el manejo integral de residuos. Esto se refiere a la manera como los colombianos deberán administrar los residuos de empaques y envases de bebidas. Como complemento de estas medidas, el país deberá organizar un programa para compras públicas sostenibles. Por ejemplo, esto significa la obligación para todas las entidades públicas de comprar papel amigable con el medio ambiente; es decir, elaborado a partir de fibras recicladas.

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El debate digital

Lo complejo del proceso de implementación de las medidas sugeridas por la Ocde está quedando en evidencia ahora mismo. Se trata del debate suscitado por la creación del “regular convergente y único” para la industria de televisión y tecnologías de la comunicación.

El proyecto está siendo abordado ahora mismo por el Congreso de la República y la primera reacción de los agentes ha generado un debate sobre el futuro de la financiación de la televisión pública.

Mientras el presidente de la Cámara Colombiana de la Informática y las Telecomunicaciones (CCIT), Samuel Alberto Yohai, explicó que el proyecto garantiza los recursos necesarios para la televisión pública y los contenidos regionales, los directores de los canales públicos no opinan lo mismo, pues consideran que el proyecto de ley le quita recursos a la televisión pública y la condena a la desaparición. Ese debate va a continuar en el Congreso.

Propiedad intelectual

Otro tema sensible es el de propiedad intelectual. Si bien el país ha venido fortaleciendo su esquema de protección en este frente, es claro que el asunto quedó en medio del debate por la posibilidad cierta que el Gobierno decrete una licencia obligatoria para los medicamentos de hepatitis C. Ese asunto puso con los pelos de punta a todos los laboratorios farmacéuticos internacionales y fue sensible en el proceso para el ingreso a la Ocde.

Según Ernesto Cavelier, socio en materia de Propiedad Intelectual de la firma legal Posse Herrera Ruiz, a Colombia le corresponde ahora ponerse al nivel de todos sus compañeros de club en materia de protección de la propiedad intelectual.

“Ahora se hace necesario implementar todas las medidas necesarias para evitar la falsificación y comercialización de copias de otros productos en Colombia”, comentó.

Esto implica crear un ecosistema propicio para impedir esta clase de irregularidades. Por ejemplo, medidas en aduanas y otras de tipo cautelar que no solo impidan la entrada al país de este tipo de productos falsificados, sino también su comercialización”, comentó.

Según Cavelier, en este frente el desafío incluye establecer herramientas para que la justicia opere de manera más rápida en estos casos.

Colombia entró en un proceso lleno de desafíos: que el país ahora pertenezca al exclusivo club de las buenas prácticas significa todo un camino por recorrer. Antes que cantar victoria, es necesario ponerse a trabajar para cumplir con muchos de los requisitos que se nos imponen.

La revolución de las empresas públicas

Colombia ha adelantado un verdadero revolcón en el gobierno de sus empresas públicas. El objetivo es impedir la injerencia del Gobierno de turno en las decisiones de las firmas, impidiendo que sea juez y parte en los temas empresariales y sectoriales. Hasta el momento, ya se ha mejorado la conformación de las juntas directivas, removiendo ministros y viceministros y ha aumentado la presencia de los miembros independientes. El caso más evidente ha sido el de Ecopetrol, pues el Ministro de Hacienda y el Director de Planeación Nacional ya no asisten a las reuniones directivas. Dentro de las tareas pendientes en este frente están emitir un código de gobierno corporativo para las empresas públicas y crear una entidad nacional de empresas estatales. Hay un caso específico que es el de la participación del Gobierno en Coltel. Se espera que esa participación sea vendida antes de que determine la actual administración, el 7 de agosto.

Cerrando el cerco

Uno de los temas sensibles ahora mismo para todos los colombianos es la corrupción. Los recientes casos, como el de Odebrecht, han generado una enorme sensibilidad frente al tema. El ingreso de Colombia a la Ocde implica compromisos para combatir el cohecho. Según los documentos oficiales sobre el ingreso de Colombia a la organización, el país ya cuenta con un marco legal sólido para enfrentar estos delitos. Se trata de la ley 1474 de 2011 o estatuto anticorrupción y la ley 1778 de 2016 que define la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción trasnacional. Este marco implica, entre otras cosas, inhabilidad para contratar con el Estado, inclusive para personas jurídicas que se beneficien con la corrupción y papel de policía judicial para la Superintendencia de Sociedades. Igualmente, se estableció un marco de delación con beneficios para quienes ayuden en los avances de las investigaciones.

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